¿Qué restricciones de “aislamiento social” rigen en la industria de las energías renovables?

Como marco general, debe tenerse presente que por DNU 260 del 12 de marzo, se extendió la emergencia sanitaria ya dictada por la Ley de Solidaridad 27.541, en este caso particular en función de la declaración de la OMS de existencia de pandemia por el coronavirus. En función de la gravedad de la situación, se dispuso luego por DNU 297 el “aislamiento obligatorio” para todas las personas que habitan en el país o se encuentren en él en forma temporaria, salvo las excepciones que contempla el mismo DNU o sus normas complementarias. También para contextualizar la pregunta, debe tenerse presente que, por definición del Marco Regulatorio, la generación de energía eléctrica no es un servicio público, como sí lo son las actividades de transporte y distribución, y por lo tanto la actividad de generación queda sujeta a riesgo empresario.

No encuadrarían las energías renovables..

En relación al sector eléctrico, y en particular a la generación, en el DNU 297 no se hace distinciones particulares para el sector renovable, sino que las referencias son sobre sector generación.

¿Y la operación de las centrales? 

El DNU 297 en su artículo 6, inc. 23, refiere como excepción al aislamiento obligatorio a guardias mínimas que aseguren la operación y mantenimiento de la generación (entre otras actividades, por ejemplo, producción de petróleo y gas y transporte y distribución de energía eléctrica).

¿Incluye la construcción de parques?

No hay excepciones concretas a otras actividades, en especial a la construcción. Hay que considerar también que las excepciones del DNU y de sus modificaciones, son taxativas, y, por lo tanto, si hubiere otro servicio o provisión que pueda ser considerado esencial, debiera ser previamente aceptado expresamente por la autoridad.

¿Hay zonas de «gris legal» que sea necesaria una definición por parte de las autoridades?

Entiendo que hay varias áreas en las que es preciso aclarar tanto el alcance de las restricciones, como sus consecuencias, por ejemplo, provisión de insumos necesarios para la operación y mantenimiento, identificar aquellos proyectos cuya construcción y abastecimiento resulta esencial para ciertas áreas, definir suspensión de plazos contractuales, definir que existe causal legal o contractual de fuerza mayor consecuente de estas medidas, entre otras.

Es entendible por supuesto que la vorágine de esta pandemia y la necesidad de regulación diaria, puede llevar a que haya grises o falta de definiciones.

¿Es de esperar cambios?

Los ajustes se pueden ir dando de manera general, como por ejemplo lo ha hecho el ENRE a través de su resolución 3/2020, relacionada con la atención al público y operación de las distribuidoras Edenor y Edesur, o la suspensión de plazos de procedimientos administrativos establecida por el decreto 298/2020, como así también de manera particular, en la resolución de cada caso concreto presentado.

¿Las bioenergías vinculadas a la actividad agropecuaria pueden seguir construyendo plantas? Por caso, una central de biogás.

No vemos excepciones para el caso planteado. Solo aplicarían las explicadas sobre operación y mantenimiento. La decisión administrativa 429/2020 exceptúa también a la “producción de biocombustibles”, pero no es el caso planteado en la pregunta.

¿Se debería analizar una prórroga del plazo de entrada en operación comercial?

Regular mínimamente prórrogas de plazos de construcción sería una buena medida para evitar innumerables presentaciones individuales con el fin que sea reconocida esta causal, sin perjuicio de aquellos casos particulares o especiales que puedan darse, por ejemplo, mayores demoras por movilización de equipos.