El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de Chile aprobó, durante los últimos dos meses del 2022, el estudio de impacto ambiental de nueve parques solares y uno eólico que suman un total de 835,89 MW de capacidad. 

Las solicitudes correspondían a las propias centrales de base, su ampliación u optimización de la operación, por un monto de inversión que supera los USD 648.000.000, repartidos entre las comunas de San Antonio, Melipilla, Arica, Colina, Rancagua, Pozo Almonte – María Elena, Coyhaique y Quilicura. 

De la lista aprobada en el último bimestre del año pasado, la petición de certificación ambiental más antigua pertenecía a la planta fotovoltaica Hugo Lorenzo (40,2 MW de potencia), de la firma Inmobiliaria Cañadilla SpA, ya que recibió aceptación de la SEA tras más de dos años y medio de (inició el trámite en mayo 2020).

Dicho parque prevé una inversión de USD 46.000.000 y se pretende instalar en el Cerro San Ignacio de Quilicura, que es considerado como Área de Preservación Ecológica por el Plan Regulador Metropolitano de Santiago, e impactaría en 114 hectáreas de la zona. 

Otro proyecto que debió esperar más de dos años para recibir la certificación ambiental fue el parque eólico Kosten Aike (36 MW), presentado por el Grupo AQM, que no sólo contempla la construcción de la propia central renovable, sino también el levantamiento de una línea de transmisión de 23 kV de 289 m, que conectará la subestación con la línea de media tensión existente denominada “Mañihuales – El Alférez”, propiedad de EdelAysen. 

Mientras que el del 2021, el Servicio de Evaluación Ambiental admitió el estudio de impacto ambiental de la optimización del P.S. Faro de Santa Elena (10,69 MW) y la optimización de la planta fotovoltaica Sol del Loa (640 MWac), que se ubicarán en las comunas de Rancagua y Pozo Almonte – María Elena y representarán inversiones de USD 8.000.000 y USD 480.000.000, respectivamente.  

Por otra parte, el organismo también aprobó la ampliación del parque solar Los Tauretes, de 2,99 MW a 3,36 MW de capacidad operativa, perteneciente a CVE Chile que invertirá USD 3.000.000; como también del P.S. San Marcos, de la firma Solarpack. 

En este último caso, la empresa prevé la expansión de 2,99 MWp a 9,64 MWp. Hecho que significará mayor cantidad de hectáreas ocupadas (5,93 a 14,66 ha), como también un monto de inversión cercano a USD 10.000.000. 

A ello se debe agregar que durante el 2022 también se presentó el estudio de impacto ambiental de los Pequeños Medios de Generación Distribuida (PMGD) fotovoltaicos Rivazzurra Solar (9 MW) y El Trigal (9 MW), ambos conectados en líneas de media tensión. 

El primero de los proyectos mencionados también contará con un sistema de almacenamiento de energía mediante baterías de iones de litio del tipo BESS (Battery Energy System Storage), lo que permitirá inyectar parte de la energía producida durante el día en horarios de mayor demanda eléctrica, que normalmente corresponden a periodos nocturnos. Y por ello, la suma a invertir asciende a USD 25.000.000. 

En tanto que el SEA detalla que la segunda central mencionada demandará USD 10.000.000 y estará constituida aproximadamente por 21.392 paneles de silicio monocristalino, instalados con tecnología de seguidores de un eje y considera la construcción de una línea de tendido eléctrico de 13,2 kV de tensión. 

Por último, el emprendimiento de la corriente lista que menos tiempo debió esperar para lograr la aceptación refiere a la modificación del parque fotovoltaico Leyda (96 MW), de la compañía Solek, dado que inició el trámite en mayo del 2022 y los primeros días de diciembre recibió la autorización del organismo. 

Dicho proyecto considera una serie de modificaciones a la obra original, las cuales ocurren dentro del área de intervención ya declarada y evaluada ambientalmente, tales como incorporación de una S/E de 110/23 KV, modificación del trazado de línea de evacuación eléctrica, redistribución del área de paneles solares al interior del área de intervención declarada, la incorporación de una sala de control como obra permanente, el aumento de la mano de obra requerida para las fases de construcción y cierre, y la modificación de las instalaciones temporales.