El incremento tarifario del gobierno, de carácter brutal, afecta la igualdad de oportunidades, el trato equitativo y la solidaridad social, los contenidos de ese derecho.

Las tarifas de electricidad se encontraban en una situación diferenciada entre la zona metropolitana y las provincias, por una parte, y entre los costos  de generar la energía necesaria y brindar el servicio público, y la tarifa realmente percibida de los usuarios por esos servicios. La necesidad de resolver esa situación presentaba una  alternativa lógica: ir por un camino de gradualidad que tuviera principalmente en cuenta al usuario y su contexto económico y social.

La opción del gobierno se volcó por la alternativa de un ajuste feroz.  El shock es un método del capitalismo neoliberal, y está  generando una situación de injusticia social creciente. Estos incrementos contribuyen además a potenciar el efecto inflacionario, provocando el aumento del deterioro salarial en curso, y creando incertidumbre en la pequeña y mediana empresa. En esta sucesión de declaraciones contradictorias sobre otros aumentos en marcha, los ciudadanos se sienten extorsionados por la incitación al ahorro, ya no como virtud y necesidad social, sino como castigo.

Estas medidas extremas se han fundamentado en una supuesta emergencia energética. Sin desconocer los desafíos del sector, el sistema energético no está en colapso. Si bien la generación está comprometida en los picos, especialmente en verano, es suficiente en situaciones normales; la transmisión es la necesaria para atender la demanda; y la distribución presenta desafíos de inversión en zonas de los principales conglomerados urbanos. En este contexto está claro que el sistema eléctrico tiene problemas de crecimiento, pero no está quebrado. No habiendo urgencias extremas, ni causales de fuerza  mayor, no se advierte la justificación para un ajuste de tarifas de esta magnitud que haya impedido haber optado por la gradualidad.

Tampoco se advierte el destino de los fondos del Tesoro que eventualmente se obtengan con estos ajustes, ya que más allá de las declaraciones sobre la necesidad de invertir en el desarrollo energético, no existe plan alguno al respecto y pareciera que esos dineros servirán para solventar las medidas que beneficiaron a los grandes grupos concentrados, el agro y otros beneficiarios de las medidas de la primera etapa del Gobierno.

No existen números claros y transparentes sobre el costo real de la energía generada, ni tampoco de la situación de las empresas Edenor y Edesur, los fondos percibidos en los últimos años y su carácter. Por el contrario, el ajuste de shock implementado no garantiza en absoluto un mejor servicio por varios años, ni una modernización de la regulación y del sistema eléctrico. Esta inconsistencia se hubiera solucionado con un sistema de gradualidad.

Finalmente, no se conoce un plan de las inversiones que requiere el sector eléctrico, tampoco del energético, que suponga avanzar hacia la modernización del país con una creciente participación de la industria nacional. Por el contrario se han paralizado las obras energéticas  ya iniciadas y las que estaban por comenzar.