Una nueva convocatoria a licitación prevé la entrada de 1383 colectivos al sistema de transporte en Bogotá, que se estima que circularán desde 2019 hasta el 2030. Concejales y entes de control se pronunciaron en contra de los detalles de los pliegos, principalmente con la intención de que las ofertas contemplen incorporar vehículos eléctricos.

Un principal punto del conflicto es cómo se califica a los oferentes. En la evaluación de la licitación, el puntaje para las empresas que incorporasen vehículos eléctricos fue de 50 puntos sobre 1000 en un comienzo. Luego, la semana pasada en Comisión del Congreso se terminó por establecer un incremento a 400 puntos, pero esto no significaría estímulo suficiente.

“Los 400 puntos no son una solución. Contar sólo con esa medida no garantiza que vaya a haber tecnologías eléctricas en la flota. Por el contrario, puede llevar ahora a que los oferentes se alineen, no presenten vehículos eléctricos y ese puntaje nadie lo gana”, indicó a este medio Ana Luisa Flechas, exsecretaria de Movilidad de Bogotá.

En la publicación de los prepliegos se dejó sentado que con este proceso se permitirá el ingreso de tecnologías más limpias. Sin embargo, no hay una manifestación expresa en la que se diga que la tecnología que vaya a primar deba ser eléctrica.

De los 1383 vehículos, el 67% serán biarticulados y el 33% restante articulados. Entendiendo que la tecnología eléctrica en esta escala no contempla transportes masivos biarticulados, solo unas 456 unidades son las que tienen potencial de ser eléctricas y a esta cifra total es a la que se apunta que incluyan colectivos eléctricos o híbridos.

“Peñalosa erróneamente dice que las tecnologías eléctricas subirían las tarifas de manera abismal, pero resulta que la mayor porción de los ingresos que se perciben por tickets en los sistemas masivos se los llevan los operadores. Es decir que han tenido una rentabilidad excesiva en estos 18 años y las tarifas han ido tributándose de manera desmedida, desconociendo que es un servicio publico donde hay que ser equitativos y donde no se le deberían recargar al usuario los costos de operación y mantenimiento”, detalló Flechas.

En esta etapa, en ningún momento se ha mencionado cómo será la rentabilidad de los operadores o las tarifas. Por ello, también se pide que se definan estos puntos a través de una política integral.

Otro tema en discusión es que la licitación se lleva a cabo a través de una doble convocatoria, donde se adjudicará por un lado la provisión de unidades “la financiación, compra y entrega del uso de la Flota al Sistema Transmilenio” (consultar información del procedimiento) y, por otro lado, el sostenimiento de las nuevas unidades “Operación y Mantenimiento de la Flota del Sistema TransMilenio y la adecuación, operación y mantenimiento del(los) Patio” (consultar datos del contrato). En este sentido, la principal preocupación es que quien entrega las unidades se desprendería de la garantía de operación de los equipos a lo largo de su vida útil.

En conversación con Energía Estratégica, Ana Luisa Flechas exsecretaria de Movilidad de Bogotá, actual consultora y docente investigadora integrante del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá, dijo que el tema es de suma importancia que se trate en sintonía con el Gobierno nacional.

“Si a mi me consultaran acerca de qué hacer con este debate del proceso de licitación, yo sugeriría que se suspenda hasta que haya consenso con el Gobierno nacional porque este es un tema de política pública y tiene que ver además con asuntos minero energéticos del país”.

Si bien la coyuntura es complicada porque hay una autonomía local, llama la atención que el Gobierno nacional no haya manifestado nada aún.

“No se conoce una postura explicita sobre los intereses que tenga el Gobierno nacional acerca de este tema. Sorprende sobre todo porque este tema incluye pensar en el consumo energético de los próximos diez años en el país y eso sí es un tema que le compete al Gobierno nacional”, señaló Flechas.

De acuerdo al último informe disponible de la UPME, el 40% de la energía del país la consume para el sector del transporte y de este porcentaje solo el 0.06% es eléctrico, siendo un 92% aproximadamente la dependencia de combustibles fósiles.

Los pliegos de licitación habrían sido estructurados apoyándose en la legislación de movilidad vigente en Bogotá, pero que no se haya pensado desde una política integral habría dado lugar a que las tecnologías euro diesel desplacen a la eléctrica en la competencia por la adjudicación. De allí es que, se suma al reclamo una necesidad de normativas actualizadas en movilidad sostenible en base a los compromisos tomados en el acuerdo de Paris y en pos de buscar una política integral que aborde estos temas.

“Critico fuertemente que se trabajó a puertas cerradas durante todo este tiempo. Además que hay muchos instrumentos de planeación que podrían haber dado un mejor marco de política a la licitación, sin embargo se está fracturando todo para poder tomar esas decisiones de manera arbitraria”, concluyó Flechas en conversación con Energía Estratégica.

Los resultados de la licitación deberán estar en julio del 2018. En estos dos meses restantes, se deberá encontrar una solución al conflicto si se quiere seguir adelante con el proceso que se fijó cumplir en los prepliegos. Mientras tanto, en el Concejo de Bogotá se continuará la discusión del tema. La próxima reunión será este miércoles en sesión plenaria.