El viernes pasado a través de la resolución 213 el Ministerio de Energía y Minería dio a conocer los resultados de la primera adjudicación de energía renovable bajo la Ley 27.191. Son muchos los resultados a remarcar, entre ellos los excelentes precios logrados, que la actual administración se ha encargado de remarcar. Existía previamente una razonable incertidumbre sobre el “Costo Argentino”, y aun considerando las dificultades para compararse con las licitaciones realizadas casi en simultaneo en Chile y México, lo cierto es que la presión era muy alta para demostrar precios competitivos.

Si este primer objetivo se cumplió, cabe responderse por qué subsiste entre los oferentes y el resto de los actores que tienen un interés en el desarrollo del sector una sensación agridulce con lo anunciado el viernes.

Los precios adjudicados reflejan acceso a financiamiento en condiciones preferentes o una política más agresiva de apalancamiento comparado con las exigencias tradicionales de al menos un 25% de equity. En el caso eólico, se debe agregar una oferta con una curva de producción utilizando la generación a P50 en comparación a la más conservadora P90 normalmente exigido por potenciales financiadores. Estas condiciones han dejado a un número de proyectos que, aun mostrando precios razonables, quedaron fuera de competencia.

Un determinante adicional es que lograron costos de instalación muy competitivos, tanto para la tecnología solar como eólica, beneficiándose Argentina de ser un late comer al mercado, con capacidad excedente de producción tanto de China como Europa.

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Ahora el tercer determinante del precio, que fue clave, es el esfuerzo fiscal del Estado. De acuerdo a la información provista en el sobre A, los proyectos adjudicados obtuvieron beneficios fiscales desde cero a 400 mil dólares por MW instalado, lo que reduce el costo de inversión en un promedio en el 20%, que explica en gran parte los precios obtenidos.

Teniendo en cuenta el esfuerzo del estado, es válido preguntarse si no se han sacrificado otros objetivos de igual relevancia.

Un aspecto no menor es que el Gobierno parece haber resignado el objetivo de cumplir el 8% para el 2018, al adjudicar el mínimo establecido en el pliego. En otra oportunidad habíamos mencionado que los 1.000 MW subastados era una especie de falsa escasez, que de acuerdo a lo anunciado solo alcanza para cumplir con un cuarto de la meta. Relacionado con esto, las distintas especificaciones incluidas en el pliego como la posibilidad de igualar el mejor precio ofertado fueron dejadas de lado por el anuncio de una ronda de seguimiento por 600 MW a realizarse inmediatamente -demostrando que los MW adjudicados resultaron insuficientes- y una segunda ronda en mayo del año que viene.  Para cumplir con el objetivo debería adjudicarse al menos 3.000 MW adicionales.

Pareciera ser que el gobierno consideró que el mecanismo ideado para mejorar ofertas resulta ahora inferior a realizar una nueva licitación, en otro ejemplo de prueba y error tan caro a la actual administración.  Es cierto que entre el mejor y peor precio eólico adjudicado hay una diferencia de 16 dólares, siendo necesario una mejora de más de 25% del precio, lo que resultaba difícil de lograr. ¿Quiere decir esto que en la próxima licitación se aceptaran precios más altos? Si este fuera el caso, observaríamos un raro fenómeno contrario a la expectativa de que cada nueva licitación mejore el precio de la anterior.

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A su vez, privilegiar el precio terminó concentrando la oferta adjudicada en unos pocos nodos muy competitivos como el de Jujuy y Bahía Blanca, resignando el objetivo federal de la Ley, nuevamente pudiendo asumir que a futuro los precios serán mayores. El objetivo federal no solo es un reclamo de las provincias, sino que también está relacionado con el costo de expandir la red de transporte. Solo fue posible observar estos precios por la inversión previa en infraestructura de todo el sistema.

Por último, los resultados estuvieron en línea con la poca expectativa que había en esta primera licitación para la producción local. Ningún proyecto eólico alcanzó el 30% de componente nacional salvo uno, y de los 55 proyectos solares solo 8 lo superaron, aunque ninguno de estos resultó adjudicado. Ahora con un panorama esclarecido de los tecnólogos que resultaron adjudicados es deseable que el gobierno los convoque a una mesa para negociar e incentivar la radicación de inversiones en el país, así como la certificación de proveedores locales, de manera de evitar errores del pasado.

A la luz de las decisiones de adjudicación, resta por ver cuánto del pliego ideado por el gobierno subsiste en las próximas rondas. Las previsiones contractuales para mejorar el proceso de licitación como utilización de la garantía del banco mundial, segunda ronda de mejora de precio, precio de reserva máximo del estado – por otro lado, solo utilizado en las otras tecnologías–fueron en su mayoría dejados de lado por el anuncio de una nueva licitación. Esto sumado a que la vara del precio adjudicado fue puesta muy alta, hace suponer que será difícil repetir los resultados logrados en esta primera vuelta, si el objetivo perseguido es una mejora de precio exclusivamente.

Como conclusión de este proceso es que deberíamos esperar un nuevo pliego muy distinto al actual, donde veremos si en aras de lograr un menor precio al costo actual de generación del sistema se siguen sacrificando otros objetivos de la Ley como el cumplimiento de la meta, el federalismo y el desarrollo de la industria local.