Por Oscar Juan Sivori

En meses, los argentinos elegirán un nuevo gobierno, y al poco tiempo, el nuevo gobierno deberá decidir sobre el destino del sector eléctrico: podrá seguir con el modelo de regulación, gestión e inversión eléctrica ideado y puesto en práctica por la administración de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner, o podrá cambiar. 

Decenas de grupos electrógenos estacionados en la ciudad, traspirando ruido y humo en los días difíciles, quemando combustibles caros, haciendo lo que las redes de distribución ya no hacen, no hablan bien del modelo.  

Un gran avión de cargas que se contrata para traer del exterior una estación transformadora convencional que salvará a la ciudad de los cortes tampoco habla bien del modelo: suena a improvisación y altos costos injustificados. Que la tarea de rutina del operario de reparar un cable se convierta en trampa mortal, y que al lector de la noticia le quede la sensación de que algo se hace mal, de que alguien no controla, de que se desprecian los protocolos de seguridad, habla muy mal del modelo. 

Es indiscutible que el Estado debe garantizar a la comunidad el servicio público. Así está escrito en la Constitución Nacional. El objetivo de cada gobierno cuando regula y controla es único, pero los caminos que tiene para alcanzar el objetivo son múltiples, por eso cada gobierno elige. 

El sector de la energía eléctrica es un sector de la economía altamente estratégico y regulado como ninguno. Está en su naturaleza y en su destino. Las empresas del sector proveen un servicio esencial para la vida moderna, para cualquier proceso de creación de valor, para el uso y aplicación de todo tipo de tecnología. Lo cotidiano, el día a día en las oficinas, en la calle, en las fábricas y en los hogares no sería lo que es sin un medidor y el suministro regular de energía eléctrica. 

Siendo lo que es para la comunidad, el objetivo del nuevo gobierno, cuando decida, administre y regule sobre los servicios públicos de electricidad, no puede ser otro que el de asegurar, por sobre todo, un servicio oportuno, económico, sustentable y accesible para todos. 

Un servicio será oportuno, cuando permita que la electricidad esté disponible para la comunidad en el momento que la comunidad la necesite y la requiera, no después. Será económico cuando los costos del servicio sean razonables y se logren, por parte de quién los provea, de compromisos y esfuerzos de eficiencia y prudencia en las decisiones de gasto e inversión. Será sustentable cuando las acciones de hoy miren también los intereses de la comunidad del mañana. Será para todos cuando todos accedan al servicio, no sólo los que puedan pagar; será para todos cuando los costos de los que no puedan pagar sean financiados en forma sustentable por los que sí pueden pagar, o por la comunidad en su conjunto, cuando exista y se aplique bien una tarifa social. 

Una alternativa para el nuevo gobierno es mantenerse en el camino trazado por las ideas y los métodos de las administraciones de Néstor y Cristina Fernández Kirchner. 

Para construir su modelo, la administración actual instaló, en su momento, sus propios paradigmas. Sólo por citar algunos ejemplos, enunció una revalorización del sector eléctrico en su rol estratégico para la economía de la producción y el trabajo, y a continuación del enunciado, promovió acciones directas para que el gobierno decidiera, ejecutara, y financiara lo que las empresas del sector no hacían.  

Ello configuró una suerte de nueva asociación, hasta ese momento desconocida, entre el Estado y las empresas. En esa asociación, a la hora de limitar decisiones y riesgos, el gobierno llevó a que el Estado asumiera los riesgos y pagara las consecuencias de las decisiones no eficientes; a las empresas, le asignó roles de menor exposición y mayor dependencia de sus decisiones.  

A la hora de exhibir resultados, el gobierno podría mostrar los resultados de eficacia aún con el deterioro de calidad de los servicios: podría afirmar que incrementó la oferta del sector y que ello permitió sostener el crecimiento de la economía en los años en que la economía crecía. Pero poco podrá decir de los altos costos que ello le significó. Hoy, la energía eléctrica cuesta de 4 a 6 veces, en dólares, lo que costaba hace quince años atrás, y la calidad de los servicios es notoriamente peor que la que se registraba en aquella época, medida objetivamente por indicadores contractuales de las concesiones nacionales. 

El aumento de costos es real pero no lo perciben los usuarios. Razón de ello es que el gobierno debió implementar y desarrollar, desde hace 10 años, un sistema de subsidios a la producción y a la demanda de electricidad. Sólo por citar un ejemplo que dé noción de la magnitud del subsidio, en el año 2014 se dedicaron recursos para subsidiar al sector de la energía eléctrica equivalentes al 10% del presupuesto total de la Administración Pública Nacional; recursos equivalentes a 4 veces el presupuesto de las Universidades Nacionales, y 2 veces el presupuesto de las Fuerzas de Seguridad Nacionales, sólo por citar un par de ejemplos. Hace quince años atrás el sector no demandaba subsidio alguno. 

Los mayores costos y el deterioro de los servicios ya no pueden imputarse al crecimiento del precio del barril de crudo ni del aumento internacional de la tasa de interés. Los costos aumentaron y los servicios se precarizaron por la falta de incentivos a las decisiones prudentes y razonables de los actores del sector. Es el resultado de una mala asociación entre el Estado y las empresas donde los riesgos los tomó el Estado, y las empresas se sometieron a las decisiones del gobierno. 

Luego de las elecciones, el nuevo gobierno tendrá que tomar decisiones. Elegirá entre continuar con un modelo subsidiario, modelo de decisiones centralizadas de gestión e inversión, modelo que ha mostrado grietas por la falta de eficiencia, y se ha mostrado poco sustentable por la necesidad intrínseca de financiamiento público creciente, o podrá elegir una nueva alternativa. Una alternativa en la que el gobierno y Estado definan la estrategia de saneamiento y desarrollo del sector eléctrico, privilegiando el bien público desde lo posible y la seguridad de las personas y las cosas, y sumen a las empresas en el desafío de gestionar recursos, decidir inversiones y administrar riesgos para lograr el objetivo. Así, si el objetivo se logra, las empresas obtendrán su renta, y los usuarios, el mejor servicio. Ese es el desafío.  

Las elecciones están cerca, y las decisiones en el sector eléctrico serán inminentes. Alguna vez se dijo que las buenas decisiones son el primer paso para solucionar los problemas, ojalá que así sea.