Las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC) presentadas por México ante las Naciones Unidas significaron, como parte del Acuerdo de París, un compromiso de reducción de emisiones. 

El documento contempló dos componentes: una contribución condicionada y otra no condicionada. Que podrían estar sujetas o no a aspectos para incrementar las ambiciones en los sectores de transporte, electricidad, industria, petróleo y gas, agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra.

Pasados casi cinco años de realizado aquel compromiso internacional y vistas las recientes recomendaciones del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPPC) de reducir hasta 1.5º la temperatura del planeta, instituciones mexicanas plantearon una actualización del documento destinada a incrementar las NDC.

Un elemento necesario a trabajar será acelerar la transición energética. Por ello, en un foro organizado el mes pasado participaron asociaciones civiles y empresarias tales como la Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE), Agora, la Asociación Mexicana de la Industria Fotovoltáica (AMIF), la Asociación Mexicana de Energía Solar (ASOLMEX), Ethos, el Grupo de Financiamiento Climático para América Latina y el Caribe (GFLAC), Iniciativa Climática México (iCM), Públika, The Climate Reality Project y World Wildlife Fund (WWF).

“Hay un gran consenso sobre lo que se debe hacer en el sector eléctrico. En transporte o agricultura se dan debates en torno a los distintos enfoques de acción y ese no es el caso del sector eléctrico. En este sector hay claridad”, comentó a este medio Luis Felipe Romero Gonzalez, especialista en energías renovables para WWF México.

Entre los principales aportes relacionados a la penetración de energías renovables, Romero Gonzalez indicó que en la mesa del sector eléctrico los asistentes evaluaron tres principales medidas para alinear el presupuesto al carbono con la reducción de emisiones hasta 1.5º.

La primera es alcanzar el 50% de la generación de electricidad a partir de fuentes renovables de energía. Esto es diferente de lo que se establece por ley y a través de los compromisos internacionales, cuya referencia es alcanzar el 50% de “energías limpias” al año 2050.

Paralelamente, como segunda medida, se plantea desplazar de forma acelerada la generación eléctrica a partir de combustóleo y fundamentalmente carbón que si bien hoy representa un poco menos del 10% de la capacidad instalada a través de 3 centrales de este tipo, serían la que más emisiones generarían.

Adicionalmente, la última medida estaría destinada a reducir las perdidas técnicas y no técnicas de la red eléctrica de transmisión y las redes generales de distribución. El replanteamiento abarcaría dos principales sentidos: reducir pérdidas y ampliar a la vez de modernizar las redes.

“Todos los participantes estuvieron de acuerdo con la factibilidad técnica y económica de las tres medidas. La única discrepancia en este sentido se dio en relación a las pérdidas no técnicas, relacionadas directamente a robos de luz, lo que hace a ese punto más complejo de evaluar”.

“Ahora bien, donde se suscitó la mayor polémica fue en la factibilidad política de estas medidas. Lo que nos encontramos es que el discurso de la actual administración este año no está completamente alineado con lo que el foro pretende. Ahí, tenemos una disyuntiva pese a que sabemos que es factible incrementar las energías renovables técnica y económicamente”, desarrolló Luis Felipe Romero Gonzalez.

Con la intención de alinear los esfuerzos del sector público y privado, es iniciativa de este foro presentar un documento con propuestas legislativas y políticas a las máximas autoridades para poder encausar las Contribuciones Nacionalmente Determinadas con la incorporación de más energías renovables.