Brasil presentó el 10 de septiembre, a través de la Empresa de Pesquisa Energética (EPE), su Plan Decenal de Expansión de Energía (PDE) 2023, un conjunto de acciones presupuestadas en 97.200 millones de dólares, que prevé, entre otras metas, la producción de 5 millones de barriles diarios de petróleo en 2023 y una expansión de su generación eléctrica por fuentes renovables.

«En los próximos 10 años, los países desarrollados pasarán por un proceso de ajuste de sus economías con una gradual recuperación en la segunda mitad del período«, se lee en la introducción del trabajo, que postula un escenario en el que Brasil crece en ese período a una tasa más alta que la media mundial.

En materia eléctrica, el plan incorpora los resultados de las subastas de energía realizadas hasta fines de 2013, cuando se comercializaron 7.200 MW de potencia, sumados todos los proyectos e incluidos allí cerca de 4.700 MW de energía eólica, informa la entidad.

El plan propone expandir la generación preferentemente a partir de fuentes renovables por una razón de «desarrollo sustentable«, pero también «por el precio competitivo que esas fuentes han demostrado en las recientes subastas«, argumenta el organismo. Para las usinas aún no contratadas, el volumen de recursos llega a unos 64.000 millones de dólares, de los cuales un 40% será para hidroeléctricas, un 49% para el conjunto de fuentes renovables (PCH, biomasa, eólica y solar) y un 11% para centrales termoeléctricas.

Tipos de energía

En materia de generación termonuclear, la expansión consta de una nueva usina (Angra 3), con capacidad instalada de 1.405 MW, cuya contratación ya fue autorizada en la modalidad de energía de reserva, indica la EPE. Esa planta, con la que el Gobierno apunta a aumentar en 71% el parque nuclear existente -pasando de una generación de 1.990 MW a 3.395 MW- se levanta al sur de Rio de Janeiro y debe entrar en operaciones en junio de 2018.

Al referirse al petróleo, el trabajo considera un papel más relevante de Brasil en el mercado mundial durante el período abarcado, en el que el país actuará «como exportador líquido en función de la producción de campos ya delimitados y de la producción del área del pre-sal«.

Al cuantificar esa producción, el documento calcula 5 millones de barriles diarios para 2023, estimando una demanda interna de 3,5 millones de barriles, quedando el 1,5 millón restante disponible para exportación.

La energía eólica continuará creciendo dentro de la matriz energética brasileña, apuntando a una capacidad instalada de 22.439 MW en 2023, de acuerdo con lo proyectado por la EPE. Ya fueron concedidos proyectos de generación con los cuales aumentará la capacidad a 10.000 MW en 2018. Para 2015, está prevista la incorporación de otros 5.645 MW generados por las usinas, mayormente instaladas en el norte del país.

Para la subasta hidroeléctrica del 28 de noviembre próximo, en tanto, se han inscripto 1.115 emprendimientos, que apuntan a generar 53.869 MW adicionales, a través de nueve plantas hidroeléctricas.

Tierras indígenas

Suscriptor de la Convención 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, Brasil se obliga a consultar previamente a los pueblos que puedan resultar afectados directamente «por medidas legislativas o administrativas«.

De allí la declaración que consta en el documento en el sentido de que «la instalación de proyectos previstos en este plan que interfieran en tierras indígenas exigirán esfuerzos adicionales de gestión«.

Un ejemplo de ello es la licitación del complejo Tapajós, que había sido postergada debido a conflictos con la tribu homónima, que se oponía al proyecto. Subsanados los procedimientos, el proceso fue retomado esta semana, al determinarse la fecha del 14 de diciembre para la adjudicación de la primera de las dos plantas allí previstas, una de 6.100 MW (São Luiz do Tapajós, que debe entrar en operaciones en 2019) y otra de 2.300 MW (Jatobá, para arrancar en 2020).

Conflictos con otros grupos indígenas también se registran en el territorio donde el Gobierno se propone levantar la obra Belo Monte, considerada la tercera hidroeléctrica más grande del planeta y cuya construcción ya fue interrumpida una decena de veces por los habitantes de la región.

El programa PDE permanece abierto a consulta pública hasta el próximo 5 de octubre, fecha en que ciudadanos y organizaciones podrán hacer objeciones o pedir reformulaciones.