Las tecnologías Biomasa y Biogás tienen varios factores en contra para desarrollarse en Argentina, a pesar de que cuenta con recursos superiores a las potencias en la materia por su imponente matriz productiva agropecuaria, envidiable por otras plazas como Alemania e Italia, líderes mundiales.

El primero es que en la Subsecretaría de Energías Renovables de la Nación no hay ningún funcionario que “venga del palo”. Y por tratarse de generación eléctrica, es la cartera que lanza las licitaciones públicas para todas las fuentes limpias, incluidas biomasa y biogás.

En general, los decisores públicos provienen de otras ramas, principalmente eólica y solar, por lo que no conocen en detalle sus características. Al menos es lo que interpretan los privados cuándo se juntan a conversar los detalles de la actividad.

El programa PROBIOMASA, dependiente del Ministerio de Agroindustria, muestra voluntad de incentivar el desarrollo de proyectos, pero lo cierto es que no tiene la lapicera para lanzar un marco regulatorio propio.

Por eso, hasta ahora se concentra en realizar estudios técnicos, formar recursos humanos y divulgar los beneficios de dichas tecnologías. Como dijo un empresario consultado por este medio: “no pincha ni corta”.

Otra debilidad, y quizás la más importante, es que sus inversores ofrecen precios hasta tres veces por encima de sus competidoras limpias, al menos en las condiciones de mercado actuales, es decir, sin considerar el costo que agregaría la reserva de “potencia fría” que requieren eólica y solar para equilibrar el sistema de despacho eléctrico por ser intermitentes.

El tercero es que hablar de biomasa y biogás, en realidad, es mezclar peras con manzanas. Los recursos para generar energía eléctrica son variados y están desparramados por todo el país, lo que impide un discurso homogéneo entre sus representantes.

Los gobernadores y diputados tampoco conocen de sus beneficios y externalidades, por eso no reclaman al Ministro de Energía, Javier Iguacel para que abra el juego. ¿Cuántos proyectos de biomasa y biogás hay presentados en el Congreso? Son pocos y sin consistencia. Según supo este medio, próximamente será ingresado uno en la Comisión de Energía y Combustibles. Para eólica y solar, en cambio, sobran

En este contexto político y de mercado se reunieron ayer representantes de los sectores público y privado. En concreto, participaron funcionarios de los Ministerios de la Producción y Energía y dirigentes del INTI, CIPIBIC, CADER y AFOA, entre otros.

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Los temas que plantearon trabajar son: exención impositiva a la importación de equipos y partes necesarios para la construcción de centrales; analizar un marco regulatorio específico para la industria; elaborar un nuevo convenio colectivo de trabajo; nuevas líneas de financiamiento; facilidades para acceder a los créditos del banco BICE; reintegros impositivos; entre otros.

El ingreso a tasa cero para la compra de insumos en el extranjero debería salir por Decreto, con la firma del Presidente Macri, lo que demoraría el proceso.

La realidad es que los diversos organismos y asociaciones empresarias no hicieron oportunamente las gestiones para incluir biomasa y biogás en el “Decreto 814/2017”. Allí se determinó el esquema arancelario para sistemas fotovoltaicos y de energía eólica.

Similar es el caso en lo que respecta a un convenio laboral propio. Tampoco las bioenergías se posicionaron en la última audiencia sectorial que discutió el tema con el Ministerio de Trabajo, la semana pasada.

Desde el punto de vista del financiamiento, el acceso a créditos del banco BICE es complicado para todas las tecnologías. Y el contexto financiero, claro está que no colabora.

Lo más importante y necesario es la elaboración de un marco comercial y técnico propio que incluya los diversos tipos de biomasa disponibles en  el país. ¿Se podrá abrir una ventanilla para presentar proyectos? El esquema de licitación actual, los empresarios lo consideran restrictivo.

Estos son algunos de los puntos que plantearon los empresarios para trabajar próximamente con autoridades. Ahora queda a cargo de los privados entregar informes sobre costos y externalidades positivas que permitan avanzar con las medidas que reclaman a los funcionarios.

Macri, en la próxima plenaria que tendrá como objetivo relevar las conclusiones sobre las mesas de trabajo, será el auditor máximo. ¿Habrá resultados?