El concepto commodity es equivalente al término “mercancía”, bajo el supuesto de que este último implica la referencia a que el objeto sea susceptible de ser intercambiado.

Por ello, en este artículo mencionaré como la energía eléctrica al ser un commodity permite integrar la regulación aplicable a dos mercados especializados, me refiero al bursátil y el mercado energético, abriéndose de esta manera la ventana para que agentes vigilados por la Superintendencia Financiera estructuren un mercado de comercialización de energía eléctrica a través de un contrato estandarizado respaldado con garantías.

Un commodity tiene la facilidad de comprarse, venderse o intercambiarse por bienes u otros productos. Los energéticos, como son el gas natural, el gas licuado de petróleo, el petróleo y la energía eléctrica, al igual que las acciones de una empresa, pueden comercializarse a través de contratos de futuros, es decir, a un precio establecido y en una fecha determinada.

En Colombia, la norma que permite la integración del mercado bursátil y el mercado de energía eléctrica es la Resolución CREG 114 de 2018, expedida por la Comisión de Regulación de Energía y Gas – CREG, en la cual se precisaron las bases para trasladar al sector privado la iniciativa de promover el desarrollo de mercados organizados de contratos estandarizados y anónimos.

Todo esto para alcanzar un fin y es el de tener precios eficientes para los usuarios regulados. Exactamente lo que la norma establece es la creación de un mecanismo en el que se permita la libre interacción de múltiples agentes que ofertan y demandan energía eléctrica y cuyo resultado es la suscripción de contratos estandarizados de compra y venta de la misma.

Estos contratos estandarizados deberán ser despachados en el mercado de energía mayorista, lo que quiere decir que el contrato a negociar solo podrá ser suscrito entre agentes generadores y comercializadores de energía porque son estos los únicos agentes que en Colombia pueden comprar y vender energía en el mercado de energía mayorista.

Lo cual exige que estos compradores y vendedores deben tener la calidad de ser empresas de servicios públicos domiciliarios, con todo lo que ello signifique.
Definida la forma, que es vía mecanismo, y quienes participan en él, sigue identificar quién supervisa.

Y es en este punto en donde se define que el ejecutor, el administrador y el administrador de riesgo deben contar con la participación de por lo menos un agente vigilado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios o por la Superintendencia Financiera de Colombia.

Como por ejemplo, la Bolsa Mercantil de Colombia, que a través de su dirección jurídica está adelantando lo necesario para participar en este mecanismo.

Por último, este mecanismo es una alternativa a la que podrán acceder desarrolladores de proyectos de generación de energía eléctrica térmica, hídrica, solar o eólica para celebrar un contrato a largo plazo que permita el apalancamiento financiero de sus proyectos.

Hemberth Suárez Lozano, Abogado en OGE Legal Services – [email protected]