Julio Bragulat ingresó a su despacho el viernes como Gerente General de la Compañía Administradora del Mercado Eléctrico (CAMMESA), sin necesidad de presentación formal ante el personal. Trabajó en la empresa durante más de 20 años en la empresa y la mayoría ya lo conoce.

El área de comunicación sólo se envió un parte interno para informar de la renovación de autoridades, pero en los pasillos todos lo saludan. Es querido y reconocido por su trayectoria.

Bragulat ya venía interiorizándose sobre el estado de situación de la compañía, consciente que tiene poco tiempo para planificar el despacho de energía para el verano, en un contexto donde el sistema de distribución no está en condiciones de abastecer la creciente demanda.

Para tratar este y otros temas, ayer recibió en su oficina al flamante Subsecretario de Energía Eléctrica, Alejandro Sruoga, quien permaneció hasta cerca de las 4 y media de la tarde, horas antes que Juan José Aranguren diera su primera conferencia de prensa para anunciar lo que se venía mencionando: la elaboración de un decreto que establece la emergencia energética.

Como hacía años que no se veía, el ministro respondió las preguntas de las periodistas, pero antes de eso, para despejar algunas dudas, comenzó blanqueando el panorama de la industria: “estamos al borde de un colapso”. Se lo observó algo nervioso. Fue su primera experiencia y por eso no pudo evitar las manos cruzadas, tampoco algunos titubeos.

Aranguren está preocupado por el estado de la distribución de energía –estaciones transformadoras y líneas de media y baja tensión -, no tanto en lo que respecta a generación, área que casi sin margen de reserva técnica, por momentos de apenas el 5 por ciento, todavía tiene resto para satisfacer los niveles de consumo.En caso de extrema necesidad, planteó como opción la importación desde Uruguay y Brasil.

En 2003 teníamos 6 horas de corte por usuario por año y en 2014 llegamos a 33 horas de corte por usuario por año«, señaló para explicar de manera sencilla el panorama.

Para trabajar en estos aspectos, Aranguren llevó adelante una audiencia durante la mañana con los gerentes de Edesur y Edenor, dos empresas que el Estado Nacional tiene jurisdicción y que reciben el grueso de los subsidios. En esta oportunidad, aclaró que con los directivos no se habló de tarifas.

En esta primera etapa, marcada por las crecientes temperaturas y la urgencia, las fichas están puestas en el uso eficiente y racional de la energía. En los próximos días se tomarán medidas para reducir la demanda en las dependencias públicas, pero la idea es que los usuarios residenciales, comerciales e industriales acompañen sin malgastar un recurso que se presenta cada vez más valioso. No descartó organizar cortes programados.

Para el mediano y largo plazo, Aranguren quiere avanzar en un esquema similar al que se aplicaba en los años 90, para no funcionar sólo bajo el mercado Spot y facilitar los contratos entre privados, con tarifas que permitan rentabilidad y así estimular inversiones.

Bajo este esquema, que evita la arbitrariedad de Cammesa, Aranguren confía que se podrá garantizar la certidumbre de precios y la compra de energía, en tanto los inversores avanzarían en la ampliación y construcción de nuevas centrales, ya sean térmicas o de energías renovables.

Como primer paso, Aranguren dejó entrever que serán los generadores quiénes deberán comprar los combustibles.

“Lamentablemente el estado de situación que tenemos hoy es que los generadores no toman riesgo, porque el fueloil, el gas, o el gasoil que necesitan para operar lo está comprando Cammesa; eso es algo que debe terminar porque la esencia del sistema era que la etapa de generación esté bajo el riesgo empresario. Y lo que nosotros que queremos lograr es poder reestablecer un marco regulatorio, y dejar, si es posible al cabo de estos dos años, los marcos regulatorios vigentes establecidos en la ley 24.065 en pie y operando”, sostuvo Aranguren en la conferencia de prensa.

En tanto, entiende que esto llevaría tiempo, por lo que no podrá implementarse en lo inmediato. En 2018, con nueva composición política en ambas cámaras, pensó en enviar al Congreso un proyecto para sancionar una Ley General de la Energía que contemple la industria en su totalidad.