Con respecto al Artículo 1° del Decreto Reglamentario 882/2016, ¿qué consideración hace sobre el monto de 1700 millones de dólares destinado a los beneficios fiscales?

Claramente este monto implica que el Gobierno va ‘poniendo en blanco y negro’ los lineamientos genéricos de la Ley (27.191), reglamentación ésta que además es una imposición legal. Más allá del monto -cuya asignación dependerá finalmente de la cantidad de beneficios concretos solicitados por cada proyecto y de los que resulten adjudicados-, los inversores pueden ver una señal positiva, partiendo de la base que en experiencias anteriores estos beneficios fiscales terminaban siendo una mera declamación y no terminaban de concretarse a favor del interesado, haciendo estériles estos beneficios. 

El Artículo 2 destaca un plazo máximo de contratos PPA a 30 años; ¿es positivo para la mirada del inversor?

Desde el punto de vista del inversor es positivo, sobre todo conjugando las funciones de financiamiento con la inversión (capex) y rentabilidad esperada a largo plazo. El hecho que el decreto mencione que es un plazo «máximo» implica además que podrán acordarse plazos menores. Hay que esperar entonces que exista flexibilidad en la normativa, pliegos de futuras licitaciones, contratos, para que ese plazo pueda ser menor si así fuere de interés del inversor.

La suma revelada de 3 mil millones de dólares en Letras del Tesoro en garantías, sumado al aporte de 500 millones de dólares como contragarantía para la terminación de los contratos…¿es una suma que podrá dejar conforme a los grupos inversores?

Respondo primero a tu pregunta, diciendo que efectivamente es un avance en cuanto a garantías, pero su viabilidad dependerá de análisis económicos (costos de inversión, sistema de amortización considerado en función del cual se calculará el precio de compra/venta, montos financiados, etc) más que legales. Más allá de alguna situación particular, entiendo que una situación de falta de pago de CAMMESA por 4/6 meses previstos en la ley impactaría sobre todos los PPAs firmados con CAMMESA, y estaríamos hablando de una situación de crisis genérica.

Ahora bien, tal como lo mencionás en tu pregunta, es una garantía aplicable a un caso extremo de causales de terminación del contrato y que, más allá que por supuesto es necesario evaluar estos causales sobre todo desde el punto de vista legal, las expectativas del Gobierno en general, de los inversores y de toda la industria de renovables, es lograr sustentabilidad de esta industria, que se desarrolle a larguísimo plazo.

Las garantías concebidas hasta ahora (Banco Mundial, Letras del Tesoro bajo este Decreto) apuntan a la terminación del Contrato, cuando lo que esperan los inversores es que el Gobierno pueda apuntalar más las garantías de pago mensuales de los PPAs, justamente para poder sobrepasar algún problema coyuntural y continuar luego con la vida del PPA.

¿El hecho de que el Gobierno nacional brinde la posibilidad que ante incumplimientos de pago el desarrollador venda el proyecto al Estado es una estrategia loable para el desarrollo de proyectos?

Estamos hablando de una situación extrema que hoy nadie espera que ocurra. El incumplimiento de pago que dé la opción al generador a terminar el PPA es una situación gravísima, por constituir ese incumplimiento la principal obligación de la contraparte. Lo que puede parecer hoy loable se desvanecerá ante la gravedad de tal situación, que implicará seguramente que el generador active todas las medidas que el contrato y  la ley general (Código Civil y Comercial) da a la parte cumplidora de un contrato, básicamente el cobro de todos los daños y perjuicios provocados por el incumplimiento.