El 25 de mayo de 2019 el Presidente de la República de Colombia firmó la Ley 1955 de 2019, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, con un conjunto de reglas que apoyan el desarrollo de energías renovables no convencionales. Sin embargo, el diablo está en los detalles y hay que leer el articulado a profundidad para encontrar que también hay aspectos que pueden resultar preocupantes para este tipo de proyectos.

En primer lugar, hay que resaltar la extensión del incentivo tributario de deducción de renta de 5 a 15 años a las inversiones en generación de energía eléctrica con fuentes no convencionales, así como la inclusión de partidas arancelarias exentas de IVA para proyectos de energía solar (artículos 174 y 175).

Adicionalmente, la nueva Ley impone una obligación a los comercializadores de adquirir entre 8% y 10% de su energía de fuentes no convencionales de energía renovable a través de contratos a largo plazo (artículo 296). Inclusive, el artículo 21 extiende la vigencia del Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas No Interconectadas – FAZNI hasta el 2030, con lo cual se podrán beneficiar soluciones empresariales que incorporen generación renovable para electrificar las comunidades más apartadas del país.

Este esfuerzo contrasta con la señal encontrada del artículo 298, según el cual la integración vertical de las actividades de generación, distribución y comercialización será permitida para cualquier empresa de servicios públicos (antes de la Ley 1955 de 2019, esta situación únicamente era permitida para un grupo de empresas constituidas con anterioridad a 1994).

Precisamente en mi calidad de Ex Superintendente de Energía y Gas de la Superservicios observé que está integración vertical genera un problema de incentivos en relación con el trámite de conexión que deben adelantar los desarrolladores de iniciativas de autogeneración y de generación con renovables ante las empresas que son las dueñas de la red, y que tradicionalmente venden energía en el mercado mayorista y de comercialización. Esto se debe a que estás últimas carecen de incentivos para dejar conectar a un nuevo proveedor de energía que llega a competirles con una tecnología disruptiva.

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Contrario a las recomendaciones de la OCDE, en Colombia se permite la integración vertical de la actividad de distribución con la de generación y comercialización, de tal forma que este problema no está presente en los países que han acogido las recomendaciones de la OCDE y han desintegrado estas tres actividades (Ver, Structural separation in regulated industries, 2016).

Es importante aclarar que el menú de alternativas que recomienda la OCDE para evitar las barreras de entrada para la conexión a la red es amplio, el cual va desde la separación estructural de los derechos de propiedad, hasta la imposición de obligaciones de comportamiento consistentes en exigir al menos la separación de funciones.

En Colombia, la CREG propone mediante la Resolución 105 de 2018 imponer unas reglas de comportamiento que exigen una separación funcional y que buscan reprimir las conductas tendientes a obstaculizar el acceso a la infraestructura y dilatar los trámites de conexión, así como cualquier actuación contraria a la transparencia y neutralidad en este tipo de trámites.

En este sentido, urge que la CREG expida esta norma para que la Superservicios, así como la Superindustria, cuenten con mayores herramientas para evitar los bloqueos a la conexión de nuevos proyectos de autogeneración y de generación con fuentes renovables no convencionales. También es importante que la CREG profiera una regulación actualizada que favorezca la transparencia en los puntos de conexión disponibles, la claridad en los requisitos y la objetividad en los criterios para priorizar los trámites, problemática sobre la cual se pronunció la Superservicios desde el 2018 en el Manual de Asignación de Puntos de Conexión para proyectos mayores a 5MW.

Mientras la CREG adopta las medidas regulatorias necesarias, sólo resta confiar en la autoregulación de los mismos agentes del mercado y en el actuar oportuno y ejemplarizante de la Superservicios y de la Superindustria para reprimir cualquier conducta contraria al principio de libre acceso y que constituya un abuso de la posición dominante.

*José Plata Puyana [email protected] es Socio Fundador de Markup Consultores SAS. Se ha desempeñado como Superintendente Delegado para Energía y Gas Combustible de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y Coordinador del Grupo de Abogacía de la Competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio. Es abogado y especialista en Derecho Comercial de la Universidad Javeriana, abogado del Estado de Nueva York (EE UU) y magíster en Economía de la Competencia y Regulación de Mercados del Barcelona Graduate School of Economics de la Universidad Pompeu Fabra (España) y en Derecho (LL. M) de la Universidad de Georgetown (EE UU).