(George) Stigler define las barreras de entrada como una asimetría de costos entre un entrante y un incumbente.

En el caso de las energías renovables, el entrante es el inversionista extranjero que quiere ingresar al mercado con una tecnología disruptiva. Por su parte, el incumbente, es el prestador tradicional del servicio que durante años ha desarrollado en Colombia las actividades generación, comercialización y/o distribución (y en casos excepcionales también la transmisión).

Respecto del beneficio o de deducción de renta hasta del 50% del total de la inversión en un período no mayor a 15 años, contenido en el artículo 11 de la Ley 1715 de 2014 (modificado por la Ley 1955 de 2019), es importante poner de presente que durante los primeros años el proyecto de un inversionista extranjero no logra generar una renta líquida (ingresos netos menos costos) de la cual pueda deducir el impuesto, situación a la que no se enfrenta un prestador tradicional del servicio quien ya obtiene una renta líquida del desarrollo de las actividades generación, transmisión, distribución y comercialización.

En consecuencia, el artículo 11 de la Ley 1715 de 2014 consolida una situación en la que un prestador del servicio de energía que lleve años en el mercado (el incumbente) obtiene una ventaja competitiva artificial frente a un inversionista extranjero (el entrante), ventaja que se puede materializar en la capacidad de un incumbente de ofertar mejores precios en contratos de suministro a largo plazo (Power Purchase Agreements o PPAs por sus siglas en inglés).

Frente a esta barrera de entrada surge la duda si el Decreto 829 de 2020 expedido por el Gobierno Nacional el 10 de junio de 2020, remedia esta situación. El Decreto mencionado genera un gran avance respecto del trámite que se debe agotar para acceder a los beneficios tributarios definidos en la Ley 1715 de 2014, al posicionar a la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME) como la única entidad ante la cual se debe adelantar el trámite y reducirle así al promotor de un proyecto la etapa de ir ante la Autoridad de Licencias Ambientales. En efecto, la UPME ha sido históricamente una entidad que se ha caracterizado por su tecnicismo y celeridad en la toma de decisiones, por lo cual es motivo de tranquilidad que se haya centralizado todo el trámite en esta autoridad.

Sin embargo, este Decreto facilita el acceso a los incentivos tributarios de la Ley 1715 de 2014 en igual medida para inversionistas extranjeros (entrantes) y prestadores tradicionales del servicio de energía eléctrica (incumbentes).

En consecuencia, este Decreto no brinda alguna solución específica respecto de la barrera de entrada en cuestión, como hubiese ocurrido si, por ejemplo, el mencionado Decreto hubiese reglamentado en detalle la figura del “tax equity partnet”, de amplia utilización en otros países.

Sin embargo, aún quedan otras alternativas para acelerar la activación de los incentivos tributarios a través de esquemas fiduciarios y no fiduciarios.

En efecto, estas alternativas permitirían al inversionista extranjero equilibrar en alguna medida el campo de juego al reducir la asimetría en costos a la que se enfrentan actualmente frente a los incumbentes, toda vez que estos esquemas debidamente estructurados permiten anticipar la monetización del escudo fiscal generado por la Ley 1715 de 2015.

 

*José Plata Puyana ([email protected]) es abogado especialista en energía y competencia y Socio Fundador de MarkUp Consultores.