El escrito, que fue presentado en la mañana de ayer bajo el patrocinio del abogado Leonardo Berber, busca el objetivo de impugnar la resolución ministerial y “procurar restablecer el equilibrio y las normas violadas”, ya que sostiene que “lesiona, restringe, altera y amenaza con arbitrariedad e ilegalidad manifiesta los derechos colectivos y garantías de la sociedad”.

En el amparo especifican que el pasado 25 de enero el ministerio de Energía, a cargo de Juan José Aranguren, resolvió dejar sin efecto las anteriores normativas aplicables a la regulación del servicio de energía eléctrica, modificando en su totalidad los esquemas de precios vigentes hasta el año 2015, con un peligro evidente de distorsión de todo el sistema energético por la evidente suba de precios y costos por la utilización de la electricidad en todo el territorio nacional.

Además plantea que toda modificación del régimen tarifario requiere de una convocatoria a audiencia pública efectuada por el Enre, donde el Poder Ejecutivo Nacional debe presentar los argumentos que justifiquen la toma de decisión en función de una base democrática con intervención popular directa, “lo que se omitió flagrantemente en el caso de marras, tomándose una determinación autónoma, ilegal, arbitraria y dañina para la sociedad en su conjunto que no tuvo oportunidad de ser oída como lo manda la ley”, aseguró Hugo Argerich.

Para el legislador, se pretende justificar la determinación tomada “con un discurso público alusivo a la regularización del servicio y sinceramiento de precios”. “Lo real y concreto es que la resolución de marras provoca -aseveró- un quiebre social por la aplicación de los nuevos cuadros tarifarios, donde las clases medias y más necesitadas resultan afectadas por la nueva disposición de recursos económicos para afrontar los pagos pertinentes, sin la correlativa garantía de que el servicio funcionará en condiciones óptimas”.

Entiende que de la suba del precio por el servicio no se deduce una contraprestación a cargo del ente encargado de brindarlo, por el contrario, se exige una regularidad en el pago por parte de las distribuidoras locales con escaso margen de mora, lo que redunda en un beneficio inaudito para Cammesa. “Como se evidencia, la resolución pone su foco benevolente a favor de la mayorista a costas de la sociedad toda, en una determinación totalmente absurda, irracional, arbitraria e ilegal”, enfatiza.

Al mismo tiempo, se procede a la quita de los subsidios a los usuarios del servicio público esencial de energía eléctrica, “resultando despojada la población de una importante cantidad de recursos económicos que anteriormente contribuían al mantenimiento familiar, vulnerando el derecho de propiedad en el sentido constitucional del término, al provocar una pérdida real del poder adquisitivo de las familias al disponer de menos recursos para la subsistencia”.

Argerich se pregunta en el recurso si es posible que el gobierno nacional impulse un aumento del 500 por ciento en el costo de la energía eléctrica mientras en contrapartida impulsa procesos de aumentos salariales con techo del 25 por ciento, “es decir, en términos numéricos la relación que se provoca es de 20 por ciento a 1”.

A estas alturas no quedan dudas del impacto económico en el bolsillo de la gente que tiene la resolución ilegitima, ilegal e inconstitucional de la que se busca protección por esta vía procesal”, concluye.

Suba del 500 por ciento

Para el diputado provincial Hugo Argerich, en función de los indicadores elaborados por el Indec, referidos a línea de pobreza y línea de indigencia, con la medida adoptada por el ministerio de Energía y Minería gran parte de la sociedad entrará en situación de indigencia o pobreza al tener menos recursos para cubrir sus necesidades básicas. “Este es el modo en que afecta la determinación del citado ministerio, al bolsillo de la comunidad catamarqueña y del resto del país”, detalla.

En otros términos, agrega, las subas previstas en el nuevo esquema tarifario implican aumentos de hasta el 500 por ciento con respecto a los valores vigentes hasta enero de 2016”.

Con esos nuevos montos, un usuario que abonaba anteriormente $ 500, ahora deberá pagar una suma aproximada de $ 2500, perdiendo en una capacidad económica $ 2000 por la determinación del funcionario nacional, y viendo reducido su nivel de vida familiar y social”, explicó.

Fuente: El Esquiu.