El Plan de Expansión de Generación de Guatemala 2020-2050 prevé el eventual ingreso en operación de 60 generadoras principalmente renovables. En detalle, se trataría de proyectos de tecnología: hidráulica (12), geotérmica (15), fotovoltaica (9), eólica (8), minihidro (7), biogás (2), carbón (2), gas natural (2) y cogeneración (3).  

En el país, la Ley de Incentivos para el Desarrollo de Proyectos de Energías Renovables (Decreto N°5-2003 y Acuerdo Gubernativo N° 211-2005) apoyaría la realización de aquellos proyectos de generación limpia a través de una serie de incentivos que colaboran a bajar algunos de sus costos. 

Entre las medidas de promoción que se contemplan allí se destacan: la exención del impuesto sobre la renta por diez años desde el COD y la exención de derechos arancelarios para las importaciones, incluyendo IVA, cargas y derechos consulares sobre la importación de maquinaria y equipo antes, durante y en los 10 años posteriores a su ejecución.  

Ahora bien, el sector energético tanto público como privado advierte el descontento de algunos actores locales ante el avance de emprendimientos de generación renovable. Inclusive autoridades de gobierno alertan que “la conflictividad social en comunidades rurales” sería una de las problemáticas más urgentes que tienen por atender. 

Al respecto,  Alberto Pimentel Mata, ministro de Energía y Minas de Guatemala, identificó los principales retos por resolver: 

“El primero de estos retos tiene que ver con una falacia. Aunque todos reconocemos que los recursos naturales pertenecen a todos, es decir al Estado -así es constitucionalmente en mi país- existe un malentendido de que la energía generada a partir de recursos hídricos no debería ser cobrada sino gratuita. Pero es una falacia”, reforzó el ministro.

A la vez que indicó que continuará explicando en su país que las inversiones que aprovechan los recursos disponibles para transformarlos en energía eléctrica tienen costos considerables que tienen que ser pagados, señaló que trabajarán en la reglamentación de las consultas previas y acuerdos indígenas que devienen del Convenio 169 de la AOIT, para mejorar las etapas previas entre las partes y sistematizar los procesos administrativos.

Durante su participación en la Reunión Ministerial virtual “El Papel de la Energía Hidroeléctrica en la Transición Energética”, organizada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Organización Latinoamericana de Energía (Olade) y la Asociación Internacional de Energía Hidroeléctrica (IHA), el ministro Pimentel Mata señaló que otro reto estaría relacionada a dificultades técnicas que tendría aparejado el aumento del parque de generación renovable de gran escala. De allí es que haya indicado que además están en la búsqueda de mecanismos que permitan inversiones para asegurar la potencia y la energía de base en el país. 

Finalmente, un reto adicional que no puede ser dejado de lado es la complejidad para planificar la expansión de la infraestructura de red, de modo que atienda la transmisión eléctrica para proyectos de generación a gran escala pero que también garantice la cobertura y acceso a la energía para todas las comunidades. 

“Tenemos que ir por una solución integral. Tenemos que pensar en electrificación rural en la mejora de las redes de transmisión y de alguna forma encontrar caminos para que la persona que habita en comunidades cercanas al proyecto hidroeléctrico tengan un beneficio directo de la instalación del mismo”. 

Y, concluyendo, el funcionario consideró: “Estoy seguro que estos problemas que estamos enfrentando en mi país, pues de alguna forma son compartidos en la religión y quizá juntos podamos encontrar ideas para resolverlos”.