¿Qué balance realiza de la gestión?

Esperaba muchísimo más de parte del Ministerio de Energía, de lo que en la práctica ocurrió, que para los biocombustibles fue muy poco, especialmente para el biodiesel.

¿A qué se refiere?

Se destaca un ordenamiento muy parcial de algunas cuestiones formales del Programa Nacional de Biocombustibles –que afectaban la transparencia- por parte del Ministerio de Energía y la actitud proactiva y siempre positiva para con este programa, por parte del Ministerio de Agroindustria, como así también,  la capacidad de gestión y diálogo de la Subsecretaría de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

En el caso específico del bioetanol, resultó muy positivo el aumento del contenido de bioetanol en las naftas, del 10 al 12 % establecido por un decreto presidencial, en cumplimiento de una promesa electoral.

¿Entonces?

Respecto de lo negativo, se vincula a la existencia de una larga lista de omisiones o falta de resolución de temas sensibles a la industria de biocombustibles. En este sentido, menciono la continuidad de la Unidad Ejecutiva Interdisciplinaria de Monitoreo, organismo creado en 2012 por la administración anterior para la determinación del precio y los derechos de exportación del biodiesel, responsable de una serie de medidas que hicieron mucho daño a su industria (en este tema, la responsabilidad de dicha continuidad es conjunta entre el Ministerio de Energía, de Producción y de Hacienda).

A lo largo del tiempo me he referido a aquél, indicando que su constitución fue un acto de dudosa legalidad, avanzando sobre el Decreto Reglamentario de la Ley de Biocombustibles Nro. 109/07, al tiempo que su funcionamiento es una incógnita (desde que no se conocen los funcionarios que lo componen designados por esos tres ministerios, no tiene una oficina específica, ni teléfono ni e-mail de contacto, y lo que es más grave, sus decisiones se instrumentan en actas que no son publicadas en Boletín Oficial, violando el acceso a la información pública, entre otras irregularidades).

A su entender… ¿cómo debería funcionar?

Con relación a la Autoridad de Aplicación del Programa Nacional de Biocombustibles –o sea, el Ministerio de Energía-, considero que:

– Debe constituirse la Comisión Nacional Asesora prevista en el artículo 3 de la Ley 26.093, invitando a participar a todos los entes allí establecidos, y comenzando a operar efectivamente como a la luz de la referida ley, correspondería hacerlo.

– Debe publicar las estadísticas de producción, ventas al mercado interno y exportaciones, más asignaciones mensuales -CUPOS- de biocombustibles, con información abierta por empresas productoras de biocombustibles y demandantes de los mismos.

– Debe contestar las notas con petitorios o de otra naturaleza que formalmente se le presentan a su consideración, relativo a temas relativos al ejercicio de sus funciones y no dejar que por omisión, pierdan vigencia.

– Debe ser mucho más rigurosa en materia de control de calidad, logística y abastecimiento de combustibles (nafta, gasoil, bioetanol, biodiesel), toda vez que al ser biológicos, los biocombustibles requieren extremar esas medidas. Como excepción destaco que por primera vez en mucho tiempo, comenzó a controlar la calidad de los biocombustibles, haciendo uso de sus facultades.

– Debe implementar rápidamente en los combustibles ofertados al mercado local, las normas Euro VI, armonizando las mismas con los más altos estándares de calidad en materia de emisiones, terminando con los privilegios que en la práctica generaron para las compañías petroleras, la postergación sucesiva a lo largo de más de una década del cumplimiento de normativas de emisiones equivalentes a las establecidas en los países más importantes del mundo.

– Debe cumplirse el mandato de corte establecido por artículos 7 y 8 de la Ley 26.093 y por artículo 2 Resolución 1125/13 de la ex SE, a lo largo de todo el año, no tan solo unos meses, y de no corroborarse ello, aplicarse las multas que corresponden, afecten a los intereses que se afecten.

– Para el caso de cooperativas o asociaciones de cooperativas de productores agropecuarios, deben otorgarse incentivos diferenciados acorde con el espíritu y texto de la Ley 23.287 –bioetanol- y Ley 26.093 / DR 109/07 –biocombustibles en general-, beneficios que nunca fueron instrumentados.

– Debe transparentarse las fórmulas de precio vigentes para la compraventa de biocombustibles en el mercado interno, en cumplimiento de los anteriormente referidos artículos 7 y 8 de la Ley 26.093, y cumplirse las mismas, a diferencia de lo que ocurrió por ejemplo en el caso del biodiesel, que soportó decisiones discrecionales que afectaron el cumplimiento de la respectiva fórmula en varios meses del año, afectando así la economía de la industria que opera en el mercado interno.

Lea también: «Las medidas que industriales de los biocombustibles reclamaron en la cámara de diputados»

– Debe promover en el Congreso de la Nación una ley que estabilice el encuadre tributario del biodiesel en el mercado interno frente a los impuestos específicos a los combustibles, para que se deje de trabajar como ocurre hoy, en un marco de incertidumbre.

Por otra parte, considero que el Ministerio de Energía tiene que promover la conclusión favorable y definitiva del decreto presidencial por el que se fijan en cero los derechos de exportación del biodiesel, siendo más conveniente aún, la eliminación concomitante de los derechos móviles de exportación, que tanta incertidumbre han generado en la industria exportadora de este producto. Esta medida fue prometida a la industria en el primer nivel del Gobierno Nacional y pasado un año, todavía está inconclusa.

 ¿Estos son los desafíos para 2017?

En primer lugar, que  se cumpla con todo lo descrito antes; en segundo lugar, que el Ministro de Energía y sus Secretarios den señales claras de la política de biocombustibles a futuro, evitando que los subsecretarios o directores tengan que asumir responsabilidades en la materia, frente a la industria, responsabilidades que no tienen (ellos han tratado siempre con amabilidad, capacidad de trabajo y formación, contener los reclamos, pero es hora que cada uno asuma su rol).

En materia de biodiesel, debe implementarse a la brevedad el corte con gasoil al 12 % -B12-, como ocurre con bioetanol –E12-, ya que no hay razones técnicos para que ello no ocurra, salvo la necesidad que tienen las compañías petroleras que operan en el downstream, de seguir introduciendo al mercado, más combustibles minerales, a contramano de lo que ocurre en los principales países del mundo y de los compromisos asumidos por nuestro país a partir de la COP21 de 2015, y en el marco de la existencia  de una gran concentración en el downstream local, con una posición dominante de YPF (empresa que opera bajo el derecho privado –sin someterse al régimen de contabilidad pública, propio de empresas del Esado-) de dudosa legalidad.

¿A qué porcentaje se podría escalar?

Se debe transitar rápidamente a cortes del 15 % -B15- y de 20 % -B20-, manteniendo una línea de despacho de gasoil premium, cortado con 10 % de biodiesel, para abastecimiento de los automóviles de muy alta gama. Destaco especialmente que el uso de B20 y de B100 fue autorizado por Resolución 129/01 de la ex Secretaría de Energía, norma aún vigente, y que el consumo en dichos segmentos fue insignificante o nulo, porque no existieron incentivos específicos; en 2011 e incluso antes, las principales automotrices autorizaron según el caso, el uso de B20 o B100 para vehículos con más de 6 toneladas bruta de peso, en régimen de flotas cautivas, por lo que la promoción por parte del Ministerio de Energía de ensayos en la materia, sin establecer mandatos, es redundante y como máximo, serviría como instrumento de marketing.

Deben resolverse a la brevedad las significativas imperfecciones que existen en el mercado argentino de metanol, donde una empresa, YPF, controla más del 90 % de este mercado y mantiene una política de precios propia de su posición dominante, habiendo logrado incluso que se establezcan licencias no automáticas para la importación de este producto, hecho incompatible con la transparencia, al margen, de llamativos procedimientos comerciales para los que quieran importar el mismo.

Lea también: «Empresarios de los biocombustibles analizarán perspectivas del mercado en la Cámara de Diputados»

En materia de bioetanol, debe establecerse un eficiente programa de Flex Fuel, definiendo el modelo más conveniente para nuestro país, hecho que en mi opinión, requiere de una ley específica. En este momento son seis los ministerios (Energía, Agroindustria, Producción, Transporte, Ambiente y Hacienda) que estudian este tema, en el marco de una mesa sectorial específica; esperemos que se logre un acuerdo eficiente y que este desafío se haga realidad.

Por sobre todas las cosas, el gran desafío es que las principales autoridades del Ministerio de Energía tengan una visión más amigable con los biocombustibles, y que la misma, lejos de declaraciones públicas, se torne efectiva en decisiones que consoliden la producción y uso sustentable de los mismos.