Al ser avalada en comisiones unidas de Energía y Recursos Hidráulicos, Hacienda y Presupuesto, se esperó a la aprobación en el Pleno de la Cámara de Diputados, la cual se realizó este jueves 16 de julio.

Sin embargo, de acuerdo con Periodismo Negro, la diputada Miriam Cano, quien participó en la elaboración del Dictamen 01 de las Comisiones Unidas de Energía y Hacienda de la XXIII Legislatura, se molestó y se negó a proporcionar información sobre el contrato de compra de energía, lo cual comprometería las finanzas públicas por 30 años y con cifras que rondan en más de 5 mil millones de pesos.

De acuerdo con el Zeta, el decreto autoriza al Poder Ejecutivo para que “directamente o a través de sus entes paraestatales” realice gestiones administrativas y financieras necesarias, para la celebración, a más tardar el 30 de septiembre de 2020, del contrato plurianual de energía eléctrica derivada de una planta generadora de energía solar fotovoltaica, “siempre que el costo de energía eléctrica KwH sea menor al de la tarifa contratada actualmente por la Comisión Estatal del Agua”.

A su vez, se autoriza al Ejecutivo “para que suscriba la carta de crédito o garantías necesarias para responder, en su caso, del cumplimiento del contrato que se celebre”, también se autoriza que, “en caso de que el contrato sea suscrito por una entidad paraestatal, el Poder Ejecutivo se constituya como garante o aval respecto del consumo de energía, a través de los mecanismos idóneos que se acuerden con la empresa”.

Una vez finalizado el contrato plurianual, el terreno incluyendo sus activos pasarán a la propiedad del Estado.