A varios días de haber finalizado el Parlamento Abierto de la reforma eléctrica propuesta por Andrés Manuel López Obrador, la Comisión Federal de Competencia Económica puso la lupa en la iniciativa y envió al Congreso de la Unión la recomendación de no aprobar la modificación de los artículos N° 25, 27 y 28 de la Constitución de México. 

¿Por qué? Desde la óptica del organismo aseguran que, de aprobarse, se modificará el actual modelo de competencia en la generación y suministro de electricidad y, por ende, habrá un monopolio constitucional estatal y no regulado, lo que se vería reflejado en un aumento en los costos de producción de la energía. 

“Adicionalmente, el cambio de modelo aumentaría los costos de las empresas, que son consumidoras de electricidad, lo que a su vez podría llevarlas a cobrar precios más altos por los productos finales que adquieren las familias, reduciendo su poder adquisitivo”, añade el documento. 

COFECE también remarcó la falta de mecanismos para asegurar la electricidad generada, sea por Comisión Federal de Electricidad o privados, y consumida sea la menos costosa; y de medidas para promover la inversión en fuentes limpias y más baratas. 

“La monopolización del abastecimiento de energía eléctrica elimina la presión competitiva que motiva a la CFE a disminuir sus costos y ofrecer mejores condiciones de servicio a sus usuarios (…) Tampoco contiene mecanismos para asegurar que la CFE desarrolle y mantenga la capacidad de generación necesaria para atender en todo momento al menos el 54 % de la demanda presente y futura del país con sus propias plantas”, se agrega. 

E incluso detalla que hasta se podría violar la propia reforma a la carta magna si en algún momento se debiera adquirir más del 46% de la energía proveniente de privados por la incapacidad de CFE de para cubrir la demanda con su propia generación, o dejar a ciertos usuarios sin servicio eléctrico o racionar el consumo para no llegar a dicho punto. 

Por otro lado, el archivo que firmaron los comisionados Brenda Gisela Hernández Ramírez, Alejandro Faya Rodríguez, José Eduardo Mendoza Contreras y Ana María Reséndiz Mora y por el secretario técnico de COFECE, Fidel Gerardo Sierra Aranda, apunta a la infraestructura eléctrica y la ausencia de estímulos para su desarrollo: 

“La iniciativa no solo elimina la posibilidad de contratar integralmente el servicio de transmisión o distribución, sino también el esquema de incentivos para que la CFE mantenga costos bajos y sea rentable en dichos servicios”. 

Así como también la negativa para recurrir al sector privado para el financiamiento, instalación, mantenimiento, gestión, operación y ampliación de la infraestructura, algo que el marco legal vigente permite, siempre y cuando CFE no haya cumplido con su ejecución. 

Mientras que en lo referido al segmento tarifario, la Comisión Federal de Competencia Económica explicó que la eliminación de todas las tarifas a lo largo de la cadena podría habilitar subsidios cruzados a través del cobro de tarifas finales más altas a ciertos usuarios y en la cadena de generación. 

“Y permitir a un monopolio determinar sin supervisión ni transparencia sus propias tarifas, podría resultar en la fijación de precios monopólicos, tarifas no basadas en costos e incluso con sesgo político, o tarifas subsidiadas”.

La consecuencia sería el desarrollo ineficiente del sector hacia el futuro, lo que comprometería el abasto de electricidad en las mejores condiciones, afectando la competitividad de las empresas y el bienestar de las familias, así como el propio crecimiento de la economía mexicana”, concluyó.