El desarrollo del sector eólico en México a gran escala inició en 2006, cuando se estableció el marco regulatorio adecuado para hacer viable su desarrollo. En ese mismo año, se concretó el primer proyecto mayor en el país – en la región del Istmo de Tehuantepec, en el estado de Oaxaca – y desde entonces, la capacidad instalada eólica ha ido creciendo de manera sostenida.

2019 fue el primer año en el que la nueva capacidad instalada superó los 1.000 MW, de manera que el total del país cuenta ya con más de 6.200 MW operativos y para 2020 se tiene previsto que al menos alrededor de 1.000 MW adicionales se incorporen al sistema.

Poco más del 70% de la generación eólica se ha desarrollado bajo contratos de autoabastecimiento o contratos bilaterales entre partes privadas, y el resto es producido por la empresa eléctrica estatal, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), o por productores privados que generan energía para la misma CFE.

El crecimiento de la energía eólica en los últimos años ha fomentado la demanda de suministros locales, tanto al nivel de componentes y partes, como de servicios para el desarrollo, diseño, operación y mantenimiento.

Esto ha permitido que diversos fabricantes de aerogeneradores, desarrolladores y operadores de proyectos consoliden sólidos equipos técnicos y humanos, pero también que se integre toda una estructura de proveedores de materiales, partes y servicios, que incluyen especialidades de ingeniería, temas ambientales, legales, sociales, financieros, entre muchos otros y servicios para la operación y el mantenimiento que involucran maquinaria, especialistas, etc.

Una muestra de esto, es que hoy existen en México múltiples fabricantes de torres de acero y de concreto (hormigón), tres fabricantes de palas (aspas), así como proveedores de muy diversos componentes eléctricos y electrónicos, a los que constantemente se van sumando nuevos proveedores para nuevas instalaciones, así como para el mantenimiento de las existentes. Actualmente existen ya 7,000 empleos permanentes directos en las actividades de manufactura nacional de partes relevantes para las turbinas eólicas.

México es un país que tiene recursos ideales para el desarrollo de proyectos eólicos, ya que cuenta con diversas regiones a lo largo de todo su territorio en donde existen las condiciones adecuadas para la instalación de parques eólicos cuyo factor de capacidad se ubica en el rango de 35% a 50%.

Existe ya un volumen suficiente de proyectos en desarrollo que permitiría alcanzar una capacidad instalada por encima de los 15.000 MW en los próximos 5 años, es decir más de 2.5 veces la capacidad actual. Además, existen sitios con potencial suficientemente bueno como para instalar al menos otros 15.000 a 20.000 MW en tierra (onshore), para un total de hasta 40.000 MW. Alcanzar estas metas permitiría generar nuevos empleos en el orden de 35,000, tanto en las actividades de gestión y desarrollo de proyectos, como en la manufactura y proveeduría de servicios.

México no ha otorgado subsidios ni tarifas especiales a las energías renovables, por lo que todo el desarrollo se ha dado por mérito económico propio. La evolución tecnológica de los aerogeneradores ha habilitado gradualmente la factibilidad de proyectos en sitios en donde antes no era rentable, aprovechando el beneficio del desarrollo que se dio antes en otros países.

De esta manera, la disponibilidad de turbinas con mayor diámetro y altura de rotor, así como con mayor eficiencia y confiabilidad, ha permitido multiplicar los sitios adecuados para el aprovechamiento eólico.

La combinación de todos estos factores, – aunado a un entramado institucional y regulatorio diseñado para garantizar certeza jurídica, reguladores independientes y adopción de mejores prácticas internacionales, como las Subastas de Largo Plazo o los Certificados de Energía Limpia – generó un mercado competitivo que permitió obtener algunos de los costos nivelados de energía más bajos del mundo.

En el marco de las tres Subastas de Largo Plazo organizadas por el gobierno federal entre 2015 y 2017, la energía eólica logró el precio más bajo comparado con cualquier otra tecnología (incluyendo a las convencionales): US$17.8/MWh y una media de alrededor de US$22/MWh en la última subasta. Con estos valores se estableció un récord mundial a la baja.

Dado que el potencial para nuevos proyectos económicamente viables tierra adentro es muy grande, aun no existen suficientes incentivos para pensar en un desarrollo a gran escala en el mar (offshore), si bien, el país cuenta con grandes extensiones marinas, tanto en el Golfo de México, como en el Océano Pacífico, pero lograr su pleno aprovechamiento, aún requiere la conformación del marco jurídico y ambiental para su desarrollo

Retos hacia el futuro

El potencial para el desarrollo eólico en México sin duda es brillante, pero existen importantes retos que deben resolverse para hacerlo realidad y continuar con la tendencia creciente de los últimos años.

Como en otros países, el sistema de transmisión nacional enfrenta ya alta saturación en diversas regiones, incluyendo aquellas con gran potencial eólico y solar fotovoltaico.

Por ley, el control de los activos de transmisión es una atribución del Estado y durante varios años se han rezagado las inversiones en obras de refuerzo y nueva infraestructura de transmisión y distribución.

Resolver estas limitaciones es una de las más altas prioridades para dar continuidad al aprovechamiento de esta tecnología. Aún están por definirse los esquemas para nuevas inversiones, incluyendo las oportunidades de colaboración y/o participación público-privada en los nuevos proyectos.

El actual gobierno de México, en funciones desde diciembre de 2018, ha establecido como objetivos centrales la seguridad energética, el acceso a mejores tarifas eléctricas y el acceso a la electricidad a toda la población.

Para lograrlo, busca fortalecer a la CFE (Comisión Federal de Electricidad) y la tecnología eólica puede apoyar sustancialmente al cumplimiento de estos objetivos.

Aún se están revisando los mecanismos que permitirían la colaboración público-privada en nuevos proyectos de generación, pero por ahora, se han suspendido los procesos de Subastas de Largo Plazo, y sin algún mecanismo que estimule la incorporación de un volumen considerable de nuevos proyectos con energías renovables, se ha puesto en serio peligro el cumplimiento de las metas vinculantes de energía limpia para 2024 que contempla el marco jurídico nacional y los compromisos internacionales de nuestro país. Esto es importante, porque es justamente en la generación de electricidad en donde existe una de las oportunidades de mayor efectividad para la reducción de emisiones en un plazo relativamente corto y con profundo impacto

La nueva Administración Federal ha ofrecido no modificar el marco legal, con el objetivo de no limitar la inversión privada en el sector, pero se han anunciado modificaciones al marco regulatorio que, sin modificar leyes explícitamente, tienen un impacto muy relevante sobre inversiones privadas ya existentes.

Bajo este contexto, en donde aún están por definirse las reglas que den certidumbre de largo plazo a la inversión privada, las oportunidades más inmediatas para el desarrollo eólico muy probablemente se darán en el ámbito de proyectos bajo contratos bilaterales privados, quedando aún pendientes definiciones muy importantes sobre el reforzamiento y expansión de la red de transmisión eléctrica, los procesos de consulta social, la certidumbre jurídica de largo plazo para la inversión privada y el establecimiento de objetivos nacionales para la participación de energías limpias de más largo plazo.

La promoción decidida de la energía renovable constituye la gran oportunidad de nuestro país para avanzar hacia su soberanía y seguridad energética, puesto que le permite conseguir cuatro grandes objetivos simultáneamente: aprovechar los recursos localmente disponibles, mejorar sustantivamente el cuidado al medio ambiente, obtener precios de energía más bajos y estables para impulsar el desarrollo nacional y generar un volumen importante de nuevos empleos que son particularmente atractivos para los jóvenes. Todo esto es posible en un plazo relativamente corto.

El éxito en esta tarea radica en otorgar confianza, garantizar que los contratos ya establecidos mantendrán condiciones que permitan lograr los objetivos de los proyectos y sumar esfuerzos entre los sectores público y privado. El futuro energético de México está en juego.