Greenergy llevó a cabo una nueva convocatoria de su ciclo de webinars para debatir las “Disrupciones Económicas y Técnicas en el Sector Eléctrico”. Durante su participación, Carlos Eduardo Ortiz Díaz, CEO de la empresa, indagó: «Si no nos permiten como privados participar del sector eléctrico, ¿a dónde vamos?».

Aquel puntapié generó variedad de comentarios en representantes de distintas asociaciones del sector solar fotovoltaico mexicano invitados a aquel evento online.

«Hay que estar muy atento de las disposiciones de la autoridad (…) lo que va a suceder mañana es producto de las políticas públicas de hoy. Los proyectos de generación renovable son a largo plazo y la demanda de México crece al 3% anual, no podemos ignorar eso. Además, creo que lo más importante para el desarrollo de un país es la certidumbre política. No se pueden cambiar las reglas del partido durante el partido, es decir después de que hicieron inversiones y se cumplió con la regulación», señaló Israel Hurtado, secretario ejecutivo de la Asociación Mexicana de Energía Solar (ASOLMEX).

Entre las afectaciones que identificaron empresarios del sector se indicó que sólo a partir del «Acuerdo para Garantizar la Eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad y Seguridad del Sistema Eléctrico Nacional» el gobierno estaría afectando inversiones de energías renovables por USD 6,400 millones en México.

Aquella cifra se refiere exclusivamente a grandes centrales de generación que ven limitada su operatividad e impedido el acceso a la red. Otros segmentos también se encontraría con barreras.

«La Generación solar distribuida no tiene las mismas afectaciones que la gran escala. Sin embargo, reconozco una fuerte simbiosis entre ambos, sobre todo en el interés que pueden tener grandes fabricantes de la tecnología en el país. Y no tener alternativas o verlas limitadas en la coyuntura actual lleva a que el acceso a un precio competitivo sea más difícil», dijo Leonardo Velasco, presidente de la Asociación Mexicana De La Industria Fotovoltaica (AMIF).

Respecto al Acuerdo “Política de confiabilidad, seguridad, continuidad en el sistema eléctrico nacional” presentado días atrás por la Secretaría de Energía (Sener) también se emitieron comentarios oportunos al respecto.

«El problema es que se quiere limitar la competencia. Esa parte del mercantilismo es lo que le molesta a este Gobierno y queda claro que no respetan los acuerdos y la inversión fomentada y ganada en el sexenio anterior», advirtió Javier Romero Durand, director ejecutivo de la Asociación Mexicana de Fabricantes de Equipos Fotovoltaicos (AMFEF) y miembro del Consejo Directivo de la Asociación Nacional de Energía Solar (ANES) como Secretario de Asuntos Industriales.

Y agregó, «sabemos que las atribuciones de la secretaría de energía son dictar las políticas públicas energéticas, sin embargo no puedes poner a un documento ‘Acuerdo de políticas energéticas’ y estar incluyendo atribuciones de otras entidades».

Por otro lado, otro de los temas importantes que se trataron durante el webinar de Greenergy tuvo que ver con la expansión de las redes de transmisión del sistema eléctrico nacional. Los empresarios acordaron en la necesidad de nuevas inversiones en infraestructura de red y que de no avanzar en un plan estratégico se debería apoyar la generación distribuida y tecnologías de almacenamiento en microrredes.