Chile atraviesa un cierre de fin de año en el que está latente la discusión por el desarrollo de los marcos normativos que permitan mayor incorporación y penetración de las energías renovables en la matriz energética, 

Bajo ese contexto, Ana Lía Rojas, directora ejecutiva de la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento (ACERA) planteó cuáles son los desafíos regulatorios que aún tiene el país trasandino, teniendo en cuenta que recientemente se aprobó la ley de almacenamiento y que hay una iniciativa legislativa para aumentar la participación renovable al 2030.

“Tenemos varias reformas pendientes que se han ido acumulando y actualmente estamos en una juguera donde hay reclamos de distintos actores”, sostuvo durante un panel de debate del evento virtual de Latam Future Energy. 

“Discutimos una reforma de flexibilidad que le iba a otorgar al sistema eléctrico la capacidad de adaptarse frente a una nueva realidad como la introducción de las energías renovables, pero quedamos en deuda. Y no fuimos capaces de cerrar y traducir en otras señales relacionadas al mercado de servicios complementarios, reconocimiento y atributos”, agregó. 

Y si bien finalmente salió la ley de almacenamiento, la especialista sostuvo que ésta no puede ser entendida como la respuesta a todas las demandas del sector eléctrico renovable y remarcó la importancia de seguir apostando por más medidas.  

¿Cuáles? Las principales cuestiones a las que apuntó refieren a mejoras en la disposición de potencia y suficiencia, la remuneración del mercado mayorista en un sistema eléctrico de alta penetración renovable y la definición del despacho, considerando que próximamente se incorporarán 2,8 GW renovables, en tanto que existen otros 5,8 GW en construcción y 29 GW aprobados. 

“En la medida que transitemos hacia un sistema más renovable, la presencia de costos marginales cero será cada vez más evidente en el sistema y es difícil pensar en la mantención y la sostenibilidad financiera de empresas que están permanentemente en un sistema de costos marginales cero. Es importante que los inversionistas entiendan cómo rentarán la capacidad de arbitraje, si existirá o no”, afirmó Rojas.  

“Y si a eso le agregamos la gravedad de los desacoples, vertimientos, relacionadas con las señales que requiere la transmisión para efectivamente desarrollarse en tiempo, en el territorio, acuerdo social, permisos, son discusiones que se tornan cada vez más importantes”, continuó. 

El futuro de las licitaciones

La Comisión Nacional de Energía (CNE) propuso, a mediados de octubre de este año, que para el 2023 se deberán llevar a cabo dos Licitaciones de Suministro para atender al mercado regulado, por un total de 5.200 GWh/año, por lo que abre nuevas oportunidades y expectativas para las renovables. 

Sin embargo, desde el sector esperan que no se repitan los magros resultados dados en la convocatoria del 2022 (sólo el 15% fue adjudicado) ni se den riesgos asociados a la alza de precios o a la suspensión de los contratos que se firmen, ya que se vieron casos de proyectos dados de baja a poco de haber iniciado el suministro. 

“Debemos mirar atentamente el proceso, porque [lo que asó anteriormente] son señales de un termómetro que está afiebrado.  Estamos pendientes del llamado de la CNE y esta apertura a las propuestas que llevemos, está enfocada en entender cómo evitar o mejorar señales para que efectivamente tengamos licitaciones con alto porcentaje de adjudicación, precios en línea de la tendencia a la baja y que, en el largo plazo, los contratos que se firmen no tengan el riesgo de caerse por infactibilidades en el mercado», manifestó la directora ejecutiva de ACERA.