“Doy por primera vez en público un resumen de qué es lo que estamos haciendo en este momento y los pasos a seguir sobre el esquema regulatorio de energías renovables”, abrió su charla en la mañana de ayer el subsecretario de Energías Renovables, Sebastián Kind, en una jornada sobre energías limpias y sustentabilidad organizada por el Instituto de las Américas. Lo hizo durante alrededor de 30 minutos en el hotel Hilton de Puerto Madero, ciudad de Buenos Aires.

Ante cerca de 80 personas, el funcionario dio algunas precisiones sobre la aplicación de la nueva Ley de Energías Renovables e hizo énfasis en que el objetivo de un 8 por ciento de la matriz energética con energías alternativas para el último día del 2017 será un hecho. “Cumplir la Ley es el mandato que tenemos del presidente de la Nación”, enfatizó el funcionario, al tiempo que anunció que el decreto reglamentario “será firmado en los próximos días por el presidente (Mauricio) Macri”, y que ya tiene la rúbrica del ministro de Energía, Juan José Aranguren.

Por un lado, remarcó la suspensión de la Resolución 108 y su reemplazo por un mecanismo de subastas que dé claridad a los procesos y evite la discrecionalidad de CAMMESA para el cierre de contratos.

En esa línea, indicó que próximamente se harán público los contratos vigentes firmados por la compañía que administra el mercado eléctrico mayorista. Se presume que los proyectos con PPA firmados antes de octubre que no hayan comenzado con el proceso de obras serán desestimados por el Gobierno Nacional y deberán competir dentro del futuro régimen de subastas.

Con el claro objetivo de bajar las tasas en los créditos para proyectos de energías renovables, Kind adelantó que se está evaluando extender a 20 años los contratos de Acuerdo de Compra de Energía (PPA). Otra de las medidas en ese sentido tiene que ver con que el estado nacional saldrá de garantía ante una posible falta de pago de CAMMESA.

Por otra parte, el gobierno anticiparía, antes de la presentación de las ofertas de licitación, la calificación o no dentro de los beneficios fiscales que contempla la Ley 27.191 a los desarrolladores de proyectos. Así, el oferente podrá tener mayor competitividad en el precio a ofertar. No obstante, no está claro cómo se aplicarán los mecanismos de promoción fiscal, cuestión que se terminará por definir con la reglamentación de la norma.

Por otro lado, en lo que respecta a grandes usuarios de energía eléctrica (aquellos que consuman más de 300 KW) que deban comprar energía a un tercero o emprender su propio proyecto para autoabastecerse de por lo menos un 8 por ciento de su consumo, entrarán dentro de este mecanismo de subastas salvo que opten por “ejercer la opción de salida y no de entrada con CAMMESA”, según palabras de Kind.

“¿Por qué saldría el Gran Usuario a comprarle a los privados? Aquí hay tres cuestiones básicas que lo incentivan: que el estado no está obligado a comprar solamente lo más barato -porque debe diversificar tecnología-; que el estado no compra en el nodo Ezeiza solamente, por lo cual diversifica federalmente las fuentes y también asume un riesgo de plazo -que no lo asume eventualmente un privado-. Estas tres cuestiones deparan un costo que se traslada en forma directa a la demanda. Lo que el estado ofrezca de precios para el contrato PPA con estos parámetros que estoy comentando, para el Gran Usuario evidentemente le va a ser más caro comprarle al Estado que salir al mercado. Además. Por supuesto que tiene plenas facultades de poder hacerlo”, explicó el funcionario.

En cuanto al fondo fiduciario estatal para apalancar proyectos de inversión, FODER, a crearse en el marco de la 27.191, Kind señaló que podrá financiar hasta el 50 por ciento del ‘project finance’ (financiamiento del costo del proyecto, es decir, un 70 por ciento de la inversión final). No obstante, aclaró que aquellos emprendimientos que se dirijan a pedir créditos al FODER tendrán menos chances de licitar que aquellos que no lo hagan.