El 31 de agosto pasado, una sentencia adoptada por el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja generó sorpresas en el nicho de las energías renovables, sobre todo dentro del Ministerio de Energía y Minería de la Nación: se suspendía la construcción del Parque Solar Nonogasta, adjudicado en el Programa RenovAr.

La resolución fue originada en una presentación del Fiscal de Estado de la provincia y el Diputado Nacional Luís Beder Herrera (ver la medida cautelar en línea).

Entre las justificaciones, los funcionarios alegaban que La Rioja no recibiría ningún beneficio económico del parque solar de 35 MW que se está construyendo dentro de la Provincia, dado que se trataba de un negocio entre el Gobierno nacional y 360Energy, empresa adjudicataria del emprendimiento.

“Acá vino una empresa a hacerse los vivos y no lo vamos a permitir. Y si estos tipos con permiso de Nación vienen a producir energía solar sin dejar un peso en la provincia y por 25 años facturarán millones de dólares, no lo voy a permitir”, justificó su decisión con dureza Beder Herrera en declaración a medios locales.

Sin embargo, ayer se levantó el amparo tras un acuerdo entre el gobernador Sergio Casas y el ministro de Energía y Minería de la Nación, Juan José Aranguren, luego de 11 días de suspensión de la construcción del parque solar.

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“Es una acción que yo hice a una empresa que compró un terreno en Nonogasta, es un negocio financiero importantísimo y no es que les cobré el sol, pero sí los recursos naturales son de las provincias, eso lo establece la constitución, los minerales, el viento, el aire, todo es de las provincias”, explicó Beder Herrera una vez levantada la medida cautelar que aplicó.

Si bien el conflicto quedó saldado, para algunos especialistas del sector de las energías renovables el hecho de que una Provincia haya querido cobrar regalías podría generar algún impacto negativo sobre inversores internacionales que se habían comenzado a fijar por la Argentina.

“Es un contexto complejo”, evalúa José Carlos Cueva, abogado especialista en energía y socio junior del estudio Beccar Varela, en contacto con Energía Estratégica.

El profesional indica que si bien conflictos de esta índole se pueden dirimir en la justicia de manera favorable para el privado que venga a invertir en el país, la posibilidad de una demanda de todos modos “genera un cuadro de inseguridad jurídica”.

“Es decir, genera más dudas en las empresas internacionales que están empezando a fijarse en la Argentina”, señala Cueva.

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Antecedente

Cabe recordar que en 2004, el ex diputado provincial de Chubut, Carlos Lorenzo, presentó un proyecto para cobrar un “impuesto al viento”.

La decisión trajo mucha polémica sobre todo cuando en el 2012 el legislador Anselmo Montes retomó la iniciativa. Finalmente la provincia del sur desistió en el cobro de regalías a proyectos de energía eólica.