Para sentar su posición, Malinow transcribió el Punto 10 del documento  “Desarrollo del Sector Hidroeléctrico Argentino”, elaborado por el Instituto de Energía y la Academia Nacional de Ingeniería, presentado en noviembre de 2015, en el cual se plantea la “Conveniencia de Contar con un Ámbito Específico de Gestión Dentro del Estado”.

Extracto del documento

Las presas y embalses comprenden las grandes estructuras ingenieriles, por ello cada proyecto tiene una problemática muy particular por la cantidad y complejidad de los estudios a desarrollar hasta alcanzar un nivel de conocimiento y de certezas aceptables para proceder a su construcción (investigación hidrológica, sísmica, geológica, geotécnica, socio-ambiental, métodos constructivos, materiales disponibles, etc.). Todo este proceso puede requerir un período prolongado desde la concepción de la idea hasta la puesta en servicio de la obra.

No hay dudas de que es el Estado el que debe tomar a su cargo la revisión y actualización de los estudios y proyectos hidráulicos de usos múltiples en cartera, afirmación basada en que después del proceso de privatización de la década del ’90 ningún inversor privado demostró interés por el tema. Dado que al Estado le corresponde elaborar la planificación de la energía a corto, mediano y largo plazo, cabe entonces la necesidad de definir una Política de Estado que promueva la construcción de presas con sentido estratégico en el marco de un plan de desarrollo nacional y regional.

En un proceso racional para la elaboración de un programa que apunte a la solución integral de la oferta eléctrica, aprovechando la experiencia del pasado en materia de construcción y explotación de grandes obras hidroeléctricas, surge conveniente recrear un ámbito específico desde donde se gestione todo lo inherente al desarrollo de proyectos hidroeléctricos, a tal fin se podría pensar entonces en organizar el funcionamiento de una agencia autárquica que se dedique a la problemática.

La Agencia Federal de Energía, como ya fuera propuesto anteriormente por la Academia Nacional de Ingeniería entre sus principales funciones debería tener a su cargo: conformar el Catálogo de Proyectos Hidroeléctricos; actualizar y completar un “Manual para la Estimación de Costos”; elaborar un “Manual de Procedimientos para la Evaluación Ambiental”; realizar la planificación de corto, mediano y largo plazo del Sector Hidroeléctrico; desarrollar los estudios básicos y de diseño para actualizar los proyectos existentes; promover la concreción de aprovechamientos hidroeléctricos binacionales; licitar su construcción y adjudicar su ejecución; coordinar con las administraciones provinciales la aplicación de la política nacional de generación hidroeléctrica.

Es también que a través de esta Agencia que las Provincias con recursos hidroeléctricos quedarán integradas a la elaboración del programa de obras y donde podrán velar por que otros usos del recurso hídrico, de gran impacto para las economías regionales, sean ponderados de un modo equitativo.

Sólo considerar la gestión de los proyectos de más de 30 MW de potencia instalada en cartera, requerirá de inversiones importantes tanto para poder realizar la revisión de los estudios e investigaciones de los emprendimientos hidroeléctricos, así como para captar y mantener los recursos humanos calificados para poder llevar adelante su realización (licitar, evaluar ofertas y adjudicar los trabajos, evaluar los resultados obtenidos, etc.).

A ello se suman las obras hidráulicas (presas, embalses y obras complementarias) actualmente concesionadas por el Estado Nacional, que habrá que gestionar a la finalización de los Contratos de Concesión para volver a licitar su explotación por privados, privados/públicos o públicos se-gún la política que rija entonces”.

Seguidamente en las dos primeras recomendaciones se expresa:

“- El Plan de Construcción de Obras Hidroeléctricas debiera convertirse en una POLITICA DE ESTADO, estableciendo compromisos ciertos de inversiones en el Presupuesto Nacional, alejados de toda influencia política circunstancial. Surge conveniente a tal fin recrear un ámbito específico dentro del Estado, por caso una Agencia Federal, desde donde se gestione todo lo inherente al desarrollo de proyectos hidroeléctricos.

– Concretar un plan de obras hidroeléctricas como el que se propone en el presente documento implicará para Argentina un esfuerzo técnico, económico, financiero y de gestión importante, que obliga a tratar el tema cuanto antes y dentro de una planificación energética global de largo plazo. De materializarse, ello sin dudas redundará en un positivo efecto macroeconómico con un fuerte impacto en la economía del país y de la región donde se implanten los proyectos, por la incorporación de nuevas fuentes de trabajo con gran demanda de insumos de origen nacional, personal técnico calificado y mano de obra intensiva”.