El 2020 fue atropellado y lleno de sorpresas para nada agradables gracias a nuestro desagradable compañero de viaje el COVID-19 que ralentizó la economía de nuestra región centroamericana. Tan es así que podemos hablar de una especie de parálisis dándose pocas novedades en materia de energías renovables.  

No obstante, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) nos enseña a nosotros los Ticos, que nunca es tarde para tomar decisiones que nos ponen a pensar.  El 20 de diciembre del año pasado nos enteramos que el ICE tomó la decisión de no renovar contratos con generadores privados por lo que habrá que cerrar siete plantas privadas de energía renovable. 

Solo para ponerlos rápidamente en contexto. Costa Rica sigue teniendo el dudoso privilegio de que su sector de energía eléctrica está estructurado de forma monopólica y vertical.  Solo el Instituto Costarricense de Electricidad y su “hija” la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, pueden generar energía, distribuirla y comercializarla a lo largo y ancho de nuestro país. 

Como toda regla tiene excepción, nuestro sistema permite que otras entidades también puedan generar y comercializar energía. En un segundo nivel  del modelo tenemos a las 5 cooperativas de generación rural que pueden generar y distribuir electricidad en un territorio reducido, y 2 empresas municipales (esto por virtud de la Ley de Participación de las Cooperativas de Electrificación Rural y de las Empresas de Servicios Públicos Municipales en el Desarrollo Nacional).

En un tercer nivel tenemos a empresas privadas que pueden producir energía para su autoconsumo y vender los excedentes únicamente al Instituto Costarricense de Electricidad según la Ley 7200:  Ley que Autoriza la Generación Eléctrica Autónoma o Paralela. 

Esta norma permite dos tipos de esquemas únicamente:

• Build Operate Own (BOO): solo pueden generar un máximo de 20 MW. Tienen un contrato de un máximo de 20 años con posibilidad de prórroga (pero no necesariamente por el mismo plazo).  El precio o tarifa lo fija la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. 
• Build Operate Transfer (BOT):  generan hasta un máximo de 50 MW a través de contratos de un máximo de 20 años. Al final del plazo, toda la planta y terrenos deben ser traspasados al ICE. Es decir, es una compra a prorrata cuya contraprestación es la tarifa que fije la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos.   La compra la hace el ICE mediante licitación pública y la última se hizo en el 2012)

Curiosamente, dice la norma, “la energía eléctrica generada a partir del procesamiento de desechos sólidos municipales estará exenta de las disposiciones de la presente Ley y podrá ser adquirida por el Instituto Costarricense de Electricidad  (ICE) o la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), conforme a las tarifas aprobadas por el Servicio Nacional de Electricidad.” Es decir, estas plantas no tendrían limites en cuanto a potencia. Actualmente no hay una planta de energía que utilice como fuente los desechos y difícilmente la habrá por el momento en vista que la entidad estatal no está adquiriendo energía de ningún generador externo.

Este es el contexto.  Con la decisión del ICE, siete plantas de energías renovables (seis hidros y una eólica).  El primer argumento es que la energía no se necesita por una multiplicidad de factores: mala planificación, reducción en el consumo por ahorro de los usuarios, migración de industrias de alto consumo (textiles por ejemplo) a industria de servicios, etc.

Otro factor que influye, y bastante, es la urgente necesidad que tienen las autoridades internas de mejorar las finanzas de la institución a lo cual ya nos referimos en otra publicación;  no obstante, por el momento, no se vislumbran acciones que impliquen cambios estructurales profundos que implican decisiones políticas a nivel del Poder Ejecutivo y, principalmente el legislativo. 

El problema inmediato es la pérdida de la producción y el desaprovechamiento de la energía hidráulica y eólica.  Seguidamente al no poder producir, las empresas no pueden generar riqueza, y lógicamente deben de cerrar. Es una ironía que esas dos consecuencias contribuyen a los dos problemas más apremiantes que tiene el país la economía costarricense: el desempleo y un incontrolable déficit fiscal.  Es decir, la decisión del ICE en lugar de estimular la economía genera el efecto contrario.

 Los problemas apuntados, per se, no son ocasionados por el ICE. Si un contrato se venció, nada obliga a renovarlo (ni al ICE ni a nadie). La decisión del instituto refleja un problema estructural más grave que provoca que se desaproveche el recurso renovable impidiendo la dinamización de la economía. 

Como lo he indicado en otras ocasiones el problema de fondo se llama Monopolio.  No solamente el ICE es el amo y señor del sector sino que también es el único agente autorizado a participar en el Mercado Eléctrico Regional (MER). Según datos del MER a finales de 2019 el ICE había colocado 321.52 gigavatios lo que le valió a la institución 16.7 millones de dólares que en algo ayudarán cuando tienes una deuda de seis mil millones de dólares para enero de 2019.  

Al comparar lo exportado por Costa Rica con lo que exportó Guatemala en 2019 (no incluyamos 2020 por lógicas razones) los números del ICE no son significativos: Guatemala: en el 2018 exportó 1.8 millones de MWh  y para 2019 inyectó el 53.9% de energía al MER  lo que equivale 1,657.13 GHh.

El sistema está diseñado para que el mayor generador de energía en el país deje de comprar energía a empresas privadas que no pueden venderla en ningún otro lugar y a nadie más gracias a que el Protocolo Segundo al Tratado del Mercado Eléctrico Regional estableció que “Todos los agentes de los mercados mayoristas nacionales, reconocidos como tales en las legislaciones nacionales y en la medida en que el ordenamiento constitucional de cada Parte lo permita, serán agentes del mercado eléctrico regional y tendrán los derechos y obligaciones que se derivan de tal condición.” 

Por ello, el Gobierno costarricense interpreta que los únicos agentes del mercado eléctrico regional por Costa Rica son el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y sus empresas.

Por ahora hay voces muy tímidas que están tratando de empujar el cambio. En la corriente legislativa hay proyectos de ley que intentan, sin mucho éxito, ir introduciendo cambios menores muy acorde a nuestra idiosincrasia.  

Un ejemplo es en materia de generación distribuida que ya por fin parece que tendremos un nuevo reglamento pronto a aprobarse y que había sufrido un severo pinchonazo gracias a que el texto propuesto no era conforme, según el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, a la normativa de protección al consumidor y la competencia.  

También tenemos el proyecto de ley para la promoción de la Generación Distribuida con Fuentes Renovables para Autoconsumo que, admito, tiene cambios importantes como lo es la posibilidad de generar en un punto y consumir en otro, algo a lo que las distribuidoras no les agrada.

Vamos a ver si el 2021 depara cambios que no pueden esperarse que sean grandes.  Del ahogado el sombrero. 

Opinión: Inacción en el sector de las energías renovables de Honduras y Costa Rica