Durante un desayuno de trabajo exclusivo para socios de la Cámara Argentina de Energías Renovables (CADER), llevado a cabo el pasado 26 de abril en la sede de KPMG (Puerto Madero, CABA), autoridades de la entidad trataron a fondo los aspectos más salientes del Decreto Reglamentario 531 de la Ley 27.191.

En entrevista exclusiva para energiaestrategica.com, Omar Díaz, presidente de la Comisión de Asuntos Legales y Tributario de la CADER Socio Responsable de Energías Renovables de KPMG Argentina, tildó de “muy buena” la jornada donde asistieron más de 50 empresarios del rubro.

Haciendo especial foco en el régimen de Beneficios Fiscales que establece la Ley 27.191, tema sobre el que disertó durante el desayuno de trabajo, Díaz resaltó la amplitud de las bonificaciones, “ya que toman incentivos de otros regímenes como el de la minería, y amplía los beneficios respecto de la Ley 26.190 y la 25.019 de energías eólicas y solares”.

No obstante, Díaz advirtió que dentro del Decreto Reglamentario, publicado en el breve lapso de tres meses, “aún faltan reglamentaciones en términos de reglas, de AFIP, tanto en materia de DGI, como en materia de aduana; falta reglamentación en lo que tiene que ver con importaciones, ver partidas arancelarias que estarán beneficiadas”, enumeró.

El experto fue categórico al señalar que tales precisiones deben darse antes del lanzamiento de la primera etapa de subastas y licitaciones para proyectos de energías renovables (pronosticado para el próximo lunes 16), dado que los desarrolladores cuentan con tales beneficios impositivos al momento de formular un precio por MWh dentro de su proyecto.

Se deben hacer todos los esfuerzos necesarios para que los beneficios establecidos por Ley se traduzcan en efectivos beneficios, concretos”, sugirió. Díaz recordó que durante el proyecto GENREN, en el marco de la Ley 26.190 (aquella reformada por la nueva Ley 27.191), muchas de estas bonificaciones estaban establecidas pero mal reglamentadas, lo que llevó a un fracaso en su puesta en práctica, uno de los factores que contribuyó a que menos del 15 por ciento de los emprendimientos licitados se hayan realizado.

Que no termine en un sinfín de trámites o trámites de imposible cumplimiento y que haya cupos reales para que se puedan aplicar los beneficios, serían cuestiones que el Gobierno nacional debe tener en cuenta en este nuevo proceso”, recomendó el miembro de CADER.

Asimismo, remarcó la necesidad de la efectividad de los beneficios fiscales para el correcto cumplimiento de los desarrolladores en sus compromisos con los proyectos de energías renovables que se fueran a adjudicar en licitaciones y subastas.

Tenemos una visión positiva. Creemos que la modificación a la Ley de Energías Renovables es un paso en la dirección correcta pero que seguimos insistiendo en que se complete la reglamentación aún pendiente antes de la primera licitación, para dar certidumbre a los inversores con respecto a los beneficios impositivos”, manifestó Díaz.

Bonificaciones impositivas

En cuanto beneficios explícitos, Omar Díaz destacó: devolución anticipada del IVA; amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias de los bienes muebles amortizables y de las obras de infraestructura; compensación de quebrantos con ganancias; exención del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta; deducción de la carga financiera del pasivo financiero; exención del impuesto del 10 por ciento a la distribución de dividendos; Certificado Fiscal equivalente al 20 por ciento de monto de componente nacional; incrementos fiscales; exención de derechos de importación hasta el 31 de diciembre del 2017; y líneas de créditos preferenciales del BNA para cancelar IVA durante la ejecución.