Esta “apertura del mercado” de Certificados de Energías Limpias (CEL) a centrales legadas previas a 2014, complicaría precios y desmotivaría el ingreso de nuevas centrales de generación renovables en el sistema eléctrico mexicano.

Por lo pronto, al tratarse de una “controversia constitucional”, según indican fuentes consultadas, abogados proponen al sector energético renovable avanzar con soluciones legales que confronten la medida.

Dos alternativas se están barajando por el momento: solicitar un amparo contra el acuerdo entre la Secretaría de Energía (SENER) y la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) o contra el primer acto de aplicación que vaya efectuarse.

De acuerdo a lo que precisaron fuentes consultadas por Energía Estratégica, si bien realizar el cambio de los criterios para otorgar CEL está dentro de las facultades de SENER, los argumentos que sostienen las modificaciones no serían válidos e impactarían negativamente en inversiones para el sector energético renovable, restando certeza al mercado.

“Desde CONAMER dijeron que los comentarios recibidos terminaron por no ser válidos porque no le afectaba el derecho a otras las plantas de comercializar CEL. Pero esta respuesta tan simple que dan no responde al problema, esta medida va en contra de otras leyes vigentes para el sector eléctrico y eso debe ser revisado, porque afecta al mercado”, advirtió un empresario en conversación con Energía Estratégica

Y agregó: “si nos retrotraemos incluso a medidas previas, el calculo que se hizo para definir porcentajes de CEL fue conforme a la incorporación de nueva energía renovable. Si aquello hubiera considerado la generación actual, entonces el monto hubiera sido mayor y aquí no habría problemas”.

Que se incluyan dentro de los porcentajes de CEL a la generación que ya está operativa, no sólo desalienta nuevas inversiones en el sector sino también pone en riesgo el cumplimiento de compromisos internacionales asumidos por México.

De allí es que se considere que esta medida va en dirección contraria incluso a los planes de incorporación de energías renovables ratificados en el Plan Nacional de Desarrollo propuesto por Andrés Manuel López Obrador, que se corresponden con esfuerzos de otros organismos federales y entidades federativas cuyos programas van en pos de la Transición Energética y medidas nacionales contrarias repercutirán negativamente en su lucha contra en el cambio climático.

Por su parte, funcionarios de Gobierno se justificarían indicando que el “Acuerdo de París no sería vinculante”. Ante lo que su oposición destaca que “un acuerdo en la legislación mexicana está a nivel de la constitución”.

“Que no hayan sanciones implícitas hoy, no quiere decir que no sea vinculante. Si México no cumple con medidas de transición energética, seremos un país contaminante y pueden haber sanciones bilaterales de aquellos países que sí estén cumpliendo”, consideró un abogado que dialogó con este medio.

Otro gran problema identificado es que incluso esto podría repercutir en la certeza de inversiones en generación distribuida, ya que proyectos de venta total, al vender energía a CFE a precio marginal local, pueden incluir además dentro de su retorno de inversión un adicional por acreditar CEL. Un gran caso visto hasta el momento es Bimbo, proceso que fue bastante complejo de confirmar; quienes busquen replicar aquella iniciativa se encontrarían con precios distorsionados que desincentivan la inversión.  Y, ahora, esa posibilidad quedaría en un “limbo”.

México oficializó la modificación de lineamientos que establecen los criterios para otorgar Certificados de Energías Limpias