Argentina presenta gran cantidad de litio en las provincias del norte. Este recurso natural es de gran valor y promete incluso ser más necesario en el futuro debido a que presenta aptitudes y facilidades de acumular energía. Es el insumo principal de las baterías, primer paso para poder desarrollar vehículos eléctricos en nuestro país a costo de mercado.

Lo cierto es que ya hay varias multinacionales trabajando en nuestras pampas, con vistas a exportar la producción, para llevarla a sus plantas locales y agregarle valor en el extranjero. El litio es muy codiciado por las firmas abocadas al desarrollo de tecnología, debido a que se lo utiliza en celulares, computadoras y todos los dispositivos modernos que requieren de acumulación de energía.

Y-TEC, que es el brazo tecnológico de YPF en asociación con el CONICET, está realizando estudios en Jujuy  para avanzar en la fabricación de baterías y trabaja en la creación del “Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas sobre el Litio y sus Aplicaciones”. El gran desafío es salir del modelo minero-exportador, para dar paso a un proceso de industrialización.

Este centro de estudios, junto con las plantas piloto y los científicos que tiene Y-TEC, permitirá la generación de conocimientos científicos y tecnologías sostenibles para la exploración y producción de las minas de litio ubicadas en la provincia norteña, consideradas como una de las de mayor envergadura de la región. Se estima que entre el 80 y 85 por ciento de las reservas mundiales están concentradas en Bolivia, Chile y Argentina.

Es en este contexto que los diputados del Partido Solidario, Carlos Heller y Juan Carlos Junio presentaron un proyecto de ley para garantizar la soberanía sobre ese recurso natural no renovable y su utilización para el desarrollo científico, social y económico de todos los argentinos.

«Presentamos un proyecto de ley para crear la YPF del litio, una empresa nacional que nos permita empezar a gestionar este mineral como un recurso estratégico”, explicó el diputado nacional Carlos Heller (Partido Solidario) en el marco de una charla debate que se realizó el jueves 2 en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, con la presencia de su compañero de bancada, el legislador Juan Carlos Junio, y su asesor en temas de minería, el economista y politólogo Nicolás Gutman.

La iniciativa, que ya tiene estado parlamentario, prevé declarar “de interés público la exploración, explotación, concesión de explotación, industrialización y demás actos consiguientes del litio y sus derivados”.

“El interés público está por encima del interés particular. A partir de establecer el concepto de interés público planteamos un cambio de paradigma: nosotros no decimos «no a la minería», decimos «sí a la minería racional, dentro de determinadas reglas de explotación y sobre todo cuidando que los intereses de nuestro país estén debidamente protegidos»”, sostuvo Heller.

Para el titular de la comisión de Finanzas, en materia de andamiaje legal Argentina aún tiene “una herencia de la última dictadura y del período neoliberal” que se expresa en “el triángulo legal que conforman la Ley de Inversiones Extranjeras, el Código Minero y la Ley de Entidades Financieras”.

“Son tres de las batallas que tenemos por delante y en las que tendremos que trabajar hasta que logremos modificarlas. Nuestro proyecto de ley es un avance en ese sentido”, concluyó Heller”.

“Pensamos que en Argentina debe haber un cambio copernicano, drástico, en la explotación del litio, entre el sistema imperante de concesiones a las grandes empresas mineras del mundo, cambiando a un gran protagonismo del Estado, y con una perspectiva de alguna forma de unión con Bolivia y Chile”, expresó a su turno el diputado nacional Juan Carlos Junio, coautor del proyecto de ley.

El legislador, quien enfatizó la necesidad de integración regional para fortalecer las posibilidades comerciales, destacó que “Bolivia ya tomó el camino de la propiedad estatal a partir de considerar al litio un bien de carácter estratégico”, mientras que Chile, “a partir de la Ley Orgánica Constitucional minera, también lo declara un producto estratégico”.

Junio resaltó además que el proyecto de ley está en términos jurídicos en línea con importantes normas sancionadas en el último período: “en nuestro país venimos avanzando con los conceptos de interés público; se aplicó a hidrocarburos y ferrocarriles, y nosotros lo tenemos incorporado también en nuestro proyecto de Ley de Servicios Financieros”.

Para Junio, el tema de la minería forma parte de los temas pendientes de este proceso de 12 años de conquistas en términos económicos, sociales y culturales: “Recuperamos el petróleo, recuperamos los aviones, los fondos jubilatorios, recuperamos además muchas otras cuestiones de carácter cultural y social. Todo lo logrado tenemos que defenderlo con el voto, con el protagonismo popular, pero también debemos asumir lo que nos falta hacer”, sostuvo el diputado.

Finalmente, Junio también mencionó que una de las claves del proyecto de ley está en el desarrollo científico y técnico local, asociado a la industrialización del mineral.

“Por citar un ejemplo: la salmuera de litio, que no requiere de ningún proceso, tiene un precio estimado de 300 dólares la tonelada, el carbonato de litio -con el primer proceso- se cotiza 20 veces más y el litio metálico -tercer momento del proceso- se cotiza a 6 mil dólares el kilo. Hay una enorme posibilidad en la industrialización de las riquezas, allí reside la diferencia entre dependencia y liberación”, concluyó el legislador.

Para Nicolás Gutman, en tanto, uno de los valores de la iniciativa parlamentaria está en la “participación civil” prevista en el texto. “Creímos importante involucrar a la sociedad civil, a todos los actores posibles, por eso nuestro proyecto de ley tiene desde la génesis a varios actores políticos, a las universidades nacionales, el CONICET, el Ministerio de Ciencia y Tecnología y un punto clave es que incluimos dentro del proyecto a los pueblos originarios”, detalló el investigador.

Gutman hizo énfasis también en la necesidad de instalar un debate alrededor del actual Código Minero. En esa línea, el especialista opinó que el actual Código Minero “es neoliberal y neocolonial” y agregó que “si no se puede cambiar el Código Minero en este momento, porque es muy difícil cambiar un código del tamaño del minero, se pueden ir haciendo cambios”. “Yo creo que este proyecto de ley es el comienzo de cambiar esa impronta neocolonial, neoliberal que tenemos en el sector minero argentino”, dijo.

Gutman coincidió con Junio en la importancia del desarrollo científico-tecnológico vinculado al tratamiento del litio a nivel local: “tenemos que honrar las capacidades, el conocimiento, el desarrollo científico que tenemos en nuestros países y que en Argentina es increíblemente alto y queremos seguir desarrollando”.

El investigador, asimismo, hizo hincapié en el desafío que Argentina tiene para garantizar la soberanía sobre sus recursos naturales: “Aun cuando esté escrito en una ley, la puja de intereses, la fuerza que hay detrás de la carrera por estos recursos es inmensa y siempre va a ser así. Por eso nosotros queremos hacer la mejor ley posible que hoy podamos pensar, pero no pensamos que porque esté escrita es el resultado final, es un instrumento de lucha para garantizar la soberanía sobre nuestros recursos naturales, porque en la soberanía sobre nuestros recursos naturales está la posibilidad de desarrollo para nuestras sociedades, para nuestra generación y para las que vienen”, finalizó diciendo Gutman.

La iniciativa parlamentaria, que también lleva la firma de Carlos Raimundi (SI), Juan Mario Pais, Luis Basterra, Jorge Rivas, y Lautaro Gervasoni (FPV), prevé la creación de la empresa Yacimientos Estratégicos de Litio Sociedad del Estado como “ejecutora de las políticas nacionales sobre el litio”.

En los fundamentos del proyecto, los legisladores señalan que la creación de la empresa, de naturaleza estatal y con participación de las provincias, está fundada en garantizar “la soberanía sobre un recurso natural no-renovable (…) que será indispensable como fuente energética y de aplicación de alta tecnología”.

La norma puntualiza además que “el Estado Nacional, a través de Yacimientos Estratégicos de Litio Sociedad del Estado, tendrá la primera opción para adquirir, en las condiciones de precio y modalidades del mercado, el litio y sus derivados producidos en el país”.

En su capítulo II, la iniciativa parlamentaria plantea que “los yacimientos de litio situados en el territorio de la República Argentina pertenecen al dominio privado de la Nación o de las Provincias, según el territorio en que se encuentren” y que “la actividad de exploración, explotación, concesión de explotación, comercialización, proceso e industrialización del litio y sus derivados estarán a cargo de empresas estatales, empresas privadas o mixtas, conforme las disposiciones que establezca el Poder Ejecutivo por vía reglamentaria”.

Además establece que los permisionarios y concesionarios deberán realizar todos aquellos trabajos que por aplicación de la ley les corresponda “observando las técnicas más modernas, racionales y eficientes; y adoptar las medidas necesarias para proteger el ambiente, los recursos naturales y culturales, y actividades regionales, y sobre las comunidades que habiten la zona”.

El proyecto de ley contempla asimismo la creación de la Comisión Nacional de Explotación del Litio (CNEL) como ente autárquico en el ámbito del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, con capacidad para actuar en los órdenes científico, técnico, comercial, industrial, administrativo y financiero.

La CNEL será administrada por un directorio constituido por un presidente y siete miembros que representen “uno a las provincias que tengan yacimientos comprobados de litio; uno a las universidades nacionales con sede en las provincias con yacimientos de litio; uno al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación; uno al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); uno a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación; uno a la Secretaría de Minería de la Nación; y uno a las comunidades originarias que habiten en las zonas donde se encuentra el mineral”.