En medio de una semana intensa -que incluyó en un mismo día acompañar al Presidente Sebastián Piñera a una visita relámpago a Argentina y por la noche asistir al concierto de Paul McCartney-, la ministra de Energía, Susana Jiménez, logró que el viernes las principales distribuidoras eléctricas se sentaran por primera vez en la misma mesa con la Comisión Nacional de Energía para acordar una fórmula para destrabar la instalación de medidores eléctrónicos o inteligentes, un requisito para la futura digitalización de la red.

La titular de la cartera comenta que no asistió a la primera de las ocho sesiones que en principio están previstas (en sesiones semanales durante unos dos meses) para no desviar el carácter técnico que espera que tenga este proceso.

-¿Esta polémica por los medidores es lo más complejo que ha enfrentado en este primer año de gestión?

“Creo que sí. Ha sido muy demandante hacernos cargo en forma transparente de la desinformación que heredamos y que produjo esta legítima preocupación ciudadana. Ha demandado mucho trabajo el poder comunicar y explicar de cara a la ciudadanía y al mundo político de qué se trató todo esto, pero creo que cuando los temas se enfrentan y se dialoga se llega a buen puerto”.

-¿Cree que este asunto pudo hacerse de forma distinta? ¿Es toda la responsabilidad del gobierno anterior?

“Diría que acá no se ha comunicado suficientemente bien lo que persigue todo este proceso, que comenzó con las exigencias de la ciudadanía tras los cortes del invierno de 2017. Podríamos haber mantenido el sistema anterior, donde la gente es dueña de su medidor o lo arrienda, pero la verdad es que siendo estos medidores mucho más costosos iba a ser muy difícil para las personas costearlos. En ese contexto, lo que se hizo al traspasar la propiedad de los medidores a las empresas, haciendo que pasen a formar parte de los activos que requieren para prestar un servicio de mejor calidad, fue responder a la necesidad de un sistema de información integral que permita mejorar la calidad de suministro. Lo cierto es que el sistema actual no es distinto del que rige en 22 de 28 países europeos”.

-¿Hay algún mea culpa por la forma en que procedieron como ministerio, considerando que la polémica estalló cinco meses después de que la medida se oficializó con la entrada en vigencia del decreto?

“Hay que entender que llegamos al gobierno con una norma que se hacía exigible solo si había un proceso tarifario de por medio, por lo que era poco lo que podíamos hacer porque significaba postergar la exigibilidad de esa mayor calidad de servicio. Heredamos esta solución y hemos sido activos motivando a que se entiendan los beneficios de este cambio y buscando una solución que incentive este recambio”.

-¿Qué ha conversado con el Presidente respecto de este tema?

“Lo que es importante es que los dichos del Presidente apuntan a que todos nosotros pagamos nuestras cuentas de los servicios públicos. Antes y después de eso hemos conversado para hacer un seguimiento de lo que está pasando”.

-En esas conversaciones con parlamentarios, ¿se ha visto algún cambio de postura respecto de los proyectos anunciados para reversar el traspaso de propiedad de los medidores?

“Ha sido muy positivo conversar en los planos político y ciudadano, porque es importante señalar que este es un país que gracias a su estabilidad regulatoria ha logrado niveles de cobertura de servicios básicos de país desarrollado. En ese sentido, es muy importante ver las implicancias que cualquier modificación legal podría tener sobre estos sectores regulados, y explicar cómo se hace el cálculo tarifario y el rol que juega el regulador al respecto de asegurar que el servicio que se preste -que es por lo que finalmente paga el consumidor- tenga los estándares de calidad exigidos al menor costo posible”.

-¿No previeron que esta situación podría agravarse tanto?

“No se previó que no había sido suficientemente comunicado. Ha habido mucha crítica y no es que quiera entregar toda la responsabilidad al gobierno anterior, pero lo cierto es que se comunicó de una forma que generó expectativas que no se iban a cumplir”.

-Nadie parece haber quedado conforme con el anuncio de que las empresas van a comprar los medidores usados, incluso alcaldes han llamado a oponerse al cambio. ¿Fue apresurado hacerlo?

“No. Tengo la impresión contraria. Esto fue bien recibido por la ciudadanía en el sentido de que es un buen incentivo para informarse de los beneficios del cambio de medidores. Claro que hay autoridades que han hecho estos llamados, pero creo que las personas van a tomar su propia decisión en base a lo que les conviene y lo que no”.

“Adicionalmente, desde el punto de vista de las empresas, al día siguiente del anuncio ya teníamos la confirmación por parte de una de ellas de que se sumaba a esta propuesta. Diría que la gran mayoría de las empresas se ha mostrado disponible para tomar esta medida y queremos hacer la bajada de su implementación”.

-¿Cuál es el sentido de hacer comprar algo que para las empresas es chatarra, que representa un costo que será difícil de justificar ante sus accionistas?

“Así es. Por eso fuimos claros al decir que vamos a explorar un acuerdo y estamos positivos de que lo lograremos. Las empresas deben asumir la compra de medidores usados como un incentivo para que las personas acepten el cambio, para que vean con mejores ojos lo que esto va a significar, dada su legítima preocupación y los mismos llamados a no permitir el cambio, que de alguna manera podrían ser un obstáculo para este sistema, que para las empresas es obligatorio”.

-Pero esto tiene un efecto en cadena para las empresas, que ven impedimentos financieros y tributarios para la compra de los medidores usados.

“Esto va a ser un gasto para las empresas, pero vemos que va en la línea de lograr la mejora tecnológica y cumplir con la obligación que tienen de hacer el recambio de medidores”.

-Y en todo esto, ¿qué ganan las empresas? ¿Falta transparentar algo?

“No. Desde el punto estrictamente monetario las empresas no ganan, por cuanto esto es un gasto que no va a ser reconocido dentro del proceso tarifario y por lo tanto no es transferible”.

-Pero las empresas no son organizaciones sin fines de lucro…

“Claro, pero también las empresas saben que tienen esta obligación legal, que hay una postura negativa desde la ciudadanía y, por lo tanto, me parece que vamos a avanzar en este acuerdo”.

-¿Por qué entregó una estimación del precio de los medidores usados? Eso instaló una expectativa.

“Es importante que cada una de las empresas defina prontamente ese valor; es algo que cada una debe definir porque el trabajo de la mesa será la implementación de las medidas”.

-En privado las empresas dicen que esperaban zanjar el precio en la mesa.

“El precio lo acordaremos uno a uno con las empresas”.

-¿En un proceso con la autoridad?

“No, ellos tienen que proponer”.

-¿Les parece que un tercero independiente valorice los medidores?

“Es una alternativa, pero lo cierto es que el medidor tradicional una vez que se cambia queda obsoleto y el valor al que llegaría un experto sería relativamente bajo. Creemos que es mejor que las empresas evalúen cuál es el incentivo que les quieren dar a sus usuarios”.

-¿Lo que esperan es que las empresas ofrezcan un monto que no está relacionado con el precio real de los medidores usados?

“Así es”.

-¿Han analizado el caso de las cooperativas o distribuidoras más chicas que no tienen recursos para comprar medidores nuevos y los usados?

“Por cierto. Las cooperativas son organizaciones sin fines de lucro, y si es que fuera necesario habrá que evaluar un tratamiento diferenciado para ellas”.

-¿Cómo podría ser eso?

“Lo tenemos que ver en la mesa técnica”.

-¿Podría ser que las empresas privadas asuman ese costo?

“No podría adelantar nada porque eso no se ha tratado aún”.

-¿Cree que este episodio empañará el proceso de la reforma de la Ley de Distribución?

“Espero que no, porque estamos haciendo un trabajo muy intenso en la Ley de Distribución, que es muy importante para esta administración. Es una ley que permitirá revisar y actualizar todo el modelo de distribución que tenemos, en vista de que este usuario que sólo puede comprar energía va quedando atrás, porque ya puede producir, almacenar e inyectar energía a la red y que puede relacionarse de una forma distinta con ella a partir de la electromovilidad”.

Fuente: El Mercurio