El gobierno de Argentina lanzó el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático (PNAyMCC), por el cual fija una serie de medidas y acciones para alcanzar las metas de adaptación y mitigación detalladas en las Contribuciones Nacionales Determinadas (NDC) hacia el 2030. 

El documento menciona la necesidad de bajar las emisiones de gases de efecto invernadero e incluye líneas de acción destinadas a las energías limpias y renovables, pero marca objetivos a mediano y largo plazo que ya fueron planteados por el sector desde hace varios años y no redobla la apuesta por ellos.  

Las metas para la generación centralizada de baja, mediana y gran escala están enfocadas en cumplir con la Ley N° 27191, la cual establece que la generación renovable deberá alcanzar mínimamente el 20% del total del consumo eléctrico nacional, al 31 de diciembre del 2025. 

Para ello, el país deberá incorporar alrededor de 2600 MW de nueva potencia renovable no convencional (solar, eólica, PAH o bioenergías), lo que representaría entre 6.500 y 11.000 millones de dólares (MUSD) de inversiones. Aunque con la vigente problemática de la falta de capacidad en las redes de transmisión. 

Sin embargo, uno de las grandes ausencias del PNAyMCC es la actualización de las metas de participación de renovables hasta un 30 o 35% hacia el 2030; considerando que restan pocos años para llegar a la fecha tope que estipula la Ley 27191 y que, incluso, fue uno de los compromisos anunciados por Alberto Fernández durante las apertura de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación del 2021 y 2022. 

Y si bien sí se señala que se desarrollarán mercados eléctricos regionales con foco en reducir la generación forzada mediante proyectos renovables de baja escala (<90 MW), aprovechando la capacidad de transporte disponible y/o instalaciones de almacenamiento de energía en puntos de la red, no hay objetivos cuantitativos concretos. 

Sino que se buscará fortalecer la infraestructura de redes de distribución de energía eléctrica existentes, disminuir los cortes eléctricos donde se implementen las centrales y reducir el costo de generación de la energía eléctrica de las comunidades. Proyectos que serán impulsados mediante “mecanismos de priorización y financiamiento”, en base a los resultados de las manifestaciones de interés.

Por el lado de la generación distribuida, la estrategia gubernamental prevé que se implementarán acciones y programas tendientes a facilitar, permitir, aumentar y difundir la generación y uso de renovables en industrias y comercios como también que se promoverá a nivel residencial y comercial. 

En el primero de los casos, se estima que, a 2025, habrá 20.000 MiPyMEs participando de acciones de dicha índole y otras 500 grandes industrias planificarán la incorporación renovables en sus instalaciones.

En tanto que hacia el 2030, el número de las MiPyMEs con energías limpias aumentará a 30.000 y las para las grandes industrias subirá solamente a 800, hecho que implicará una asistencia técnica entre USD 10.500 y USD 15.000 por empresa.

Además, por el lado de la generación distribuida integrada a la red eléctrica pública, el documento elaborado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible propone que se instalarán 1000 MW renovables hacia la próxima década, con una estimación de gastos de MUSD 1100. 

Pero cabe recordar que Argentina hoy en día cuenta con menos de 1000 usuarios – generadores y  16,77 MW conectados a la red mediante un medidor bidireccional bajo la ley N° 27424. Es decir que ya incumple con viejos compromisos ambientales, puntualmente con el Plan Nacional de Energía y de Cambio Climático de 2017, el cual estipulaba que para 2022 el país tendría más de 19000 U/G que generarían 557932 MWh.