El diagnóstico realizado por especialistas del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA) sobre la “Evaluación de la política climática en México” –que fue enmarcada en la Ley General de Cambio Climático (LGCC)– se justificó en la necesidad de incorporar a la sociedad civil a la revisión de aquel análisis inicial para reforzarlo e indicar qué otras variables se podrían indicar en próximas ediciones. (ver)

Este aporte, según Anaid Velasco, autora del documento y miembro activo del CEMDA, sirve “sobre todo, en el nuevo contexto en el que estamos, donde tenemos una nueva administración pública y estamos gestando los nuevos instrumentos de política, que tendrían que recoger todas estas recomendaciones”.

Los resultados de la evaluación 2017 habían indicado que el diseño del Programa Especial de Cambio Climático (PECC) no permitía conocer de manera integral los resultados de su implementación de tal forma que se reflejen los esfuerzos o no de la administración pública federal en materia de adaptación y mitigación al cambio climático.

Según indican desde CEMDA, la falta de información dificulta la toma de decisiones pertinentes y no permite la participación social adecuada en el diseño, implementación y seguimiento de los resultados.

“En CEMDA fuimos un poco más allá y rescatamos lo que la coordinación de evaluación emitió  e hicimos un ejercicio comparativo de cómo esto estaba contribuyendo o no en el avance del cumplimiento de la Contribución Nacional Determinada (NDC)”, indicó la autora del documento lanzado públicamente ayer.

De allí es que consideran que, el Programa Nacional de Cambio Climático, la Política Nacional de Adaptación, como así también las contribuciones determinadas a nivel nacional y otros programas de entidades federativas deberían recoger estas sugerencias como instrumentos de planificación que son.

En lo que se refiere a la política de mitigación, los especialistas de CEMDA junto a miembros de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) indicaron que las acciones y metas deberían estar orientadas a reducir las emisiones procedentes de diversos sectores o a mejorar los sumideros de gases y compuestos de efecto invernadero, tomando los compromisos de la NDC como punto de partida para el siguiente PECC.

Por aquello, resultaría fundamental “desincentivar proyectos como la explotación de combustibles fósiles y de yacimientos minerales de carbón y promover la transición energética, incorporando instrumentos de financiamiento y alternativas de fuentes renovables de energía”.

“La refinería de Dos Bocas y la generación carboeléctrica son proyectos contrarios a los compromisos de mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero que el país ha suscrito a nivel internacional, pues siguen apostando por la dependencia de los combustibles fósiles”

“Los proyectos como carboeléctricas y refinerías retrasarían el cumplimiento de las metas de mitigación establecidas en el Acuerdo de París”, afirmaron los especialistas en un comunicado oficial.

Respecto a adaptación, estas organizaciones civiles señalaron que hasta ahora los indicadores propuestos se limitan a medir el grado de avance en la elaboración de instrumentos que gestionan el riesgo, pero no se mide su efectiva aplicación.

En este sentido, se recomienda principalmente relacionar directamente las líneas de acción del PECC con la inclusión de criterios de adaptación y de cambio climático tanto en el sector agrícola como en los proyectos de inversión pública que consideren construcción y mantenimiento de infraestructura señalados en la NDC.

«La comunidad científica internacional ha enfatizado la urgencia de implementar cambios sin precedentes en los próximos once años para evitar una catástrofe climática que afectaría a millones de personas más, pero las acciones del Estado mexicano a 2030 se quedan cortas para atender esta emergencia, olvidando la obligación nacional e internacional de garantizar una transición energética realmente limpia y con perspectiva de derechos humanos», afirmó Astrid Puentes Riaño, Codirectora de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). 

La aportación del diagnostico indicó una serie de elementos que escaparon a la evaluación oficial. Entre ellos se destacan:

-Principios de política climática: prevención, responsabilidad ambiental, participación, información, entre otros.

-Integración de enfoques y temas transversales: derechos humanos, género, pueblos indígenas, comunidades locales y migrantes, discapacidad, ciudadanos vulnerables. 

“Esto no es un tema menor (…) la construcción de estos instrumentos deberían partir de estos principios y enfoques, para luego poner otras medidas como el atlas de riesgo, infraestructura resiliente, la transición energética, entre otros”.

Allí es donde destacan desde CEMDA que es donde debería poner prioridad la actual administración “sobre todo por se nos ha prometido que esta nueva administración (…) deberíamos partir de estos principios, cumplirlos y evaluar a partir de ellos y no sólo en toneladas mitigadas en números de atlas, sino también en personas beneficiadas”.

A partir de allí, retomando el tema de energía como uno de los temas estratégicos para el actual Gobierno nacional, sí se indicó como positivo el punto del PND que se refiere a comunidades locales como generadores de energía renovable.

No obstante, los miembros de estas organizaciones civiles advierten que “para avanzar en el cumplimiento de las metas trazadas en la política climática nacional, México requiere acelerar la transición a energías renovables y la política climática del nuevo gobierno deberá fortalecer los mecanismos de participación, transparencia, acceso a la información y justicia, afirmaron estas organizaciones”.