Hay doce proyectos de energías limpias por un total de 1.124 MW de potencia eléctrica que estarían complicados, según relevó la cartera que conduce Sergio Lanziani, el Secretario de Energía, a raíz de que acumulan demoras a partir de la fecha establecida para la inauguración comercial.

Estos expedientes superan los días 180 reglamentarios de cláusula que tienen los privados para subsanar la inversión comprometida.

Y aunque están fuera del límite legal, en realidad, el Gobierno se propone analizar “caso por caso”, reconociendo las restricciones para acceder al financiamiento que se suscitaron a comienzos de 2018.

Este cambio de las reglas de juego, además de afectar a las adjudicatarios de las licitaciones, abrió una puerta legal para que las compañías intenten justificar incumplimientos por causas de fuerza mayor ante un tribunal local o internacional, tengan o no razón, lo que complica el proceso.

De hecho, el Gobierno reconoce que en su gran mayoría las firmas involucradas solicitaron prórroga para inaugurar las centrales de energías renovables, tal como se describe en el primer análisis estadístico que muestra el relevamiento oficial.

Por eso, las autoridades están evaluando el estado de situación de cada emprendimiento. Y por lo visto, salvo contadas excepciones, las empresas pidieron más tiempo para construir los parques basadas en la Resolución MEyM N° 285-E/2018.

Todos los referentes consultados por este medio, sean abogados, empresarios y funcionarios, asumen que el tema contratos no será sencillo de resolver para Lanziani y su equipo.

Por más que quedaron pendientes de la anterior administración, reconocen que es necesario darle una respuesta para ordenar el mercado en el corto plazo, y así entender qué capacidad quedaría nuevamente disponible en el sistema de transmisión de energía eléctrica en alta tensión.

Lo que también busca la cartera de energía es evitar litigios con arbitrajes internacionales, el seguimiento de proyectos que no conducen a buen puerto, el malgasto de recursos administrativos, y los honorarios de los estudios de abogados.

En tanto, para los contratos que buscan continuar, la idea del oficialismo es dar tiempo a los inversores que demuestren interés real en construir, incorporando herramientas financieras, por caso, cartas de crédito. Para ello se está pensando una nueva Resolución que marque las condiciones.

Los referentes de la industria nacional, mientras tanto, ya están reclamando que una de las exigencias para reflotar los proyectos sea incorporar más contenido local, ofreciendo generar empleo y evitar importaciones, dos puntos que interesan al ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas.

La “Black List”

En concreto, respecto al nuevo relevamiento que baraja la Secretaría de Energía y que tuvo acceso Energía Estratégica, figuran tres emprendimientos de bioenergías, cuatro pequeños aprovechamientos hidroeléctricos, tres solares fotovoltaicos, y dos eólicos.

En este documento, uno de los expedientes que aparece es el de la Central Térmica Biogás Ricardone, presentada por la sociedad Global Green Ricardone, en la primera licitación lanzada durante la gestión de Cambiemos, en 2016.

Como su nombre lo indica, la planta estaba prevista en Ricardone, provincia de Santa Fe, por una potencia de 1.2 MW. Ganó en la subasta con un precio de venta de energía de 118 dólares por MWh.

Al día 8 de enero del 2020, la firma llevaba una demora de 561 días, la mayor registrada por el Gobierno hasta el momento, dado que fue adjudicada en la primera tanda del Programa RenovAr, allá por 2016.

Tres hidroeléctricas presentadas por el socio estratégico Grupo Ceosa se ubican en el segundo puesto con 340 días de atraso, siempre contando desde el 8 de enero del 2020.

Es por los proyectos Salto 6 y 8 de la propuesta “Canal Cacique Guaymallén”, ofertados por Energía de los Canales S.A y Energía de las Tunas S.A.

También Ceosa propuso el “Dique Tiburcio Benegas” y “Triple Salto Unificado”. En todos los casos el precio de venta de energía ofertado fue de 105 dólares el MWh.

Uno de los eólicos que figura en la “black list” es “Vientos Reta”. El 26 de julio de 2018 recibió la notificación oficial del entonces Secretario de Energía, Javier Iguacel, en la que avisó que instruía a la Compañía Administradora del Mercado Eléctrico Mayorista (CAMMESA) a iniciar el proceso de rescisión de su contrato adjudicado en el marco de la Ronda 1.5 del Programa RenovAr Aires con un precio de venta de 46 USD/MWh.

Tuvo la misma suerte que el Parque Solar Sarmiento, dos casos testigos que aprovechó el Gobierno anterior para dar una señal contundente al mercado de la importancia de respetar los hitos de los contratos, pero Vientos Reta luego ratificó sus intenciones de continuar con la construcción, ampliando la garantía de cumplimiento de contrato por 11 millones de dólares.

Así logró compensar el incumplimiento de dos hitos: cierre de estado financiero e inicio de construcción. No obstante, lleva 261 días de demoras de la habilitación comercial, lo que refleja las dificultades de los privados para conseguir créditos de la banca internacional.

El segundo eólico del relevamiento oficial es Eólica Koluel Kayke, un parque de 25 MW con 232 días de retraso de la habilitación comercial estipulada por contrato (siempre desde el 8 de enero del 2020). Fue adjudicado en el marco de la Resolución 202 con un precio de 72,33 dólares por MWh.

En lo que respecta a bioenergías, dos centrales térmicas presentadas por el socio estratégico Silvina Hacen también figuran en el listado por sus proyectos “Del Rey” y “Don Nicanor”. Ambas plantas tendrían una potencia de 1 MW cada una.

Los proyectos solares fotovoltaicos que están fuera de término son “Nonogasta II” (40,44 MW) y “Nonogasta IV” (41,76 MW) con 250 días de atraso. También el Parque Solar Anchoris del Grupo Ceosa de 21,30 MW, adjudicado con un precio de 48 dólares el MWh.

Antecedente

El primer conflicto que refleja la complejidad legal se dio con el Parque Solar Sarmiento, planificado en San Juan, cuyo proceso de rescisión se inició durante la gestión de Javier Iguacel, ex Secretario de Energía, a mediados de 2018.

Sus titulares, la estadounidense Soenergy y la alemana Sybac, intentan dirimir el conflicto en un arbitraje internacional, con sede en Nueva York, a los fines de acelerar la negociación con el Gobierno para que flexibilice las sanciones.

Ronda 2, complicada

Exclusivamente en la Ronda 2 del Programa RenovAr, se detectaron 30 emprendimientos que no respetaron al menos un hito de los que plantea el pliego de licitación, ya sean: la fecha programada de cierre financiero, el comienzo de construcción o el principio efectivo de ejecución. En total suman 815 MW.

Esta subasta, cabe aclarar, se vio comprometida por la crisis macroeconómica que comenzó en abril de 2018 y desencadenó en un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Un mes después, se produjo la firma de contratos, en un escenario de plena incertidumbre.