Desde hacía tiempo, el aumento del costo de la energía era inexorable. Se hizo realidad en 2016 y en forma violenta puso en evidencia una realidad que los especialistas venían alertando desde hacía tiempo: los edificios que se construyen en Argentina no son, en su gran mayoría, eficientes energéticamente.

Con el nuevo cuadro tarifario, la amortización de las inversiones será más rápida y, posiblemente eso ayude a acelerar un cambio de paradigma necesario que involucre responsabilidad de todos en el cuidado de los recursos no renovables. No solo se trata de buscar una certificación energética sino de volver a las fuentes, apelar a los recursos proyectuales para ganar eficiencia y, fundamentalmente, a construir de manera responsable. Una forma de hacerlo es aislar de forma adecuada la envolvente, incorporar materiales aislantes en pisos, paredes y techo.

En una mesa de debate sobre el tema celebrada en septiembre en la Sociedad Central de Arquitectos, Emilio Rivoira comparó la evolución que ha tenido la concientización sobre la seguridad en la obra con la apertura de un nuevo enfoque en la construcción sustentable.

“Hoy no nos preguntamos si es necesario contar con un responsable de seguridad e higiene en una obra porque el tema ya se ha incorporado. Aunque se trate de un concepto bastante más complejo, creo que la arquitectura sustentable avanza en el mismo sentido”, afirmó. En ese mismo espacio, la arquitecta María José Leveratto instó a volver a tomar al diseño bioclimático como referencia: “Disponer correctamente un alero no siempre es más caro. Cuánto se gasta de más se puede cuantificar pero no siempre es un extra”, señaló.

A la par de los aspectos constructivos y de diseño, se debate el desarrollo de una nueva matriz energética. “Mientras que los países desarrollados tienen proyectos diseñados para los próximos 50 años y tienen problemas ambientales que resolver, nosotros tenemos un atraso de 50 años”, opinó el arquitecto Fabián Garreta en el sentido que la necesidad local no está tan ungida por las cuestiones ambientales como por la carencia del recurso.

Los asesores especializados en la temática coincidieron en el potencial de “las renovables” en el trazado de una matriz energética nacional y apuntan a que el Estado no subsidie la energía producida con fuentes no renovables o, al menos, que el apoyo sea equivalente para que ambas compitan en iguales condiciones.

Por lo pronto, una ley sancionada este año estipula que para fines de 2017 en nuestro país se deberá generar el 8 % de la energía con fuentes renovables. Actualmente solo tres provincias Santa Fe, Salta y Mendoza (2015) cuentan con un marco regulatorio para que los usuarios residenciales, comerciales e industriales puedan inyectar energía limpia a la red a cambio de un beneficio. A esta altura, las experiencias exitosas son pocas porque los usuarios reciben una retribución equivalente al precio subsidiado de la energía mayorista. Queda pendiente la promulgación de la Ley de Generación Distribuida a nivel nacional.

Fuente: Clarín