Acolgen plantea mejoras a los contratos de la nueva subasta de energías renovables en Colombia

Natalia Gutiérrez Jaramillo, Presidente Ejecutiva de la asociación de generadores de Colombia, advierte que, ante esta situación de inestabilidad, tanto mundial por la pandemia como local por situaciones particulares del país, el Gobierno debería conceder contemplaciones frente contratiempos externos para la tercera subasta de energías renovables que está llevando a cabo.


Sin dudas, uno de los principales retos de los adjudicatarios de la pasada subasta de largo plazo de energías renovables fue obtener los permisos necesarios para iniciar construcción.

Esa situación está generando que, en el mejor de los casos, las primeras centrales de los 1.365 MW eólicos y solares seleccionados ingresen en operaciones entre el segundo y tercer trimestre del 2022, siendo que la fecha de puesta en operación estaba prevista para enero de ese año.

Natalia Gutiérrez Jaramillo, Presidente Ejecutiva de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen), advierte que, para esta tercera convocatoria, será oportuno que el Ministerio de Minas y Energía establezca algunas contemplaciones ante contratiempos que no tengan que ver estrictamente con los proyectos.

En una entrevista para Energía Estratégica, la dirigente se refiere a este tema, además de analizar las nuevas condiciones de la subasta.

¿Cuál es su opinión sobre los Pliegos definitivos de la subasta?

En primer lugar, desde la Asociación queremos resaltar la celeridad con la que vienen trabajando el Ministerio y XM para dar cumplimiento con el cronograma definido en los pliegos.

Contar con tiempos suficientes para los análisis de requerimientos resultará en mayor participación de agentes, contribuyendo así a una formación de precios eficientes dentro de la subasta.

Por otro lado, consideramos que algunos de los cambios realizados en la consulta de los pliegos contribuyen a la eficiencia y transparencia del mecanismo de contratación.

Específicamente, creemos que contar con los factores de capacidad para los proyectos les permitirá a los agentes construir una oferta integral, previamente a la entrega de los documentos que posibilitan la participación.

Asimismo, el ingreso de la demanda objetivo en la plataforma antes de la presentación de ofertas de los agentes es una señal muy positiva de transparencia para el sector.

No obstante, tenemos algunas observaciones sobre los pliegos y condiciones base que persisten desde la anterior subasta. Para citar un ejemplo, consideramos pertinente que el Ministerio acompañe a los agentes para que la firma de contratos se realice entre agentes debidamente constituidos y registrados ante el sistema, evitando así riesgos de cumplimiento y permitiendo la aplicación de todo nuestro marco regulatorio.

Finalmente, es de vital importancia tener en cuenta el tratamiento de hechos de terceros, fuerza mayor y caso fortuito que establece la minuta del contrato, para que los agentes generadores puedan tener control sobre la gestión de riesgos.

Es clave tener en cuenta estos nuevos ingredientes en los contratos de generación como lo hacen en todos los contratos de infraestructura en el mundo, lo que se traducirá en que los inversionistas se sientan tranquilos y seguros para continuar apostándole a Colombia.

Desde la Asociación destacamos que, ante las nuevas realidades coyunturales del país, este aspecto es de vital importancia tanto para la tercera subasta de contratación de largo plazo, como para los proyectos de generación que se vienen desarrollando en el país.

¿Cuáles cree que serán los principales desafíos de quienes resulten adjudicados?

Con las nuevas realidades del país, dentro de las cuales se destacan la construcción de proyectos en medio de una pandemia, la evolución de la reactivación económica y la afectación de gran escala que causó el Paro Nacional, el principal reto que tendrán los proyectos adjudicados en la subasta será entrar en operación en los tiempos establecidos.

Destacamos que la entrada en operación de proyectos de generación requiere de esfuerzos coordinados de los agentes generadores, los desarrolladores de la infraestructura de transmisión y las instituciones de Gobierno a nivel nacional y regional.

En este aspecto, tienen vital importancia el licenciamiento ambiental y la consulta previa, dos pasos que requieren de la mayor celeridad posible para avanzar con las plantas de generación y la infraestructura de transmisión que posibilita su conexión al sistema.

Los avances que se presentaron con la recientemente sancionada Ley 2099 de 2021 son positivos, pero ahora deben materializarse a través de su debida reglamentación y aplicarse a los proyectos que vienen desarrollándose en La Guajira.

¿Cree que habrá apetito de la banca local por participar?

Desde la Asociación creemos en nuestro país, así como también creemos que el sector energético y la actividad de generación son líderes para el desarrollo sostenible de todos los colombianos. En este sentido, trabajamos constantemente para que a través de la confianza que se deriva de un marco político y regulatorio conocido, estable y discutido, se apalanquen nuevas inversiones, hoy aún más significativas dada la necesidad de reactivación económica tras la pandemia.

Por otro lado, es clara la tendencia internacional a la hora de considerar los proyectos de generación renovable no convencional (dada su madurez tecnológica, los precios competitivos que ofrecen y sus bajas emisiones) como una opción de inversión muy atractiva para la banca, fondos de inversión y agentes desarrolladores en general.

Ante este contexto, venimos trabajando para que el mecanismo de contratación del Ministerio cuente con el mayor interés y participación de todo tipo de agentes, logrando así asignaciones eficientes con los consecuentes beneficios para oferentes, demandantes y, finalmente, para el sistema.

El éxito de la subasta, en conjunto con los incentivos tributarios para nuevas tecnologías y servicios  (geotermia, hidrógeno, almacenamiento, AMI), implementados en la Ley 2099 de 2021, demostrarán que el país está listo para una transición energética en libre competencia, que mantenga la neutralidad tecnológica que ha caracterizado al sistema desde su constitución, cumpliendo las ambiciosas metas ambientales que se ha trazado el Gobierno, sin dejar de lado el desarrollo económico y la competitividad del país.

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