A fines de marzo pasado, la ministra del Interior de Colombia, Alicia Arango, había manifestado que el borrador del proyecto de Ley de Consultas Previas posiblemente se presentaría en la apertura del primer período legislativo del Congreso de este año, es decir, a partir del 20 de julio.

La iniciativa fijaría plazos para estos procesos de consultas entre las empresas que quieren desarrollar un proyecto y los dueños de los terrenos. Hasta el momento una comunidad originaria, por ejemplo, puede tomarse todo el tiempo que desee hasta aceptar o no el avance de una obra de infraestructura. La idea es que con esta Ley se acoten los tiempos y así los proyectos de infraestructura puedan avanzar con mayor dinamismo.

Cabe destacar que hay mucha expectativa desde la industria de las energías renovables sobre este proyecto. Existen alrededor de 2.500 MW de energías renovables adjudicados en subastas y un gran volumen de potencia en perspectivas de desarrollo.

En una entrevista exclusiva para Energía Estratégica, Felipe Valencia Bitar, director de la Autoridad Nacional de Consulta Previa, explica en qué instancia se encuentra el borrador.

¿Llegará a presentarse el proyecto de Ley de Consultas Previas al 20 de julio?

Esa era la intención del Gobierno. Encontramos un borrador de proyecto de ley muy general pero hay que trabajarle mucho. Entonces consideramos que no sería viable la presentación para el 20 de julio.

¿Entonces es probable que no se llegue a presentar?

El 20 de julio no se va a presentar, con toda seguridad.

¿Y cuáles son los plazos que ahora maneja el Ministerio?

Tenemos que revisar el proyecto, socializarlo con los diferentes sectores. Queremos empezar la consulta en agosto, más o menos, y creemos que podremos presentarlo en el Congreso en diciembre. Ese es el cronograma que tenemos.

¿En agosto empezaría a trabajarse con las comunidades?

Esa es la idea, empezar a socializar lo con las comunidades y hacer el proceso de consulta como tal en agosto.

Es importante aclarar que esto es un cronograma interno que tenemos, aún no ha sido acordado con las comunidades; nosotros quisiéramos empezar el proceso en agosto y presentar el proyecto en diciembre.

¿Qué aspectos contemplaría el proyecto?

Lo importante de la regulación que queremos promover es que se fijen tiempos que hoy en día no tienen una reglamentación. Este es un tema tan importante para las comunidades como para el Gobierno, y es un tema que se debe acordar para beneficiarnos todos: las comunidades, el desarrollo económico del país y las empresas.

A grandes rasgos con el proyecto de Ley lo que queremos es regular estos aspectos. Nosotros debemos incorporar todos los elementos que nos ha dado la jurisprudencia y tratar de solucionar estos cuellos de botella que han impedido ser ágiles en materia de consultas previas.

Es importante volver a recalcar que los tiempos deben ser acordados con las comunidades y eso se dará en el marco del proceso consultivo.

Proceso de consulta previa

¿Pero podría hablarse de un plazo ideal sobre el cual se den respuestas a las consultas previas?

Hoy en día hay consultas previas que pueden demorar uno o dos meses. Pero si las cosas no van bien del principio pueden demorarse mucho: varios años.

Entonces lo que quisiéramos es, más que ponerle un plazo como tal a un proceso consultivo, es contar con tiempos en donde, si por algún motivo hay una reticencia por parte de la comunidad y quieren frenar el proceso sin alguna justificación, podamos de todos modos avanzar sin vulnerarles el derecho a la consulta previa.

Es decir, que cada etapa de proceso pudiera, de esta forma, contar con tiempos que sean beneficiosos para todos.

Felipe Valencia Bitar, director de la Autoridad Nacional de Consulta Previa

¿La posibilidad de que se puedan dialogar con las comunidades en agosto dependerá del Coronavirus?

Sí. Desafortunadamente estamos en medio de una crisis y eso dificulta todo este proceso.

¿Tiene esperanza de que el proyecto pueda llegar a probarse el 2021?

Podría pensarse en el 2021, pero hay que tener presente varios aspectos. El primero es lo que se pueda llegar a acordar en la ruta metodológica de la consulta y cuánto tiempo nos vamos a demorar. Esperamos que no se demore más de 4 meses o 4 meses y medio. Pero va a depender un poco de las posturas de las comunidades.

Una vez que termine el proceso consultivo el proyecto debe ir al Congreso, donde se deben pasar cuatro debates; luego de eso, pasa a revisión automática de la Corte Constitucional y ahí sí podría pasar a sanción presidencial.

Es decir, son varias etapas y no sabemos cuánto se va a demorar en el Congreso.

Si bien se entiende que el proyecto aún es un borrador, ¿ya están dialogando con bloques de la oposición? ¿Hay consensos sobre este proyecto?

Aún no se han iniciado conversaciones de tipo político. Independientemente de la posición política, lo que creemos es que esta es una ley que beneficia absolutamente a todos: a las comunidades y al país en general. Por eso podría ser un proyecto de Ley con apoyo importante de todos los sectores, pero no hemos entablado ningún tipo de diálogo (político) todavía.

Respecto a las consultas previas en la modalidad virtual, ¿se ha logrado llevado a cabo un proceso exitoso de esta manera en proyectos de energías renovables adjudicados en subastas?

Por el momento no. Por el momento todas las consultas previas están totalmente detenidas.

Se pensó la posibilidad de llevarlas a cabo de manera virtual, pero algunas comunidades y entidades advirtieron que podría verse vulneradas la participación de las comunidades, ya que algunas no tienen acceso a todos los medios tecnológicos. Por eso se tomó la determinación de derogar esa circular que le había dado paso a esas consultas virtuales.

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