Ayer, en el marco del evento Energyear, el Viceministro de Energía, Diego Mesa, habló con Energía Estratégica Colombia, luego de brindar un panel denominado ‘La transición energética’, donde destacó la importancia de incorporar energías renovables no convencionales a la matriz energética colombiana.
“La idea es hacer la subasta antes del 30 de septiembre. Estamos trabajando para que al 30 de junio tengamos todas las reglas definidas: el tema de las resoluciones, minutas de contratos y Pliegos”, adelantó el funcionario en diálogo con este medio.
El tema que está generando mayor incertidumbre es el grado de intervención de la demanda en este relanzamiento de la subasta a largo plazo, sobre todo teniendo en cuenta que su baja participación hizo que la primera versión quede trunca.
Una de las posibilidades que baraja el Gobierno es reglamentar el Artículo 296 del Plan Nacional de Desarrollo, que establece que los grandes consumidores deban incorporar entre un 8 a un 10 por ciento de energías renovables no convencionales. De este modo, se empujaría a la demanda a participar de la subasta.
“Estamos analizando si hay tiempo de reglamentarlo –al Artículo 296- antes de la subasta”, confió Mesa. De todas manera, planteó que “en todo caso, los cambios que hicimos en el producto, como tal, creemos que van a hacer mucho más atractiva la subasta para la demanda; es decir, pasar de un contrato de ‘pague lo generado’ –energía media anual- a ‘pague lo contratado’ –por bloques horarios intradiarios-”.
“Creemos que eso, principalmente, reduce la mayor incertidumbre que tenía la demanda, que era la de gestionar la intermitencia que producen las fuentes renovables no convencionales. Ya con un contrato financiero hay una obligación de entregar la energía y creemos que eso va a ayudar a que la demanda venga voluntariamente a la subasta”, enfatizó el Viceministro de Energía.
No obstante, en los pasillos del Energyear resuena la preocupación de que los actores ‘incumbentes’, es decir, aquellas empresas que generan y distribuyen energía a buena parte de los usuarios de Colombia, no participen de la licitación por diversos motivos, según opinan empresarios, más políticos que económicos.
Atribuyen esta posibilidad a que, en la primera versión de la subasta, la demanda ofertó precios de 90 pesos por MWh siendo que paga la energía 190 pesos por MWh. Algunos generadores no se explican por qué el ofrecimiento de compra de energía estuvo por debajo de la mitad de lo que la demanda paga actualmente.
Otra posibilidad es que estas pocas empresas que forman parte de la oferta, pero sobre todo de la demanda, no participen. A decir verdad, esto golpearía en un doble sentido a la subasta de energías limpias.
Es que, por un lado, dejaría fuera a gran parte de los consumidores de la licitación, lo que podría complicar el proceso.
Por otro, que no participen estos off tackers dejaría en juego solo a los más chicos, con el inconveniente de que son menos solventes ante la mirada de la banca nacional e internacional.
Sin embargo, cerca de Mesa aseguran que en un taller que llevo adelante el Ministerio de Minas y Energía, organismos de créditos internacionales se mostraron interesados en apoyar a esta subasta, más allá que los contratos a celebrarse se fijen en pesos colombianos.
Potencia a adjudicar, el interrogante
Consultado sobre cuántos MW debieran adjudicarse para que pueda considerarse una subasta ‘exitosa’, Mesa recordó el logro cosechado en la subasta por cargo de confiabilidad, en donde se adjudicaron 1398 MW en ocho proyectos eólicos y solares.
Sobre esta experiencia, explicó que los adjudicatarios necesitarán de un contrato a largo plazo para que sus emprendimientos resulten financiables, dado que esta licitación les demandará un pequeño porcentaje de la energía que generen estas centrales.
Por lo menos esperaríamos que haya un nivel parecido a lo que se contrató en la subasta por cargo de confiabilidad”, cierra Mesa.
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