El proyecto de reforma constitucional energética propuesto por Andrés Manuel López Obrador despertó controversias y preocupación de cara al cumplimiento de los objetivos de cambio climático y de generación limpia a los que México se comprometió. 

Carlos Flores, experto en el sector energético, dialogó con Energía Estratégica y analizó la iniciativa gubernamental y las consecuencias que podría acarrear para el país. “Si el gobierno da prioridad al despacho de generación de las centrales de la Comisión Federal de Electricidad, se suministrará energía más costosa”, dedujo.

¿Por qué? Explicó que “generar con combustóleo tiene un coste USD 110 por MWh, con carbón de USD 90 x MWh, gas natural entre USD 50 y USD 60 x MWh, en tanto que con hidroeléctricas el costo sería de USD 40 x MWh; mientras que las renovables están entre USD 20 y USD 35 x MWh, dependiendo el tipo de contrato”. 

Y continuó: “Habrá un incremento en costos y no necesariamente se trasladará a la tarifa para los usuarios finales”. Y si bien no descartó esa posibilidad, el gobierno federal en reiteradas ocasiones aseguró que no subirá la tarifa. 

Por ende, el especialista ve que la solución sea mediante el subsidio, y que los costos extras por la electricidad no se vean en el recibo eléctrico, sino que serán reflejados en los impuestos de los contribuyentes. 

A estas implicancias, Flores agregó que habría una mayor emisión de gases de efecto invernadero y que se incumpliría con la Ley General de Cambio Climático, que establece que la Secretaría de Energía, en coordinación con la CFE y la Comisión Reguladora de Energía, promoverán que la generación eléctrica proveniente de fuentes de energía limpias alcance por lo menos 35% para el 2024.

“Peor aún, los objetivos hacia el 2030 y 2050 quedan sumamente comprometidos. Es casi un hecho que al 2030 no se cumpliría, a menos que en el siguiente sexenio cambiaran las cosas y hubiera un nuevo cambio dramático en cómo se genera la electricidad en el país”, agregó. 

Además planteó que “habría una situación de no respeto a las inversiones, al Estado de derecho ni a los tratados internacionales, lo que podría derivar en consecuencias de imagen, juicios internacionales y pago por indemnizaciones a cada privado por parte del gobierno federal”. 

Justamente sobre las inversiones en México, Energía Estratégica informó en varias oportunidades que empresas habían frenado y/o retirado su capital y proyectos en el país debido a la coyuntura política energética durante la actual administración. 

Carlos Flores no fue ajeno a este tema, ratificó que “los nuevos proyectos venían siendo mínimos” y vaticinó que “esto vendrá a confirmar que las inversiones sean muy pocas, tendiendo a cero”. 

En paralelo dejó una pregunta que sólo será respondida conforme avancen los hechos sobre la aprobación (o no) de la reforma energética: “¿Quién querrá venir a invertir a México en materia de energía y en otros sectores alrededor con la incertidumbre regulatoria?