¿Cuáles son las conclusiones más importantes del Decreto Reglamentario?

Si bien falta bastante aún para ser regulado –y así lo prevé el propio decreto en varios de sus artículos- el punto positivo es que se sigue avanzando con esta normativa, de manera de intentar cumplir con los objetivos trazados por el Gobierno actual. Se destaca la creación del mecanismo de compra conjunta (licitaciones), instituto éste no previsto en la ley 27.191; la creación de un cargo específico a toda la demanda con destino a la Cuenta de Garantía del FODER, la posibilidad de obtener el Certificado Fiscal con anterioridad a la entrada en operación del proyecto (en la medida que se acredite la integración en un 100% del componente nacional); la previsión de líneas de crédito del BNA para cubrir IVA en etapa de construcción; la definición de adjudicaciones en función del menor precio y el menor plazo de instalación, entre otros institutos.

¿Hay algún punto gris o negativo?

Lo que puede destacarse como negativo  es la falta de algunas definiciones clave, por ejemplo, plazo del contrato bajo el sistema de compra conjunta, o mayores lineamientos para el procesos de compra conjunta (por ejemplo, mayores garantías de cumplimiento de las obligaciones de pago de Cammesa, que resultan esenciales para la aprobación de financiamiento)  o la decisión de no aplicar el beneficio –feed-in-tariff- bajo la Ley 25.019 que está vigente pero nunca estuvo operativo, aunque los Grandes Usuarios paguen efectivamente un porcentaje a estos fines a través del Fondo Nacional de Energía Eléctrica.

Respecto del FODER…¿Queda claro quiénes tendrán prioridad para acceder a financiamiento?

La evaluación sobre la eficacia del FODER dependerá del éxito de su fondeo y de la aplicación a la industria sobre bases de igualdad, sin que exista discrecionalidad en el destino. Este es uno de los puntos sobre los que podría haberse avanzado en este decreto, para tener ya certezas de su estructuración. Justamente se prevé en el Decreto que el Comité Ejecutivo del FODER privilegiará la inversión de los fondos disponibles “en función del perfil de riesgo de los proyectos”, lo que, sin otra reglamentación, da un margen de discrecionalidad al Comité. Entiendo positivo que se reglamente un procedimiento transparente, equitativo y claro para la participación del FODER en financiamiento.

¿Cómo funciona el esquema de garantías del FODER?

De acuerdo al decreto reglamentario, el fondo de garantía estará conformado por un cargo específico ($/MWh) aplicable a toda la demanda, y tendrá la función de cubrir las obligaciones de Cammesa bajo los Contratos de Abastecimiento que celebre bajo el mecanismo de compra conjunta. Será facturado y percibido por los distribuidores, por cuenta y orden del FODER. El cálculo deberá comprender la disponibilidad suficiente para cubrir pagos por 12 meses (aunque se prevén plazos contractuales de 15/20 años). Nuevamente, el decreto prevé que las condiciones de desembolso serán establecidas por la Autoridad de Aplicación, lo que mantiene cierta incertidumbre. Como respondí anteriormente, la normativa prevé como única garantía de pago de los contratos resultantes de la compra conjunta, solo 12 meses de facturación con el resultante de la Cuenta de Garantía del FODER; si a ello se le suma la incertidumbre sobre condiciones de desembolso, la decisión de aprobar financiamiento podría demorarse y, consecuentemente, demorarse los plazos previstos por las autoridades para las licitaciones. 

¿Qué herramientas ofrece la normativa a los proyectos que estaban enmarcados en las Resoluciones 108 y 712?

Esta normativa no ofrece herramientas a estos proyectos. La decisión del Gobierno de suspender de hecho (no a través de un acto administrativo particular o general, debidamente emitido) la tramitación de estos proyectos llevará en la práctica a que deban “mutar” hacia el procedimiento de compra conjunta o de compra individual, previstos en este decreto 531. De otra manera, será finalmente decisión de las autoridades avanzar con las tramitaciones, ya sea aprobando o no los contratos presentados y pendientes de resolución, en los términos de mlas resoluciones 108 o 712, que recordemos, no han sido formalmente derogadas o modificadas.