El miércoles pasado, el ahora ex jefe de la cartera de Energía, Juan José Aranguren, aseguró que la aplicación de la Ley 27.424, que permitirá a todos los usuarios residenciales y pymes del país inyectar energía limpia a la red eléctrica por medio de fuentes de energías renovables, está a pasos de ser un hecho.

«Ya la tenemos terminada. Estamos haciendo algunas consultas con las provincias, para que, cuando les pidamos la adhesión, tengamos una adhesión rápida. Es una cuestión de semanas, no más», aseveró el ex funcionario. Lo hizo en el Foro Latinoamericano de Energía 2018, que organizó la World Energy Council (WEC) en San Carlos de Bariloche.

Es que para que el proceso sea exitoso es preciso que las provincias suscriban. A esta inquietud la remarcó desde un primer momento el diputado de Cambiemos y promotor de la Ley, Juan Carlos Villalonga.

“Más allá de aspectos económicos y regulatorios con las distribuidoras (y cooperativas): lo que tenemos son 24 jurisdicciones que tienen que evaluar la adhesión”, decía Villalonga en una reunión con actores del sector privado que se había realizado en el mes de marzo pasado. Y advertía: “ese es el hito fundamental” a tratarse este año.

Con ese objetivo, el legislador recorrió las distintas provincias del país, intentando despejar cualquier tipo de dudas e inquietudes que pudieran tener funcionarios, entes reguladores y distribuidoras y cooperativas locales.

En mayo pasado, durante el evento que realizó este portal de noticias, ‘Off The Record de las Energías Renovables’, Villalonga expresaba: “no es sencillo” este proceso de evangelización.

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Provincias como Santa Fe, por ejemplo, han anunciado que no van a adherir, si es que no pueden hacerlo de manera parcial. Mendoza deslizó una idea similar. Cabe resaltar que ambas jurisdicciones ya cuentan con un marco regulatorio propio para que sus usuarios puedan inyectar energía renovable a la red eléctrica. Hay cuestiones por resolverse.

Por su parte, la Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad y Otros Servicios (FACE), exhortó a las jurisdicciones  a que adhieran a la Ley. Enfatizan que el hecho de suscribir permite a los usuarios exención impositiva y quita del cobro del IVA, además de acceso al financiamiento que otorga el fondo de incentivo ‘FODIS’.

“Como cooperativas, tenemos la obligación de defender a nuestros asociados (usuarios), que son los verdaderos dueños de las empresas, y creemos que ahí habría una limitación”, consideró Ricardo Airasca, titular de la Comisión de Políticas Energéticas de FACE, ante la consulta de Energía Estratégica sobre la posibilidad de que algunas provincias no adhieran a la normativa nacional.

La metodología que planea el Ministerio de Energía y Minería de la Nación es lanzar el Decreto Reglamentario de la Ley y luego someter a consulta pública a la resolución técnica de la normativa, que definirá algunas cuestiones operativas.