A través de una circular (descargar) la cartera de Energía, conducida por Diego Mesa, oficializó una nueva prórroga del plazo para la firma de contratos y entrega de las garantías de compradores y vendedores asignados en la subasta de energías renovables del año pasado.

De ese modo, fue reemplazada por segunda vez la fecha límite para la rúbrica de estos acuerdos (que se había fijado para el día 18 de febrero) al 18 de marzo próximo.

Esta determinación busca llegar a un acuerdo con comercializadores que se niegan a firmar estos compromisos por no aceptar los precios.

Desde el Gobierno amenazaron que, de no firmar, se aplicarían sanciones, y es allí que se empezaron a tensar los ánimos. Ahora, esta nueva prórroga, supone nuevas negociaciones que permitan alcanzar acuerdos.

La discusión

Tal como sucedió en la subasta del 2019, los comercializadores se manifiestan en desacuerdo con la obligatoriedad de contratación de la subasta que impone el mecanismo complementario.

Pero la gran diferencia entre las subastas es que en 2019 se firmaron acuerdos a precios muy competitivos: 10.186 MWh-día a 95 pesos por kWh promedio. En 2021 el escenario es diferente. Se adjudicaron inicialmente 2.551,27 MWh/día (el 46,22% de la demanda objetivo) a un precio promedio de 135,85 pesos por kWh. Pero en el mecanismo complementario obligatorio se seleccionaron otros 2.044,4 MWh/día (37,04% de la demanda objetivo) a un valor medio de 180,72 pesos por kWh.

Este último precio les parece caro a los comercializadores. Indican que durante los primeros años de contrato quizá los valores sean similares a los que se encuentran hoy en el mercado, pero el problema será el período subsiguiente, ya que estos acuerdos duran 15 años.

Ante esa situación, el Gobierno de Colombia exhorta a los comercializadores a firmar sus nuevos contratos. De lo contrario, promete sanciones.

Fuentes del mercado regulado señalan que no encuentran mucha más opción que firmar, ya que la diferencia económica que les pudiera significar afrontar este tipo de contratos la terminarían gastando al entrar en litigios con el Gobierno.

Sin embargo, las tensiones vienen más bien por el lado de los comercializadores del mercado no regulado.

Sandra Fonseca, presidente de la Asociación Colombiana de Grandes Consumidores de Energía Industriales y Comerciales (Asoenergía), cuenta a Energía Estratégica que “se está forzando una asignación de energía por encima de los precios del mercado” y que «hay un gran disconformismo” que hace que algunos agentes planeen ir a la justicia en contra de la esta obligatoriedad de la firma de estos contratos.

La dirigente dice desconocer el número de comercializadores que no quieren firmar contratos, por tratarse de una decisión individual que no es informada a la Asociación. Según informó el Ministerio de Minas y Energías, al martes de esta semana ya se habían firmado los 49 contratos que componen la subasta inicial, pero en el mecanismo complementario faltaban por celebrarse 74 de los 276 totales.