¿Qué diferencia de precio existirá entre comprar energía renovable a privados o por medio de la compra conjunta de CAMMESA?

CAMMESA logró un precio promedio logrado en los contratos RENOVAR  en el orden de los US$ 60 /MWh, que  ajustado por los factores de inflación y de incentivo se acerca más a US$ 70 MWh. Es una cuenta que aún no está cerrada, porque faltan firmar algunos contratos y depende de la fecha de habilitación comercial. A ese costo de CAMMESA, hay que agregarle el Cargo Comercialización, el Cargo FODER y el Cargo de Administración.

Imagino que la energía renovable, a través de CAMMESA, le termine costando al usuario final un valor relativamente parecido al precio de energía normal que hoy paga en su factura (precio que hoy aún tiene subsidios por cierto).

Esto es así, porque  CAMMESA está obligada por Ley impulsar la diversificación en tecnologías y promover el federalismo asegurando el desarrollo en distintos puntos del país. Hoy vemos como muchas provincias y sectores de la industria renovable, están reclamando un mayor cupo y presencia en el mix de compras de CAMMESA. Cuanto más se promuevan esos valores (muy justificadamente) por encima de la búsqueda del precio más barato, mayor será el costo ponderado de las compras de CAMMESA. A ello se agrega, que en la mayoría de los casos, los plazos para firmar el contrato y comenzar efectivamente a entregar energía llegan a estirarse por hasta dos años y medio.

La compra privada directa, a un generador o comercializador, para muchos consumidores de energía eléctrica es una vía más simple, transparente y eficiente de asegurarse el suministro de energía renovable. No dependen de criterios de compra, negociaciones políticas y sectoriales y otras cuestiones que ellos no manejan ni controlan, pueden negociar un precio más eficiente, asegurarse un plazo de entrega de energía más cierto, definir el punto geográfico donde quieren recibir la energía, etc.

Es un proceso nuevo, con una reglamentación muy sofisticada para discutir. Hay mucho por analizar y discernir, y ciertamente cada consumidor de energía eléctrica es una realidad compleja, que requiere soluciones personalizadas y adaptadas a sus prioridades y necesidades. La publicación de este borrador es un gran paso adelante, ahora le toca al mercado hacer su trabajo, elevar sus propuestas y, con las reglas definitivas publicadas, avanzar en las inversiones.

¿Facilita la normativa financiamiento de proyectos?

La Ley 27.191 había garantizado a los grandes usuarios que podrían celebrar contratos entre privados, sin que pudiera de modo alguno restringirse ese derecho. Esta resolución (en borrador) viene a hacer efectivo ese derecho, es un paso muy importante hacia el pleno cumplimiento de la Ley. La mayor certeza en la regulación económica, esto es, las normas que rigen los derechos y deberes de los actores de la industria eléctrica, es clave para el desarrollo de las inversiones.

Estas inversiones requieren estructuras financieras complejas. Si bien es una versión preliminar para discusión, contiene un trabajo muy elaborado y de detalle. Uno de los aspectos más sobresalientes es quien tiene derecho prioritario a usar el SADI, las líneas de transmisión de electricidad. Luego de Renovar 1.0 y Renovar 1,5, la capacidad remanente en el SADI está relativamente acotada, y hay nodos donde en ciertos escenarios podrían producirse congestiones. Las ampliaciones del SADI son obras muy costosas y de lenta definición y ejecución.

Para conseguir financiamiento para cualquier proyecto (aún los de RENOVAR) es clave que el Generador tenga la certeza de que la energía que el agua, sol o viento le permita producir, podrá inyectarla al SADI. Si no la inyecta, no la cobra. Si hubiera dudas sobre la capacidad del SADI de recibir esa energía,  los bancos penalizarán el proyecto y hacen más complicado el financiamiento. Estas y otras cuestiones que propone el borrador serán material clave para definir el financiamiento en los proyectos de generación de escala a conectar al SADI.

También abre una ventana de oportunidades muy interesantes (precisamente por esas mismas dificultades de transmisión) para proyectos de energía distribuida, de escalas más modestas, tanto en punta de línea como bajo la muy interesante figura de autogeneración y cogeneración en los predios de los mismos Grandes Usuarios.

¿Será para los usuarios conveniente desde el punto de vista del precio avanzar en la compra de energía renovable?

Sin lugar a dudas. La ley 27.191 les ha devuelto a los clientes comerciales e industriales el derecho a gestionar sus compras de energía, que les había sido quitado durante muchos años. Durante ese tiempo en que se perdió ese derecho, la energía en Argentina pasó a ser más y más ineficiente, cara, contaminante y de menor calidad. Cualquier usuario que quiera asegurarse energía a precios competitivos, de calidad y sustentable tiene ahora derecho a ello.

Hay una realidad palmaria. El mecanismo de Compras Conjuntas del Estado administro por CAMMESA ha sido un éxito indiscutido, pero es un proceso lento y engorroso. Bajo el Programa RENOVAR impulsado por CAMMESA, si todos los contratos se cumplen, en el 2018 no llegará a cubrirse el 8% de energía limpia en la matriz energética sino una porción significativamente menor, dependiendo del ritmo de firma y efectivo cumplimiento de los contratos firmados. Con los contratos entre privados, tanto a nivel PPAs como autogeneración y opciones similares, cada usuario podría asegurarse el cumplimiento de los objetivos de “limpiar” la matriz energética mucho más eficazmente.

Sobre esto, no es menor, para muchos usuarios eléctricos, el hecho de que la generación eléctrica en Argentina ha duplicado sus emisiones de CO2 entre 2003 y 2017. Migrar hacia energías más limpias es una prioridad en muchos casos. Y que hace sentido económico además.

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