El pasado lunes 4 de enero, el Consejo Corfo adjudicó la propuesta para desarrollar el Instituto Chileno de Tecnologías Limpias (ITL) al consorcio liderado por Associated Universities Inc. (AUI), integrado por las más importantes universidades de Estados Unidos, universidades públicas y privadas, y empresas chilenas e internacionales.

El  ITL promete ser el centro más importante de Latinoamérica en I+D (investigación y desarrollo) de energía solar, hidrógeno verde, minería sustentable y materiales avanzados de litio y otros minerales.

Según precisaron desde Corfo, el próximo paso del Instituto será “la constitución de una persona jurídica chilena sin fines de lucro, que será, finalmente, la receptora del Aporte I+D que proviene de SQM producto del contrato de litio en el Salar de Atacama”.

En una entrevista para Energía EstratégicaPablo Terrazas, Vicepresidente Ejecutivo de Corfo, adelantó que en 2023 estaría operativo el centro.

Polémica

La adjudicación de la subasta al AUI desató la polémica, sobre todo en los sectores académicos que criticaron que se haya dejado afuera a las universidades públicas en el armado del ITL. Estas casas de altos estudios participaron, en conjunto, dentro del consorcio Corporación Alta Ley.

También hubo legisladores que criticaron el proceso de selección, denunciando irregularidades y favoritismo por las universidades extranjeras.

Para responder a las críticas y dar transparencia al concurso, el día de ayer Corfo publicó los justificativos de la asignación.

Explicó que la Comisión Evaluadora del proceso seleccionó la propuesta según los siguientes criterios y subcriterios de evaluación: diagnóstico, plan de desarrollo estratégico, infraestructura y equipamiento, plan de trabajo, presupuesto, participantes, gobernanza, sustentabilidad a largo plazo, y cofinanciamiento.

“Cada ítem se calificó con una nota de 1 a 5, y cada criterio contó con una ponderación definida”, señaló.

Precisó: “el resultado de esta evaluación dio como notas finales ponderadas, un 4,5 para AUI; 4,2 para Corporación Alta Ley; y 3,3 para Fundación Chile”.

“Tal como muestran las actas del Consejo Corfo (descargar), si bien las propuestas fueron altamente competitivas, la de AUI fue considerada la de mayor valor para la Región de Antofagasta y para Chile”, argumentaron finalmente desde Corfo.

En esa línea, señalaron: “Corfo desestima las críticas vertidas en los últimos días por algunos actores locales, quienes sin conocer la propuesta ganadora e ignorando las razones que sostienen la decisión, han señalado que se actuó de manera irregular”.

Las diferencias que marcaron la ventaja

Sobre la asignación, explicaron “AUI obtuvo una mejor evaluación que la propuesta presentada por la Corporación Alta Ley, que ocupó el segundo lugar, en los criterios de sustentabilidad a largo plazo y cofinanciamiento del Instituto, siendo estos los principales elementos diferenciadores, entre ambas presentaciones.

En el caso de la sustentabilidad a largo plazo, la propuesta ganadora, contempla la generación de nueva capacidad instalada en la Región de Antofagasta, comprometiendo seis nuevos laboratorios e instalaciones multipropósito para el desarrollo de las tres áreas de especialización del instituto, creando valor para la Región de Antofagasta y para todo Chile, convirtiéndonos en una referencia tecnológica mundial.

Por su parte, la propuesta liderada por Alta Ley no considera nueva capacidad instalada en la Región de Antofagasta, ni desarrollo de nuevo equipamiento propio. Por el contrario, deja la labor del instituto desagregada en la infraestructura que tienen las instituciones relacionadas al consorcio, no proyectando el trabajo de la entidad, una vez que se acabe el Aporte I+D.

Respecto al ítem de cofinanciamiento del Instituto, la Corporación Alta Ley condicionó el 20% del aporte total contemplado, a la reinversión de eventuales ingresos futuros, generando una incertidumbre evidente y poniendo en duda la capacidad del Instituto de financiar los programas contemplados en la propuesta y proyectarse a futuro. AUI consideró asimismo aportes monetarios efectivos por un monto de US$ 104 millones, y solicitó un aporte I+D de SQM por US$ 142 millones. Por su parte, la propuesta liderada por la Corporación Alta Ley contempló un aporte monetario efectivo de US$ 37,5 millones y solicitó el aporte máximo I+D con SQM (US$ 193 millones).

Fuente: Corfo

La Comisión Evaluadora consideró que la propuesta liderada por AUI mostraba también como fortaleza un modelo de negocio factible y un adecuado tratamiento de los aspectos de transferencia tecnológica; además de una definida estrategia de escalamiento y comercialización, presentando ejemplos claros que permiten confirmar el fortalecimiento de emprendimientos de base tecnológica.

Asimismo, destacó que la propuesta contempla un modelo abierto e integrador, que considera durante el periodo de vigencia del Aporte I+D, que las universidades, centros y/o institutos que cuenten con capacidades científicas y tecnológicas en Chile y que no sean parte del consorcio ganador, puedan participar de las iniciativas del Instituto. En esta materia, el Consejo Corfo solicitó que la propuesta debe ofrecer un Memorándum de Entendimiento (MOU) que tendrá como objetivo la incorporación y fortalecimiento del rol de los actores nacionales en la iniciativa.

Destacó el compromiso por parte de AUI para permitir el ingreso de otros participantes a la ejecución del proyecto. Esto tiene como objeto desarrollar y/o transferir tecnología a las industrias relacionadas con las temáticas del Instituto, de manera de promover la agregación de valor productiva en las empresas que operan en Chile, y especialmente en la Macro Zona Norte.

Cabe señalar que el proceso de licitación consideraba la posibilidad de contar con asesorías externas, nacionales o internacionales, pero su contenido no era vinculante ni eran los únicos antecedentes o insumos que debía considerar la Comisión Evaluadora.

Como especialistas en sus diferentes materias, estos asesores entregaron respuestas valiosas en cuanto a los diagnósticos, planes de desarrollo y de trabajo, infraestructura, análisis de presupuesto y su vínculo con las metas propuestas, y análisis de participantes. Ahora bien, los asesores externos se pronunciaron favorablemente por dos de las tres propuestas analizadas, y sin perjuicio de que no estaban obligados, emitieron una opinión calificándolas cuantitativamente.

En dicha calificación, se observa una diferencia menor en las propuestas de AUI y Alta Ley, y en tanto, la Comisión Evaluadora analizó las calificaciones y sus comentarios y se apegó a lo que establecían las bases del proceso, lo que generó diferencias principalmente en lo que se refiere a la sustentabilidad de largo plazo de la propuesta de Alta Ley.

En esto, si bien los asesores externos le dieron la máxima calificación en este ítem, indicaron a su vez que la propuesta mostraba debilidad en cuanto carecía de un asesoramiento continuo de tendencias y cambios en las necesidades de mercado y oportunidades para ajustar planes y proyecciones. La Comisión Evaluadora, por tanto, estimó que lo anterior se traducía en serias debilidades de coherencia y factibilidad del modelo de negocio, que no permitía asegurar la sustentabilidad de largo plazo del Instituto.

La propuesta de AUI también tuvo la máxima calificación en sustentabilidad en largo plazo por parte de los asesores externos, coincidiendo con la Comisión Evaluadora.

Es importante mencionar que la receptora del aporte no será AUI, ni las universidades ni empresas asociadas en el proyecto, sino el Instituto Chileno de Tecnologías Limpias, luego de su constitución como persona jurídica sin fines de lucro, el cual se instalará físicamente en la Región de Antofagasta.

Además, el directorio del ITL estará conformado por 7 miembros, dos representantes nombrados por el Presidente de la República, uno de las universidades de la Macro Zona Norte del país, tres representantes de la misma zona, provenientes de cada una de las industrias que se espera desarrollar, y un director nombrado por AUI.

El ITL creará valor para toda la región y el país, y su plan de trabajo anual deberá ser aprobado por el Consejo Corfo, el que velará por el cumplimiento del objetivo de este Instituto.

El Aporte I+D puede ser renovado o modificado por el Consejo de Corfo, correspondiendo a este decidir acerca de la continuidad del aporte por cada año, y el aporte debe contribuir a los objetivos de política pública que se encuentren impulsando los órganos de la Administración del Estado, los que deben estar vinculados con los objetivos del Instituto”.