La Cámara Argentina de Energías Renovables (CADER) y KPMG Argentina presentaron hoy el informe “Energía Renovables en Argentina. Desafíos y oportunidades en el contexto de la transición energética global” y se señala  en su introducción que “en medio de la crisis pandémica del Covid-19, Argentina se enfrenta al desafío de avanzar aceleradamente en la transición energética impulsada por el cambio climático a nivel global. 

Y como principales conclusiones se destacan las siguientes:

  • Transición energética global. La aceleración de la transición energética observada en los países centrales está ejerciendo creciente presión sobre los países en desarrollo, entre los que se encuentra Argentina, cuyas emisiones de GEI per capita (8,4 tCO2e) son 15% más altas que el promedio de los países del G20 (7,3 tCO2e).
  • Cuota de consumo renovable. El horizonte de los objetivos de la Ley 27.191 debería ser extendido a una cuota del 30% a 2030 a fin de asegurar un sendero de transición en cumplimiento con el Acuerdo de París. Esto sería especialmente relevante para dar señales de largo plazo para la toma de decisiones de inversión en el sector.
  • Industria nacional. El país tiene una base de capacidad industrial instalada que le otorga el potencial necesario para desarrollar segmentos de fabricación de partes, ensamblado y prestación de servicios para las distintas tecnologías renovables durante todo su ciclo de vida, incluyendo los servicios de operación y mantenimiento. La participación de insumos producidos por la industria nacional sumado a la mano de obra local en proyectos solares fotovoltaicos de baja y mediana escala puede significar cerca del 65% de la estructura de costos. En proyectos bioenergéticos, los proveedores de origen nacional pueden significar hasta el 80% de la estructura de costos totales.
  • La incorporación de energías renovables a la matriz eléctrica contribuye a asegurar el autoabastecimiento energético ante escenarios de baja producción local de gas natural, o bien la maximización de exportaciones energéticas en caso de que el desarrollo del gas natural se acelere en el país. En el pico de demanda invernal de julio de 2020, se registró un 38% menos de disponibilidad de gas natural para generación térmica que en el mismo mes del año anterior.
  • Generación distribuida. El desarrollo de la generación distribuida es incipiente en el país y necesita acelerarse para cumplir el objetivo de 1 GW a 2030. La autogeneración en hogares y empresas es un vector clave para la incorporación de fuentes renovables a la matriz energética nacional. Es fundamental que el sistema eléctrico tienda hacia condiciones de paridad de red, así como también activar mecanismos de financiamiento (e.g. FODIS) que incentiven la adopción del sistema. Actualmente, existen poco más de 500 instalaciones conectadas a la red por 5 MW.
  • Restricción de transporte. Las limitaciones de la red de transporte son el principal desafío a corto plazo para aumentar la participación de las energías renovables en el sistema. La infraestructura de transporte actual sólo permite llegar hasta algo más de 12% de la demanda con fuentes renovables, muy por debajo del objetivo de consumo del 20% establecido por la Ley 27.191 para 2025.
  • Financiamiento. El acceso al financiamiento es una barrera principal al crecimiento de las energías renovables de gran escala y del sistema de generación distribuida. Argentina sólo ha recibido el 5% del volumen de inversiones realizadas en Latinoamérica entre 2008 y 2019. Teniendo en cuenta su peso relativo en la región, en términos de producto bruto y población, los niveles de inversión deberían ser significativamente mayores. Argentina debe restablecer sus equilibrios macroeconómicos para que los proyectos renovables puedan acceder a las fuentes de fondos actualmente disponibles en el mundo para financiar activos renovables, tales como préstamos climáticos y bonos verdes.
  • Plan estratégico de transición energética a 2030. El país necesita un plan federal de largo plazo que indique la hoja de ruta para la transición energética hacia una matriz renovable y limpia, integrando el plan de inversiones requeridas para la expansión de la red de transporte. El proceso de planificación integral de largo plazo debe articular los esfuerzos del sector público y el sector privado en un ámbito federal, asegurando que el plan se traduce en la acción necesaria para alcanzar los objetivos de la matriz energética nacional y cumplir con los compromisos internacionales asumidos por el país.

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