Tiempo atrás Energía Estratégica te contó que Latinoamericana de Energía inauguró el Parque Solar Tamberías en San Juan, el cual posee una potencia instalada de 3,6 MW y confíaba en destrabar proyectos que fueron adjudicados en la segunda ronda del Programa RenovAr.

Es preciso recordar que la empresa fue adjudicada varios proyectos a lo largo de las convocatorias de la licitación pública, pero cuatro de ellos se encuentran en stand by por múltiples factores, los cuales son el Parque Solar La Pirka (100 MW), P.S. Ullum X (100 MW), P.S. Los Zorritos (50 MW), y el Parque Eólico General Acha (60 MW). 

Es por ello que este portal de noticias se contactó con Emiliano Cabaña, gerente general División Renovable de la compañía, para conocer la postura sobre las diferentes resoluciones gubernamentales que salieron para intentar darle continuidad a aquellos proyectos demorados por diferentes cuestiones. 

¿Cuál es la postura de la compañía frente a la Resolución 742/2021?

Resuelve el problema del vacío legal por causas de fuerza mayor (crisis financiera, default del país y Pandemia) para los proyectos que no consiguieron el COD. 

El monto original previsto por el PPA ubicaba posiciones de multas de USD 25.000.000 para un proyecto de 100 MW, lo que representa el 25% del costo de la inversión para un proyecto solar. Y esta nueva contempla la misma multa para los primeros 180 días y agrega 360 días más de prórroga con una baja prevista en aproximadamente USD 15.000.000, siempre y cuando antes de entrar en los 360 días se demuestra un avance de obra del 70%. 

De aquí surge el análisis que si me tomo los 180 días iniciales más los 360 días de la nueva prórroga debería abonar en la opción más benévola USD 60.000.000 lo cual comparado con la inversión para un parque de estas características hace del proyecto inviable. 

Se suma, además, para el caso de acogimiento la obtención de una fianza bancaria, que para ser otorgada por el banco requiere dejar en depósito efectivo la misma suma de dinero, con la indisponibilidad de que ello conlleva. 

¿Y en cuanto a las posibles medidas de un borrador que ha circulado y que involucra la rescisión de contratos? 

Hay que tener en cuenta que, las empresas que no consiguieron el cierre financiero, se debió a tres causales básicas que no se pueden ignorar: 

  • Crisis financiera del 2018, 
  • Default del País 2019/20; 
  • Pandemia que afectó y afecta la cadena productiva y la logística marítima aumentando los precios y plazos de entrega. 

Los costos de logística por 1 MW solar se incrementó en un mínimo de USD 100.000, para tener idea de la crisis en su totalidad. Y si vemos esta situación, que fueron todas sin excepción por causas ajenas a las compañía, que quedaron presas de la situación, la nueva normativa debería contemplarla.

Para el caso de la posibilidad de devolución, penalizarlas aparte de la inversión realizada en los desarrollos y el costo de las primas, es un absurdo. Los 17.500 USD por MW es un valor irrazonable.

Los que están en default con los proyectos, causado externamente, no podrán sumar estos costos a la ya perdida inversión que se realizó. 

¿Consideran que son acordes a las problemáticas que han enfrentado?

El borrador de la resolución que anda dando vueltas no está acorde a la problemática del sector. No es por culpa de las empresas la situación sucedida, porque además no hay inversión interna, sea bancaria o particular, que afronte las inversiones, son sólo del exterior. 

Para liberar los nodos es necesario facilitar la devolución de los proyectos, ya que el mercado actual no ha cambiado, que haga visualizar un contexto distinto en los próximos meses o inmediato plazo. Para eso se necesita que la devolución, tal como se hizo con el MATER, se devuelvan sin penalidad alguna. 

Si no prospera una idea generalizada y ecuánime, entiendo que irán todos por el juicio arbitral de los contratos.

Ya entrando meramente a los planes de Latinoamericana de Energía S.A. ¿Cuál es la idea o próximos pasos ante estos parques que fueron adjudicados en las licitaciones? 

La compañía se encuentra trabajando activamente para lograr su construcción y cumplimiento, a la espera de cambios en la macroeconomía y en particular, la del sector energético de renovables.