Si bien aún no se han expedido decretos dando mención a autoridades de algunas dependencias vinculadas al Ministerio de Energía y Minería de la Nación, ha trascendido que, bajo la órbita de la Secretaría de Energía Eléctrica comandada por Alejandro Sruoga, una de las cuatro subsecretarías será la de Energía Hidroeléctrica y estará presidida por Jorge Marcolini.

Más allá de la posibilidad de la mención, Pablo Chelmicki, gerente de CADECI, resalta la posibilidad de que con la nueva administración se cree un ámbito específico para tratar los temas concernientes a la energía hidroeléctrica.

En diálogo con energiaestrategica.com destaca: “Nos parece un buen camino y una buena señal, porque hay que trabajar para diversificar la matriz y pensar que cada una de las energías no es mejor ni peor sino que cada una tiene su ventaja y desventaja”.

El ingeniero adelanta que una vez hecho el anuncio formal, gestionarán una reunión con el subsecretario. Allí, entre los temas que abordarán, harán mención a la necesidad de continuar con el trabajo de la ex Secretaría de Energía de la Nación, que tenía en carpeta distintos proyectos hidroeléctricos en diferentes regiones del país. “Para ello nosotros prestaremos colaboración y daremos nuestro aporte”, expresa.

Chelmicki recuerda que uno de los grandes beneficios de las presas radica no sólo en la generación de energía eléctrica sino también en el embalse de agua, útil para riegos, factor que contribuye a mitigar sequías y beneficia las economías regionales.

Otro de los tópicos que se planteará en la cita será la necesidad de una revisión en los procesos de licitación para la construcción de presas.

Según el Gerente de CADECI hoy día se licita con la presentación de anteproyectos, lo que permite abaratar entre un 1 y 2 por ciento los costos de la obra pero que al no hacerse presentaciones de procesos completos más tarde los plazos y tiempos de las obras se extienden.

La experiencia indica que las obras terminan costando entre un 20 y un 30 por ciento más y los plazos se terminan alargando hasta un 50 por ciento más”, calcula.

Como tercera arista, un precio que se adecue a los desfasajes en el tiempo. Generalmente, el proyecto de construcción dura entre 1 y 2 años, y el estado suele pagar con demora de entre 3 a 6 meses por lo que el ritmo inflacionario termina perjudicando a la empresa adjudicataria. “Les dicen (a las empresas licitantes) que pasen en el presupuesto la inflación pero es difícil medirla con los índices de Nación; además se hace menos competitiva una empresa a la hora de licitar”, explica Chelmicki.