Continúan las críticas a la reforma constitucional de AMLO

Especialistas señalaron que la iniciativa centralizaría la toma de decisiones en la Comisión Federal de Electricidad y que dicho organismo se adueñaría de la transición energética.


El sector energético de México sigue expresando su disconformidad sobre la reforma constitucional energética propuesta por Andrés Manuel López Obrador. Incluso ésta fue uno de los temas principales que se abordaron en Solar Power México.

Allí, Monserrat Ramiro, de Wilson Center Global Fellow y excomisionada de la Comisión Reguladora de Energía (2014-2019), manifestó la importancia de la continuidad de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), organismos que la iniciativa prevé eliminar.

«La propuesta se centraliza, mientras que la tecnología tiende a descentralizar. La desaparición de los órganos reguladores es muy importante para poder evidenciar que lo que se busca es control de las decisiones», señaló.

Y agregó que el hecho de que la Comisión Federal de Electricidad controle toda la actividad eléctrica, información y toma de decisiones alrededor del sistema eléctrico, «hace que el espacio o la posibilidad de opacidad sea muchísimo más grande».

¿Por qué? La excomisionada durante el período 2014-2018 sostuvo que, en caso de aprobarse la reforma constitucional, le da un permiso para ser utilizada como una «herramienta del gobierno de turno para poder tomar la decisión que se considere pertinente», y aclaró que ello sería «sin tomar en cuenta el objetivo fundamental de no destruir valor para los mexicanos».

«El problema es que el 100% de la energía será comprada por la CFE. Y en ese momento se acaba todo asomo de libertad para el consumidor y de transparencia en la toma de decisiones», explicó.

Siguiendo esta misma línea, Rosanety Barrios, analista independiente de temas energéticos, apuntó que «bajo esta propuesta, la CFE se adueña de la transición», al que consideró como un «hecho único en el planeta».

Y sobre dichos temas se fundamentó en que la por ahora empresa productiva del Estado sería capaz de definir la  política industrial de México, las actividades económicas a desarrollarse bajo su lógica y en que «todo el tema del desarrollo tecnológico queda bajo el criterio de una empresa que sólo le reporta al gobierno en turno», según sus palabras.

Es preciso recordar que días atrás la Cámara de Diputados de México aplazó la discusión sobre la modificación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a más tardar el 15 de abril del próximo año y se prometió que habrá Parlamento Abierto para su debate y votación correspondiente.

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