El cierre de 2019 trajo consigo algunas consideraciones del Gobierno federal en materia energética para la reducción de emisiones de gases contaminantes.

A partir de un primer documento se definió la Estrategia Nacional para la implementación de la Agenda 2030 en México. Esta fue desarrollada por la Jefatura de la Oficina de la Presidencia de la República (JOP), en coordinación con el proyecto “Iniciativa Agenda 2030” de la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

¿Qué metas se fijaron allí? Entre ellas, destaca la destinada a aumentar significativamente la participación de fuentes de energía limpias en la matriz energética. Un tema que atraviesa transversalmente muchos de los ODS.

Aquello implicaría, como condición necesaria, “promover el desarrollo de regulaciones, instituciones, capacidades (recursos humanos), mercados, financiamiento, investigación e innovación en los rubros de bioenergía, energía eólica, energía solar, geotermia, hidroenergía, energías del océano, y captura y almacenamiento de carbono”, según reza el documento.

Y estaría motivado también para dar respuesta al compromiso de generar el 43% de la electricidad a partir de fuentes limpias para el 2030, que según OPR Y GIZ “pueden reducir los gastos de salud hasta en 2.7 mil millones de dólares”.

Según el documento de Compromisos de Mitigación y Adaptación ante el Cambio Climático para el periodo 2020-2030 definido por la administración federal anterior en 2030 se deberá reducir 4 MtCO2e lo que emitirá este año el segmento de generación de electricidad.

Adicionalmente, en referencia al carbón negro, la meta establecida contempla la reducción no condicionada del 51% del volumen de emisiones para el año 2030 tomando como referencia un escenario tendencial carente de medidas para combatir el cambio climático.

Dicho esto, el último reporte publicado por la Secretaría de Energía, referido al potencial de mitigación en el sector eléctrico, comparte sus proyecciones de cómo será la evolución de la generación neta en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y su mitigación de emisiones.

“La trayectoria de mitigación del sector eléctrico estipulada en contribuciones nacionalmente determinadas esta soportada por cuatro medidas las cuales contemplan: alcanzar 35% de energía limpia en 2024 y 43% al 2030; modernizar las plantas de generación; reducir pérdidas técnicas en la red eléctrica y sustituir combustibles pesados por gas natural”, aclara el documento.

Ahora bien, las renovables no convencionales al 2030 sólo alcanzarían a ser el 23% del total de la matriz 965,672 MW, lo que implicaría que las bioenergías no crezcan en estos 10 años, la geotermoeléctrica crezca en su aporte de 5,842 GWh en 2020 a 6,045 GWh en 2030 y las variables dupliquen su producción de electricidad: la eólica pase de 25,264 GWh en 2020 a 51,635 en 2030, y la solar de 22,760 GWh a 44,992 GWh.

Expertos en el sector energético mexicano advierten que “el problema no es tanto ese «grand statement» sino cómo llevarlo a cabo”, citando a Gonzalo Monroy, director general de GMEC.

El gran interrogante son las medidas políticas que acompañarán esta decisión de Estado y que las hasta la fecha implementadas van en pos de continuar con térmicas y grandes hidroeléctricas.

Más allá de sanciones internacionales que podrían llegar a aplicarse, ¿qué impacto directo podría tener México de no llegar a aplicarse esto? Por citar uno, se puede mencionar que “de acuerdo con el PECC 2014-2018, existen en México 319 municipios (13% de los existentes en el país) con mayor vulnerabilidad a impactos por el cambio climático, en particular a sequías, inundaciones y deslaves”.