De qué se trata el nuevo proyecto de reforma constitucional energética de López Obrador

Tras el amparo contra la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) aprobada en 2021, el presidente de México envió una iniciativa al congreso con el objetivo de mantener la preponderancia de la CFE sobre las empresas privadas y echar atrás la reforma del 2013 de Peña Nieto.


Gabriela Francovigh

Por

gabriela.francovigh@energiaestrategica.com

A pocos meses de finalizar su mandato, el presidente de Méxio, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), envió al Congreso de la Unión una nueva iniciativa para reformar la Constitución del país en materia energética.

Este nuevo proyecto de reforma se da semanas después de que la Suprema Corte concediera el amparo contra la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) aprobada en 2021 por violar las reglas del mercado eléctrico mayorista, priorizando a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Con esta decisión la LIE se declaró inconstitucional y vuelve a entrar en vigencia la Reforma Energética de 2013 de Peña Nieto.

No conforme con esta medida, AMLO envió este proyecto junto a una batería de medidas, con el objetivo de desterrar la reforma energética de Peña Nieto.

En efecto, en la mañanera del pasado jueves, lo confirmó: «“Voy a enviar en el paquete del día 5 (de febrero) una modificación a la Constitución, para dejarla como estaba antes de la llamada reforma energética, dejarla como la dejó el presidente López Mateos porque sino imagínense, cómo vamos a aceptar el predominio del poder particular por encima del poder público”.

INICIATIVA, Extinción de OCAs (reforma administrativa)

Cabe destacar que la Ley de la Industria Eléctrica de AMLO fue muy criticada por el sector energético ya que la consideran responsable de provocar incertidumbre jurídica, limitar las inversiones, priorizar a CFE por encima de las empresas privadas e ir en contra de los tratados T-MEC que mantiene México con sus socios comerciales, Canadá y Estados Unidos. Por ello, el amparo a dicha ley fue entendida como una buena noticia para el sector.

En efecto, este nuevo proyecto de ley fue criticado por instituciones como COPARMEX quien sostuvo en un comunicado:  “La propuesta del Ejecutivo Federal de enviar una nueva reforma eléctrica para robustecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pero de las mismas características de la que acaba de ser rechazada en la Suprema Corte, sólo generaría incertidumbre entre los inversionistas y pondría en duda el respeto al Estado de Derecho”.

Por ello, distintos actores del sector privado dudan que se pueda llevar adelante su aprobación porque va en contra de los principios de libre competencia.

¿De que se trata la nueva reforma?

El proyecto de reforma a los artículos 25, 27 y 28 de la Carta Magna, tiene como objetivo principal volver a priorizar a las empresas públicas estatales, en especial, la CFE y Pemex. De esta forma, busca evitar que cualquier empresa privada prevalezca sobre ellas.

“Las leyes determinarán la forma en que los particulares podrán participar en las demás actividades de la industria eléctrica, que en ningún caso tendrán prevalencia sobre la empresa pública del Estado, cuya esencia es cumplir con responsabilidad social y garantizar la continuidad y accesibilidad del servicio público de electricidad”, explica el documento

 Si bien no excluye la participación de los privados en el sector eléctrico, advierte que la empresa pública estatal tendrá «preponderancia» de mercado.

A su vez, busca cambiar la denominación de las firmas estatales de “empresas productivas del Estado” a “empresas públicas del Estado”.

Además el artículo 28, redefine los objetivos de control del sistema eléctrico nacional y establece que estos son “preservar la seguridad y autosuficiencia energética de la nación y proveer al pueblo de la electricidad al menor precio posible, evitando el lucro, para garantizar la seguridad nacional y soberanía a través de la empresa pública del Estado que se establezca”.

INICIATIVA, Industrias estratégicas

Desaparición de la CRE Y CNH

Por otro lado, como ya venía anunciando en ocasiones anteriores, AMLO también presento otra iniciativa: una reforma a la administración pública para la extinción de organismos de carácter autónomo. En tanto a las entidades energéticas, busca transferir las obligaciones y facultades de los reguladores del sector, que son la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), a la Secretaría de Energía.

“El Poder Ejecutivo Federal, por conducto de la dependencia encargada de conducir y supervisar la política energética del país (la Secretaría de Energía) contará con atribuciones para llevar a cabo la regulación técnica y económica; así como la facultad sancionadora en materia energética y de hidrocarburos, en los términos que determine la ley”, dice la modificación al Artículo 28, eliminando dichos reguladores.

Antecedentes previos

Esta no es la primera vez, que el presidente intenta cambiar las reglas de juego en torno a la industria energética. En efecto, en un proyecto anterior ya había planteado la desaparición de la CRE y la CNH.

También, buscaba fortalecer a la CFE para que esta sea la encargada de producir y despachar, al menos, el 54% de la energía que se genere en el país. Otro de las grandes cambios que perseguía era limitar el poder del CENACE y que este pase a formar parte de la CFE.

No obstante, ese proyecto de ley no prosperó ya que fue rechazado por la Cámara de Diputados de México en una jornada legislativa histórica que duró cerca de trece horas.

 

1 Comentario

  1. Luis c. gutiérrez negrin

    Creo que la reforma original a la ley de la industria eléctrica no debió ser declarada inconstitucional, y menos por el voto de calidad de un solo ministro para desempetar los dos votos a favor de declarar la inconstitucionalidad y dos en contra. Como ha explicado claramente el ex ministro Arturo Zaldívar, una ley en vigor sólo puede ser declarada inconstitucional por el voto de la mayoría calificada del pleno de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, es decir 8 sobre 11 votos (7 sobre 10, si un ministro se excusa). Es decir, desde el punto de vista constitucional, la ley sigue estando vigente y lo que ahora busca la iniciativa del presidente, es revertir esa maniobra ilícita de un par de ministros.

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