“Cargo por transición”: una medida marcha atrás para las renovables en Puerto Rico

El debate sobre los impactos inmediatos del RSA acumula el descontento de empresas y usuarios puertorriqueños. 

El Acuerdo de Reestructuración de la Deuda (RSA) de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) pactado en el 2019 continúa generando polémica en Puerto Rico. 

Primeramente se denuncia ante la Junta de Control Fiscal la ilegalidad de toda la deuda de la AEE contraída desde 2010. De acuerdo con el abogado Ramón Luis Nieves Pérez, senador de Puerto Rico por el periodo 2013-2017 y actual consultor, “el acuerdo con los tenedores de bonos de la AEE esconde bajo una alfombra numerosos casos de fraude”. 

Hasta tanto se investigue aquel caso, la RSA sigue avanzando y se acerca su implementación. Si bien muchos celebran que tenga como objetivo reflotar a la AEE, aún se cuestiona que este acuerdo busque reducir la deuda de la estatal en un 32% y que los modos a través de los cuales se busque tal efecto tengan medidas en perjuicio de los usuarios. 

“El pueblo de Puerto Rico puede pagar aumentos significativos de tasas durante 40 años, para satisfacer esa deuda ilegal”, alertó Ramón Luis Nieves Pérez.

En particular, una de las medidas que más preocupan a actores del sector energético renovable, entre ellos empresas y consumidores de Puerto Rico, es que fija un “cargo de transición” que como mecanismo impactaría gravemente en la autogeneración renovable, por lo que algunos lo comparan como un impuesto al sol. 

El mes pasado, frente a la Comisión de Proyectos Estratégicos y Energía del Senado, la Asociación de Energía Solar y Almacenamiento de Puerto Rico (SESA) acusó: 

“La JSF busca que esta legislatura apruebe legislación para que se pague la deuda de la AEE vía un aumento de luz, llamado cargo de transición, de 2.768¢/KWH incrementando gradualmente a 4.552¢/KWH para 2044. En el caso de los clientes de AEE con sistemas solares, ese aumento también se impone a la electricidad generada por sus paneles solares privados”.

Al respecto Javier Rúa-Jovet, director de políticas públicas en la SESA, comentó en sus redes sociales: “el cargo de transición es un cargo para el pago de deuda, no de interconexión. Como prosumidor solar es justo pagarlo en mi consumo neto de la red, como todo el mundo. Lo ilegal e injusto es imponerlo en la autogeneración renovable en techos privados”.

De allí es que, como impuesto al sol no debería tener lugar, ya que la medida iría en contra de la nueva ley de política pública energética que prohíbe cargos directos e indirectos al consumo de energía renovable. 

Miembros de Solar United Neighbors of Puerto Rico también se pronunciaron al respecto: 

“Es una política que hace mucho daño al consumidor, la industria y al bienestar de los puertorriqueños”, señaló la organización a Energía Estratégica.

Desde la óptica de aquel grupo de jóvenes que lidera una iniciativa de compras conjuntas de energía solar, debe haber políticas que promuevan la energía solar como manera de ser autosostenible. 

Repasando que el 98% de la electricidad en Puerto Rico se genera de combustibles fósiles (carbón, petróleo, gas natural), todos importados; la energía solar empieza a cubrir un rol central para garantizar la sostenibilidad del archipiélago, ya que no sólo su instalación distribuida permitirá resiliencia, sino que también su incorporación en casas garantizará autonomía energética a través de un ‘combustible’ completamente local que debiera ser gratuito en Puerto Rico.

Porqué surge entonces un cuestionado “impuesto al sol” en Puerto Rico, siendo que el sol no sólo es una fuente inagotable que a través de su industria de generación eléctrica produce además trabajos e ingresos para distintos actores, aportando al desarrollo económico sostenible en la isla.

Ahora bien, desplazando el “impuesto al sol” y/o el “cargo de transición”, aún permanecen latentes barreras para masificar la energía solar en este mercado. Solar United Neighbors of Puerto Rico repasa las principales tres: 

“Nosotros intentamos apoyar al consumidor. Pero nuestro modelo de compra colectiva sólo ayuda a superar la situación con descuentos y apoyo para los participantes”.

“Aún hay barreras de acceso a gente con pocos ingresos. En el archipiélago no se puede aprovechar del crédito fiscal federal de 26%. Hay demoras con la interconexión de parte LUMA. Y también hay falta de protección por parte del consumidor”, acusaron.

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